La magistrada madrileña Natalia Velilla, durante la entrevista
Cuestión de Inconstitucionalidad
Natalia Velilla: «Los hijos no son más de las madres que de los padres, la igualdad legal pasa por la coparentalidad»
La juez valiente que esta semana ha planteado al TC la inconstitucionalidad de imponer una sanción civil, la privación de visitas y contacto con los hijos, a los denunciados, sin condena, por violencia doméstica
Natalia Velilla, (Madrid, 1973) casada y con tres hijos es magistrada, licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y máster universitario en Derecho de Familia. Ingresó en la Carrera Judicial, por oposición, en 2002 y ha desarrollado su actividad profesional en diversos juzgados de Madrid y Alicante, incluyendo un período como letrada del Gabinete Técnico de la Sala Civil del Tribunal Supremo.
- ¿Por qué debe entrar el Tribunal en el artículo 94 del Código Civil? ¿Por qué ahora?
- No he elegido el asunto, el asunto me ha elegido a mí por sus características concretas. El Constitucional debe interpretar esta norma, sino declararla institucional, porque su redacción actual creo que contiene un automatismo que es incompatible con el ejercicio de la función jurisdiccional y con la capacidad de tener discrecionalidad a la hora de examinar el supremo interés del menor.
- Entonces, ¿no ha pensado realmente legislador en el superior interés del menor al redactar esa norma?
- El superior interés del menor es un concepto jurídico indeterminado que nos corresponde evaluar a los jueces. Por eso existen los jueces. Si fuese algo tan sencillo de delimitar, blanco o negro, no haría falta que existiese la Justicia. En la medida en la que la legislación limita al juez la posibilidad de valorar, de tener amplitud de miras, no se está protegiendo suficientemente ese interés del menor.
- ¿Hay denuncias para perjudicar al contrario en procesos de familia olvidando que el menor es el centro?
- Las denuncias instrumentales de cualquier tipo no se pueden evitar. Siempre existirán quienes usen la Justicia para sus propios fines sin pensar en los menores. El problema es que cuando a los jueces se nos permite menos discrecionalidad es más difícil el evaluar en qué caso nos encontramos. Cuanta más capacidad de decision tengamos, menos riesgo de que se dé pábulo a determinadas conductas. Hay que confiar en el Poder Judicial y en los recursos que permiten corregir los errores.
- ¿Con qué limitaciones legales se encuentra un juez de familia en su día a día?
- Tenemos una regulación en familia que es muy arcaica. La sociedad ha cambiado mucho y ahora mismo ya no es padre, madre e hijos, sino que hay nuevas parejas que se unen aportando hijos y esa relación entre 'hermanos'no está regulada, por ejemplo. Si los adultos se volviesen a separar los menores no tienen derecho a verse unos a otros. Es un ejemplo muy claro de cómo la familia no está bien regulada. Una de las reformas fundamentales es la modificación del artículo 96 del Código Civil que obliga al juez a atribuir la vivienda al progenitor que se quede con la custodia. Esto es fuente de todos los conflictos porque, al final, la gente no tiene dinero para mantener dos casas y se usa a los hijos para quedársela.
También deberíamos formarnos para explorar a los menores porque tenemos la obligación de escucharlos aunque, a veces, para ellos sea un trauma. Una sentencia que se base en lo que han dicho los menores es una sentencia errónea. Los menores no pueden tener la carga de lo que sucede a su alrededor. Puedes tener en cuenta lo que dicen o no porque, muchas veces, sus deseos no coinciden con el interés del menor.
- ¿El ideal es, entonces, la custodia compartida?
- En la medida en que el bienestar de los menores se da en uno de los domicilios o en los dos, puesto que se tiene en cuenta con quiénes conviven, la familia extensa, el colegio, su centro de amigos,... Porque, al final, los menores no son sólo sus padres.
Una sentencia basada en lo dicen los menores es una sentencia errónea. Puedes tener en cuenta lo que dicen o no porque, muchas veces, sus deseos no coinciden con su mejor interés y bienestar
- Volviendo a la casilla de salida... ¿habría planteado lo mismo si el caso fuese una mujer que denuncia a un hombre?
- Yo jamás podré presentar una cuestión de inconstitucionalidad en un caso de violencia de género. Estoy limitada a que sea violencia doméstica siempre: bien de que una mujer comete algún tipo de delito contra su pareja o bien de cualquiera de los dos progenitores que lo hacen respecto de los hijos comunes. Como ya he dicho no he elegido el caso sino que en éste, y en otros no, se han dado las circunstancias para suspender y plantear la cuestión.
¿Que exista una mayor instrumentalización por parte de las mujeres respecto de los hombres en familia...? Al final estamos asistiendo a una sociedad en la que los roles de género se están diluyendo para algunas cosas. Hay una mayor igualdad de la mujer en el mercado de trabajo, en la vida pública, pero en la familia sigue habiendo todavía una perpetuación de los roles tradicionales y cuesta romperlos. Hay cierta tendencia de determinadas mujeres a pensar que los hijos son más de las madres que de los padres, pero es que hay muchos padres que también lo piensan por inseguridades y yo creo que la custodia compartida -la coparentalidad, la corresponsabilidad en la crianza de los hijos- es el salto que tenemos que dar en la igualdad.
