José Luis Ábalos y Salvador Illa, en una imagen como ministros del PSOE
De Ábalos a Salvador Illa: el caos en la compra de material sanitario que afectó al PSOE
A pesar de los excesos cometidos (adquisición de productos defectuosos a un precio elevado o contratación de empresas sin experiencia en el sector sanitario) es improbable que tengan recorrido penal
Casi con la misma contundencia que las distintas olas de la pandemia, el embudo en la compra de material sanitario golpeó a los gobiernos –sin distinción de siglas– en los meses más crudos de la enfermedad. La crisis de oferta que hubo, sumada a la urgencia médica, convirtió la adquisición de mascarillas o test en una odisea en la que, como en las guerras, «valía» casi todo.
Al calor de la pelea en Génova, Más Madrid y PSOE han acudido a la Fiscalía para que investigue a Isabel Díaz Ayuso por presunta corrupción. Alegan que la presidenta de la Comunidad de Madrid habría cometido «tráfico de influencias», «cohecho» y «malversación de caudales públicos» al autorizar que la administración firmara un contrato con su hermano, Tomás Díaz Ayuso.
Sin embargo, prácticas como estas (que según los expertos consultados por este periódico carecen de recorrido judicial) han llevado la marca del Partido Socialista en numerosas ocasiones. Y seguramente sin tanto revuelo.
Resurrección gracias a Ábalos
A mediados de julio de 2021, Vozpópuli publicaba cómo la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L. pasó de no tener ingresos a facturar 53 millones de euros por obra y gracia, entre otros, del ministro Ábalos. El entonces titular de Fomento encomendó a esta compañía de apenas cuatro empleados el suministro de mascarillas.
¿Cómo es esto posible? Pues gracias a contratos públicos de emergencia. «En los procedimientos de urgencia lo que hay es una compra directa, no hay mesa de contratación, se suprimen procedimientos...», explica Carlos Pérez del Valle, profesor de Derecho Penal. «Lo más normal son los contratos abiertos, pero la propia ley de contratos prevé celebrar contratos que llaman negociados, restringidos –coincide Alejandro Corral, experto en Derecho Administrativo–. Es decir, tú mismo eliges a quién invitar a ese contrato».
Algo parecido ocurrió con el entonces ministro Salvador Illa, responsable último de la compra de material antes de que Pedro Sánchez le aliviara poniéndole como candidato a las elecciones en Cataluña.
Empresas sin dirección
En los primeros meses de la pandemia, Salvador Illa firmó contratos por cientos de miles de euros con compañías quea veces carecían de experiencia alguna en el ámbito sanitario. En otra ocasión, por ejemplo, encargó la compra de hisopos para test de coronavirus a una compañía –llamada MJ Steps– de la que no se conocía ni su dirección ni la provincia donde estaba asentada.
Imagen del BOE donde se muestra el pago de 4,3 millones de euros a una empresa de procedencia desconocida
A pesar de esta circunstancia, los expertos consultados tampoco ven ilegalidad en dicha maniobra. Casi todo queda justificado por la situación de extrema necesidad que se vivió en aquellos días, y que es la misma que afectó a la Comunidad de Madrid y al hermano de su presidenta. «Imagina que una empresa te está proporcionando productos de China por un motivo completamente distinto», argumenta Alejandro Corral. «Tú contactas con ella por si tiene contactos en China o por si te puede asesorar o ayudar a conseguir mascarillas. Esto está dentro de los contratos típicos que pueden celebrar las administraciones públicas».
Es poco probable que los excesos cometidos durante la compra de material sanitario tengan recorrido judicial
Casos como estos respaldan la información publicada por este periódico según la cual los juristas desmontan los contratos del hermano de Ayuso. «Los contratos en el sector público son una materia supercomplicada», concluye Corral. Hay un montón de gente fiscalizando siempre. Está la intervención general del Estado, el Tribunal de Cuentas... Por lo que cualquier error va a saltar inmediatamente. Me cuesta mucho creer que el Gobierno de Ayuso, con los antecedentes que tenía, cometiera un error de estas características, aunque fuera en plena pandemia, porque hay mucha gente fiscalizando esto».
«Como jurista, lo que no tiene sentido es llevar esto al derecho penal», comenta sobre el caso de la presidenta. «Que lo saque el propio partido como una cosa interna y se quiera ya judicializar me parece terrible. Yo le veo poco recorrido, pero esto es una opinión personal».
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