Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat valenciana, en rueda de prensa posterior al pleno del Consell de 1 de abril de 2016
Tribunales
El juez que investiga a la Consejería de Oltra por encubrir los abusos de su exmarido alerta de que «las fechas no cuadran»
Mónica Oltra mantiene que tuvo constancia de los hechos el 4 de agosto de 2017 pero Fiscalía alertó a su departamento, sin respuesta, un mes antes
La directora general de Infancia y Adolescencia de la Consejería de Igualdad de la Comunidad valenciana, Rosa Molero, declaraba este miércoles ante la juez que investiga las presuntas irregularidades del Departamento que dirige Mónica Oltra para encubrir los abusos sexuales del que fuera su marido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, a una menor tutelada en un centro de la Administración Pública autonómica. Molero no sólo encubrió a la vicepresidenta valenciana, sino que para hacerlo, llegó a desmentir a la propia Oltra. El magistrado instructor escuchó la versión de la alto cargo -quien negó haber recibido órdenes- pero advirtió de las contradicciones cometidas en las fechas más relevantes de los hechos bajo sospecha.
La Fiscalía pidió directamente al Instituto Espill el informe encargado por la Comunidad valenciana sobre la niña, presuntamente abusada, sin éxito. La directora general ha respondido diciendo que, en aquel momento, este tipo de cuestiones no llegaban a su competencia porque se quedaban en el ámbito de la dirección territorial, algo que se subsanó, con un nuevo protocolo sobre abusos sexuales a menores, aprobado en septiembre de 2017. Casi tres meses antes de que se recibiese, según la versión oficial de Igualdad, el informe en el que se denunciaban los gravísimos hechos que afectaban al marido de Mónica Oltra.
Además, mientras el Ministerio Público ha acreditado que la primera notificación oficial dirigida al equipo de la vicepresidenta valenciana, y consejera de Igualdad de la Generalitat, sobre la denuncia contra su exmarido por abusos sexuales a una menor tutelada, fue de 6 de julio de 2017; la fecha institucional, no coincide.
El 6 de julio -un mes antes de la fecha del 4 de agosto que la propia Oltra reconoce- la Fiscalía ordinaria informó de la situación, preguntó por qué no se había dado traslado a la Fiscalía de Menores y no obtuvo ninguna respuesta. Pese a que estaban al tanto de la situación, ni el centro de menores, ni la propia Administración comunicaron los abusos porque, aseguran, el relato de la niña no era creíble.
Será el día 14 de julio y «ante la falta» de pronunciamiento de las instituciones cuando la Fiscalía envió un segundo requerimiento que tampoco obtuvo respuesta. El día 28, formalizada la denuncia del Ministerio Público e iniciado el procedimiento de investigación judicial, se dictó la orden de alejamiento.
Un mes más tardó Igualdad en contestar a las solicitudes de información, el 14 de agosto, una vez iniciada en sede de la Consejería que dirige Oltra la apertura de una investigación paralela. Las conclusiones de dichas pesquisas administrativas llegaron a la Fiscalía el 1 de diciembre de 2017: «No existe evidencia de la comisión de la conducta mencionada». Una afirmación que se apoya en el informe encargado por Igualdad al Instituto Espill, especializada en este tipo de casos.
Un protocolo anterior al informe
La propia Rosa Molero, directora de Infancia y Adolescencia de la Consejería de Igualdad, ha reconocido que no tuvo en su poder el informe psicológico completo, confeccionado por Espill a la menor, hasta 2019. En el año 2017, tan sólo dispuso de las conclusiones que la técnico jurídico que lo confeccionó, María José Navarro -quien declaró en sede judicial que se limitó a «cumplir órdenes» y lo elaboró a petición de sus responsables directos en la Generalitat- no dispuso de ninguna otra documentación.
Molero leyó el informe, lo analizó «y le parece todo correcto por lo que no tomó ninguna medida concreta a partir del mismo», apuntan fuentes próximas a la causa sobre su declaración de este miércoles. Una afirmación que ha extrañado al juez para quien, si no había nada irregular en lo expuesto en el documento, no se entiende, entonces, que confeccionasen un protocolo sobre abusos sexuales a menores, en el marco de la tutela de la Administración Pública, con posterioridad a dicho análisis, pero anterior a la recepción del dossier. Las fechas no cuadran. El protocolo se presentó en septiembre y el informe paralelo confeccionado ad hoc se remitió a la Fiscalía en diciembre.
«Si la justificación de hacer un protocolo de actuación en caso de abusos lo tienen ya en septiembre y dicen que lo activaron porque ya habían empezado a hacerlo y es a raíz de conocer el asunto del marido de Mónica Oltra cuando agilizaron el mismo, resulta un poco sorprendente que el protocolo sea anterior a la fecha del informe», ha confirmado la vicepresidenta jurídica de Vox, Marta Castro, a El Debate. El juez ha alertado en Sala sobre este tema y «ha quedado pendiente el cotejo de las fechas con Navarro, la responsable del dossier técnico-administrativo».
A juicio de la acusación que ejerce Vox, personado en la instrucción que sigue el Juzgado número 15 de Valencia, todos los altos cargos siguen «encubriendo» a Mónica Oltra «pese a que se enfrentan a posibles delitos y condenas muy graves por faltar a la verdad de lo ocurrido».
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