La magistrada madrileña Natalia Velilla durante la entevista grabada en la redacción de El Debate, marzo 2022
- ¿Cuál es el caso más complicado y la experiencia más amable que recuerda?
- Casos complicados, para mí, son aquellos en los que sabes que los menores no están bien ni con su madre ni con su padre, porque esto también sucede. Hay quienes lamentablemente no ejercen bien su su función como padres porque son progenitores que no son capaces de salir de sí mismos en beneficio de sus hijos. Son siempre muy difíciles porque entre la opción mala y la menos mala tienes que elegir la menos mala sabiendo que lo es.
Los amables... Me gustan mucho esos casos en los que, al final, los progenitores están en juicio y empiezan de repente a hablar y a ponerse de acuerdo solos, sin necesidad de los abogados.
- ¿Habría que invertir o apostar un poco más por la mediación prejudicial y el arbitraje?
- Por la mediación judicial pero también por los psicólogos y por los trabajadores sociales que gestionen las crisis. Hay muchos casos que llegan a los tribunales sin haber resuelto sus rencillas. El acompañamiento profesional por parte de expertos en familia que les orientan, «mira es que esto no es así», «es que esta manera de afrontarlo no es la correcta», «tendrías que ver un poco cómo se siente la otra parte»... haría muchísimo más fácil el trabajo de jueces y abogados.
- ¿Qué le falta a los jueces de familia para acabar de ser todo lo eficaces que deberían ser?
- Además de más juzgados y más medios, como en la Justicia en general, especialización. La especialiación de los jueces en Derecho de Familia es imprescindible . Y, por otro lado, es fundamental que se invierta en equipos psicosociales. En la mayor parte de los juzgados de España tienes equipos psicosociales que no pueden informarte hasta año y medio, dos años después... Eso es inútil porque en un año de la vida, de una persona de los 41 a los 42 no hay cambios. En un niño de los 7 a los 8 años, o de 12 a 13, el cambio es bestial.
- ¿Se pleitea más ahora que antes? ¿De qué modo ha afectado la pandemia?
- Ha sucedido algo bastante curioso durante la pandemia que no se ha estudiado pero yo sí que lo estoy detectando y me gustaría que, alguna vez, se pudiera llegar a evaluar. Y es que con ocasión del confinamiento ha habido muchas guardas y custodias de facto. Yo pensaba que iba a haber mucha más privación de ver al progenitor no custodio y fue todo lo contrario, se dio una mayor implicación de aquellos progenitores que no eran custodios que, al verse que eran capaces de cuidar de sus hijos, han empezado a pedir o incremento de las visitas o custodias compartidas. Es un punto positivo de la pandemia.
En los últimos años -y ya no tiene que ver con la pandemia, sino directamente con el cambio de la sociedad- hay una mayor judicialización de la familia. Ahora te encuentras muchísimos más conflictos de patria potestad. Antiguamente los padres se ponían de acuerdo para elegir el cambio de colegio, hacer la comunión o para el cambio de residencia. Y, ahora, para cualquier cosa están viniendo al juzgado.
- Se hacía usted eco estos días de una trágica noticia del fallecimiento en soledad de una madre y un hijo adulto enfermo mental, ¿cómo estamos en dependencia?
- Yo creo que fue un acierto la ley de Dependencia como concepto. El problema, como en muchas leyes que son buenas, bonitas, son respetuosas con los derechos fundamentales, protectoras de los más vulnerables,... es que requieren de una dotación presupuestaria detrás. La nueva reforma de los apoyos a las personas con discapacidad tiene claroscuros porque si es verdad que antes el llamado procedimiento de incapacitación daba lugar a muchas injusticias -en personas para las que era la muerte civil, convertirlas en menores de edad para toda su vida- ahora se ha pretendido desjudicializar completamente la discapacidad y, a la larga, te ahorras un juicio pero vas a tener que ir permanentemente a un juzgado para cada autorización.
La inclusión no se consigue a golpe de ley, como tampoco puedes convertir a alguien rubio en moreno por ley
Además, con esta ley se ha dejado desprotegidos a los más vulnerables que son las personas con una gran discapacidad. La ley está muy bien para personas con un retraso mental o un déficit cognitivo moderado o grave que pueden hacer cosas por sí mismas pero para esas personas que jamás en la vida han hecho ni harán nada porque tienen una gran discapacidad, tratarlos con el mismo rigor que al resto de personas con discapacidad... A mí me parece que están descargando en las familias, en los cuidadores, una mayor responsabilidad.
-Escuchándola, ¿por qué los legisladores no preguntan a los que se dedican a aplicar la ley todos los días antes de legislar?
- Yo también me lo pregunto. Se consulta a asociaciones, a colectivos que no van a los juzgados. En cuestiones jurídicas puras se tendría que tener más en cuenta el dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque su solicitud es preceptiva pero nunca le hacen ni caso o no le hace mucho caso; y, en su caso, tener unos gabinetes de expertos que sean personas que realmente están en el día a día, porque muchas veces es verdad que se consulta a personas que proceden de la Abogacía, de la Judicatura, de la Fiscalía pero que, seamos honestos, hace veinte años que no pisan una Sala de vistas.
