07 de octubre de 2022

Jorge Fernández, Universidad Francisco de Vitoria

Entrevista al portavoz de AJFV

Jorge Fernández: «A veces hay que enfrentarse a la mayoría para hacer Justicia y proteger a la minoría»

El portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y magistrado en Jerez de la Frontera, analiza para El Debate los principales problemas a los que se enfrentan jueces y magistrados en España

Jorge Fernández Vaquero (Avilés, Asturias, 1975) tuvo su primer destino como juez fue en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Castro Urdiales (Cantabria). En 2008 pasó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), con competencia en materia de Violencia sobre la Mujer, del que se ocupó hasta 2011, fecha en la que ascendió a la categoría de magistrado. Desde el año 2015 su plaza está en el Juzgado de Violencia sobre la mujer de Jerez (Cádiz) del que es titular.
¿Cómo ve la Justicia? ¿Cuáles crees que son sus debilidades y qué crees que puede hacerse para mejorar las cosas?
–Ahora mismo veo la Justicia con preocupación porque sus males endémicos no se solucionan. Y, además, hemos entrado en una etapa en la que se están añadiendo otros que son más de fondo y más graves porque tienen que ver con el deterioro institucional que, en general, está viviendo este país.
¿Cuáles son esos males endémicos?
–El problema endémico de la Justicia en España es que nunca ha sido considerada como un auténtico Poder del Estado por los otros poderes, que son el Ejecutivo y el Legislativo. No se trata de que los jueces, cuando dictan sentencias, deban de ocupar una posición preponderante, pero sí basada en la independencia para servir de contrapeso a los otros dos poderes que a su vez tratan de controlarlo. Esto es un juego de equilibrios que sólo puede funcionar si cada uno de los poderes está en su lugar. Y el Poder Judicial, históricamente, no ha tenido la posibilidad de ocupar plenamente el papel que le corresponde.
¿Quiere decir que ha estado supeditado a los otros dos?
–Siempre lo ha estado. Básicamente por dos vías. La primera por la indigencia material. Es decir, el Poder Judicial no tiene mecanismos autónomos para dotarse a sí mismo de los medios que necesita para desempeñar su función, sino que depende siempre de la disposición presupuestaria del Gobierno. Para mejorar esto sería necesario abordar una serie de reformas que pueden conllevar un esfuerzo de gasto suplementario y eso, nunca hay nadie que esté dispuesto a reconocer que no lo hace. La segunda, por el intento constante de controlar la Justicia, su politización.
Sobre esa politización... ¿podría mejorar si los jueces eligen a sus propios representantes y el CGPJ tuviese, además, dotación presupuestaria propia?
–Sería un paso importante que el Consejo General del Poder Judicial gestionara su propio presupuesto en materia de Justicia, si fuese lo suficientemente amplio como para poder garantizar que el Poder Judicial desempeña sus funciones debidamente. Es decir, desde la posición constitucional que le corresponde, sin estar dependiendo de que otros asuman esa función. Pero, antes hay que renovarlo, y éste es un problema manifiestamente ideológico, público y notorio. El Partido Socialista siempre ha mantenido el sistema actual por posicionamiento ideológico. Consideran que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de Gobierno de un poder del Estado y tiene que ser nombrado por los parlamentarios y de ahí no salen aunque la constatación de ese modelo es que ha sido desastroso. El Tribunal Constitucional ya advirtió que daría lugar a un a unos peligros gravísimos de politización ya que los partidos, en lugar de hacer los nombramientos por consenso, lo hacen por reparto, que no es lo mismo.
¿Hay un plan para atacar de manera sistémica al Poder Judicial como garante de la igualdad, de la ley, de la libertad y del Estado de Derecho?
–Sí. Nosotros hemos confeccionado un documento en el que se demuestra que en los dos últimos años ha habido un salto cualitativo. Lo hicimos llegar a instituciones europeas porque es un tema que nos preocupa. Hay un aprovechamiento de cada ocasión para tratar de atacar cada cuestión judicial polémica o que puede dar lugar a debate público. Y una cosa es que se critique una sentencia y otra muy distinta dar el salto a que esta decisión se dé porque todos los jueces tienen una ideología de extrema derecha o franquista... en un momento en el que España está flaqueando y, ahora mismo, el único que está manteniendo más o menos la posición es el Poder Judicial.

