Comunidad de Madrid
Los blindajes de Ayuso en Madrid para impedir la entrada de las políticas de Sánchez
La fiscalidad, la educación y el libre mercado son algunas de las batallas que el Gobierno de la Comunidad libra contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez
La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene como objetivo principal convertir su región en un oasis que permita a los madrileños esquivar las políticas de Pedro Sánchez. Isabel Díaz Ayuso se ha situado al frente de un modelo combativo que la ha convertido en el foco de la crítica de la izquierda y que se vio intensificado desde la llegada del coronavirus, cuando la líder del Ejecutivo en Madrid defendió sus medidas por encima de las imposiciones del central.
Autonomía financiera
El Gobierno de Madrid impulsó hace dos semanas un anteproyecto dirigido a salvaguardar su autonomía financiera tanto desde la vertiente de los gastos como de los ingresos.
Dicha medida supondría obligar a la Asamblea de Madrid y a otros órganos superiores a utilizar los mecanismos a su alcance para, haciendo uso de leyes nacionales o internacionales, protegerse ante cualquier mandato «que infrinja la corresponsabilidad fiscal».
La ley regulará la autonomía de ingresos para manejar sus propios tributos, los recargos sobre impuestos estatales y los cedidos por el Estado. Además, Ayuso se ha comprometido a informar a los ciudadanos del destino final de su aportación.
Cabe recordar que Madrid no tiene impuestos propios ya que el Ejecutivo madrileño suspendió los dos últimos que quedaban vigentes.
Ley de Educación
La educación es otro de los apartados donde la presidenta prefiere que las políticas de Sánchez no entren. Los cambios que supone la Ley Celáa no convencen al Gobierno madrileño, que aprobó con el apoyo de Vox su propia Ley Maestra de Educación.
Esta Ley dispone que la Comunidad «garantiza el derecho a la educación básica y gratuita y posibilita la libertad de elección de centro docente en el marco de la programación general de la enseñanza».
Así, mientras que la LOMLOE elimina la «demanda social» como elemento a tener en cuenta en la elección del centro, la Ley Maestra garantiza esta libertad «mediante el establecimiento de criterios que no limiten la admisión por lugar de residencia». Además, esta norma también puntúa otras circunstancias familiares.
Por otro lado, la Ley Maestra señala que «goza de especial trascendencia la libertad de las familias para elegir el tipo de educación y el centro escolar de sus hijos, por lo que supone en cuanto a la admisión de los alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, ya sean públicos o privados concertados».
Ley de Mercado Abierto
Esta misma semana, el Gobierno de Ayuso ha aprobado una ley para que Madrid se convierta en la primera región española en la que las empresas y los operadores económicos puedan instalarse sin la necesidad de pedir permisos o licencias extras a las que ya tenían en su lugar de origen.
Las previsiones que el equipo regional maneja aseguran que la aplicación supondrá el aumento del PIB madrileño en un 1,6 %. Esto se traducirá en una creación de riqueza correspondiente a 4.000 millones de euros al año. Además, contribuirá a la creación de 50.000 puestos nuevos de trabajo.
Esta ley recoge, además, el compromiso del Gobierno madrileño de suprimir regulación propia en aquellos casos en los que los requisitos de acceso a la actividad sean mayores que los de otras comunidades autónomas.
Batallas en pandemia
La presidenta de la Comunidad de Madrid defendió la importancia de equilibrar los asuntos sanitarios con los económicos durante la pandemia. Este aspecto le enfrentó de manera directa con el Gobierno de España, que intentó en múltiples ocasiones imponer restricciones a la comunidad autónoma por encima de lo que hacía en otras.
Un ejemplo de ello ocurrió durante la desescalada. Ayuso acusó Sánchez de aplicar criterios políticos y no técnicos para denegar en dos ocasiones el cambio de fase a la Comunidad de Madrid. De hecho, el Gobierno de Madrid llegó a recurrir al Tribunal Supremo para exigir que se aclarasen las razones para ello.
La exigencia de pruebas PCR a los viajeros procedentes de los países más afectados por el coronavirus en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas o la autorización para hacer test de antígenos en las farmacias de la región fueron otras de las demandas que Ayuso realizó al presidente que denegó concederlas, pero más tarde aprobó como propias.
Además, la construcción del Hospital Isabel Zendal también disgustó a la izquierda, que atacó al Gobierno de Madrid por el gasto que la instalación supuso.
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