La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Crisis Partido Popular
El embrollo jurídico que ha abierto la encarnizada batalla interna del PP
Los fiscales han pedido a Dolores Delgado, titular del Ministerio Público, que se abstenga de intervenir en las causas que puedan afectar al futuro judicial de Isabel Díaz Ayuso en el Supremo
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Corren malos tiempos para el Partido Popular. Tras el tsunami político, que ha dinamitado la formación todavía presidida por Pablo Casado, ha llegado la entrega judicial de una polémica que se basa en «contratos legales», según la postura defendida en los últimos días desde la Comunidad de Madrid. Pese a que el Ejecutivo madrileño descartó iniciar acciones contra Génova por el presunto «espionaje» a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el fantasma de la revelación de secretos planea sobre Casado y su segundo, Teodoro García Egea. No en vano, fuentes próximas al empresario dueño de la sociedad adjudicataria del suministro de mascarillas, Priviet Sportive SL, con el que colaboró el hermano mayor de Díaz Ayuso, Tomás, apuntan a una posible demanda por esta razón que podría materializarse en los próximos días.
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Era el propio Pablo Casado quien, en una entrevista radiofónica, reconocía que le habían llegado a la sede nacional de los populares, datos sobre las presuntas «irregularidades» cometidas por la líder del Ejecutivo madrileño, en los contratos de «urgencia» de la Comunidad de Madrid durante los meses más aciagos de la pandemia del coronavirus, en marzo de 2020. Si bien, Casado aseguraba, acto seguido, que no tenía pruebas.
Si la cúpula del PP manejó un «dossier» con datos personales del hermano de Díaz Ayuso, obtenidos de entidades públicas o privadas -a los que salvo una orden judicial no podría accederse con una finalidad diferente de aquella para la que fueron empleados-. está todavía pendiente de explicaciones. En un plano legal, y a juicio de algunos de los expertos consultados por El Debate, «el delito de revelación de secretos tiene un encaje difícil en esta cuestión porque se exige una interceptación o apoderamiento» de documentos de una persona sin su consentimiento.
Si Casado dispuso de datos bancarios y fiscales de un tercero «podría haber incurrido en una falta de tipo administrativo en base a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), pero la revelación de secretos se diluye bastante, excepto para quien se hubiese descargado la información. No sirve una mera consulta de los mismos, para contársela o si quiera entregársela» al presidente de los populares.
¿Tráfico de influencias?
Por su parte, la propia Díaz Ayuso, ha sido denunciada ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, en su condición de aforada, como presunta autora de un delito de tráfico de influencias. La oposición política madrileña decidía judicializar el caso bajo la premisa de saber si la presidenta madrileña y su hermano mayor, Tomás, se ajustaron a la ley en la compra de mascarillas a China adjudicadas a la empresa de un amigo de la infancia. Y esto pese a que, hasta la fecha, ni uno solo de los 17 intentos anteriores, por los negocios de su familia -en dos ocasiones- y por la gestión de su Gobierno durante la crisis sanitaria, han prosperado.
Crisis en el Partido Popular
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Bajo la lupa, las cuatro facturas que Tomás Díaz Ayuso giró a la empresa Priviet Sportive SL. Unos documentos que no han visto todavía la luz ya que la presidenta madrileña considera que se trata de «un asunto privado» de su hermano, comercial del sector sanitario desde hace más de veintiséis años, que sí ha reconocido que facturó 55.850 euros más IVA por las gestiones realizadas para conseguir el material -mascarillas FPP2-3- en China y su posterior traslado a Madrid.
El PSOE avanzó responsabilidades penales para Díaz Ayuso y ha pedido a la Fiscalía que investigue el contenido de las facturas y aclare si el monto total de las intermediaciones de Tomás se aproximó a los 286.000 euros que aseguró, en un primer momento, el presidente de su partido. Los socialistas creen que el empresario amigo de la familia de la mandataria madrileña pudo usar a la empresa adjudicataria como tapadera para ocultar su presencia en la operación comercial. La realidad es que, según la opinión de varios juristas consultados por El Debate, un tráfico de influencias «es díficil de probar, en la práctica, salvo que se disponga de un 'pinchazo' telefónico autorizado por un juez».
Una eventual imputación
Sea como fuere, en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la sensación es que la Dirección Nacional del Partido Popular -que ha postpuesto las decisiones sobre la formación hasta el próximo lunes, convocado el Comité Ejecutivo Nacional- fía el éxito de su estrategia a una futura y eventual imputación de Isabel Díaz Ayuso por presunta corrupción.
Un escenario donde planea la alargada sombra de la fiscal general del Estado, la socialista Dolores Delgado, a quien los fiscales ya han pedido que se abstenga de intervenir en la cuestión.
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