Estamos viendo a miembros del Gobierno fomentar y alentar un discurso deslegitimador hacia el Poder Judicial

¿Está amparado por la libertad parlamentaria o por la libertad de expresión? Acusar a los magistrados del Tribunal Supremo de prevaricación?
–No lo sé. Desde luego, la libertad de expresión es máxima en el ámbito parlamentario. También debe serlo fuera para todo lo que tiene que ver con opiniones sociales y políticas porque los partidos tienen un papel esencial en una sociedad democrática. Pero existe la responsabilidad política, ya no la civil o la penal, de quien ocupa un cargo. El daño institucional que se causa con unas determinadas manifestaciones públicas que critican o bien personalmente a los jueces que han dictado sentencia o bien generalizadamente al sistema judicial, dando a entender que no es digno de respeto es, según la Comisaria de Derechos Humanos de la Unión Europea, una violación de los Derechos Humanos porque se está socavando la independencia judicial. Eso debe generar desde una respuesta política inmediata del presidente del Gobierno, hasta una reprobación parlamentaria o un cese.
El magistrado Pablo Llarena sufrió una persecución... ¿Quién protege a quienes nos protegen?
–Ahora mismo nadie. Por la desconfianza hacia el Poder Judicial que por prejuicios y por bases y por posicionamientos ideológicos no suficientemente razonados, la protección institucional como tal es endeble. Y el órgano que de verdad tendría que asumir esa defensa de una manera más proactiva que es el Consejo, no tiene un marco legal claro como para hacerlo. Tampoco ha sido especialmente contundente en según que situaciones a la hora de ejercer sus facultades. Y al estar en funciones situaciones como el que tenemos no tiene fuerza, ni credibilidad suficiente.
La Justicia no es lo que la mayoría decide. Y a veces hay que enfrentarse a la mayoría para hacer Justicia y proteger a la minoría. El juez tiene ese papel. Faltan medios para garantizar una protección mínima, suficiente para que ese ciudadano que va a ser arrollado tenga quien verdaderamente le proteja, con garantías.
A pesar de todo, sigue la vocación. ¿Por qué los jueces no quiere irse a Cataluña?
–Es una confluencia de factores. Tradicionalmente porque es un territorio con pocos opositores. Por otra parte, tenemos la circunstancia de que tiene un derecho civil propio y un idioma propio. Esto no es exclusivo de Cataluña. Pasa en otros sitios, por supuesto, pero lógicamente, ejercer allí implica aprender ese derecho, porque tienes que aplicarlo, y aprender la lengua también. Si sumas todo lo anterior al contexto social que se viene produciendo por el independentismo en los últimos años -que no es específico de la Justicia sino que es general de toda la sociedad- porque, al final, los jueces son personas con sus hijos, sus familias y tienen que ir a su casa y viven esa conflictividad social tanto en el trabajo como fuera de él, tampoco ayuda.
¿Son los jueces los nuevos señalados por los enemigos de España?
–Esto habría que preguntarlo a quienes los ven como enemigos. Sí que es verdad que en general las personas que desempeñan actividades que forman parte del ejercicio del poder público son la cara visible del Estado realmente. En ese sentido puede ser, pero como tantos otros que están en primera línea: policías, guardias civiles, ...
¿Cómo se explica que quienes han sido condenados a penas tan elevadas, como en el procés, no las hayan cumplido por razones políticas?
–Esto es una cuestión que ya excede un poco de la de las consideraciones que que corresponde hacer a los jueces. Realmente la facultad, la prerrogativa de conceder indultos, existe, está prevista en nuestra legislación y no es incompatible con la Constitución que de hecho la permite. No obliga a que la haya, pero la permite y es una potestad del Poder Ejecutivo. Es el Gobierno el que tiene que tomar esa decisión. Es cierto que el indulto es una institución que está pensada básicamente por razones de Justicia. Es decir, hay determinadas situaciones en las cuales la ley ha de ser aplicada, pero conduce a una situación que se percibe como injusta. Y ahí es donde el indulto tiene su pleno sentido. Y es cierto que el Gobierno no puede actuar de manera arbitraria usándola para algo para lo que no está pensada.

No nos corresponde a los jueces ni criticar ni elogiar ningún indulto de los que haya podido aprobar el Gobierno

¿Qué le pediría su tuviese delante a la ministra de Justicia?
–Dejando al margen la necesidad de recupee la confianza pública en el sistema judicial y la deslegitimación del Poder, hay otros problemas como que se está precarizado el acceso y el trabajo de los jueces jóvenes como si fuesen mano de obra barata. Yo pediría a Justica que comprendiese lo necesario que es acometer reformas en el sistema judicial, de nuestro estatuto profesional, porque es imprescindible para que seguir ofreciendo una respuesta a los ciudadanos con un mínimo de calidad que impida que sigamos cayendo escalones en los índices de calidad democrática.
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