- ¿Se ha equivocado el legislador suprimiendo la educación especial?
- La inclusión no se consigue a golpe de ley, como tampoco puedes convertir a alguien rubio en moreno por ley. La realidad es la que es. La inclusión pasa por la adopción de una serie de medidas de inversión y de concienciación de la sociedad que no existen hoy en día. ¡Si estamos con colegios en los que todavía, por ejemplo, las personas que tienen altas capacidades en extremo no están teniendo los apoyos educativos como personas con necesidades especiales!, como adaptar el currículum a sus características... sino todo lo contrario (en España se ningunea el talento). Una persona con altas capacidades está abocada al fracaso escolar hasta que consigue acabar sus estudios elementales. Cómo vamos a pretender que esto se traslade a algo que es todavía más difícil de acometer, obligando en un colegio ordinario a que acoja a personas que van en sillas de ruedas, a personas que no pueden soportar los ruidos estridentes porque se ponen muy nerviosos, llegando a golpearse, a personas que tienen trastornos, no solamente por discapacidad sino también asociados a trastornos de la personalidad...
Incluir no es poner a una persona en un espacio físico, sino darle todos los medios que necesita para alcanzar, dentro de sus capacidades, el máximo. Y eso no existe todavía. Entonces, por mucho que una ley diga que dentro de 10 años todo el mundo tendrá un colegio ordinario, lo único que estás consiguiendo es generar un desasosiego totalmente comprensible en las familias que no están viendo ninguna inversión y porque hay algunos casos en los que sus hijos jamás se van a poder integrar en una clase ordinaria.
- ¿Qué hacemos entonces para lograr un equilibrio entre la atención personalizada y una mayor inclusión?
- La inclusión de las personas con discapacidad es un tema totalmente educativo. No tenemos integrado nada. La discapacidad se concibe como algo ajeno, como como dar dinero ahora a Ucrania o a Siria o al hambre en África,... o sea, como algo que está ahí y que por hacer un donativo o por realizar determinados actos externos nos hace sentirnos mejor pero realmente no sabemos lo que es la discapacidad. Yo hablo de perspectiva de discapacidad y de que hay que fomentar esta perspectiva de discapacidad. Es un tema de pedagodía pura, de visibilizarlo hasta que nos cansemos de escucharlo. Y, ahí, ya podemos empezar a hablar de otras cosas. Cómo se puede pretender incluir a nadie si la gente no tiene esta perspectiva de inclusión.
- ¿Es impopular la enfermedad mental?
- Está estigmatizada pese a que es mucho más habitual de lo que la gente se imagina. Por enfermedad mental podemos hablar desde depresión o ansiedad, hasta esquizofrenia paranoide o bipolaridad... y hay una gran brecha económica en materia de salud mental. La salud mental es la gran olvidada para los políticos y todos los que gestionan la Sanidad. Estamos muy avanzados en algunas cosas, en Sanidad mental para nada.
Hay que fomentar esta perspectiva de discapacidad. Es un tema de pedagodía pura, de visibilizarlo hasta que nos cansemos de escucharlo. No se puede incluir a nadie si la gente no tiene perspectiva de inclusión
- ¿Tiene la sensación, entonces, de que cuando ordena un internamiento está poniendo un parche?
- Claro que es un parche. Tiene que ser así. Lo único que hace un juez es autorizar un tratamiento médico. Es el médico, por su propia autoridad, quien decide que esa persona tiene que estar ingresada y el juez ratificar que esa decisión es correcta y que esa persona no puede prestar su consentimiento. Son los propios psiquiatras quienes saben perfectamente que ingresa un paciente, le estabilizan y le tienen que dar de alta aún sabiendo que esa persona necesita un tratamiento de media estancia o de larga duración. Como los recursos son tan escasos, la gente sin recursos se va otra vez a su casa y ya hasta la siguiente.
- Mencionaba usted antes al CGPJ, ¿debería renovarse?
- Estamos ante la parálisis de un órgano constitucional, una situación completamente inclasificable e impropia de un Estado democrático. Que se renueve ya y, lo más importante, que se haga modificando la forma de designación de los cargos... absolutamente discrecionales y arbitrarios como lo son ahora. Hay una salida intermedia, elegir a los más independientes de los que ya están presentados. No es tan difícil. Renuncien los dos, PP y PSOE, a sus vocales de cabecera y escojan de entre el resto aquellos que son los que tienen mejor trayectoria profesional. Y, luego, si hay que hacer una reforma legal que se haga.
- ¿Está a favor de la crítica a las sentencias judiciales?
- Las sentencias judiciales no solamente pueden, sino que deben criticarse en un Estado democrático. Si queremos estar dentro de las democracias plenas del mundo la libertad de expresión, de opinión y de crítica a los poderes públicos deben estar sobre la mesa. Pero esta crítica debe ser jurídica, no ad hominem. Que determinados políticos o miembros del Ejecutivo o del Legislativo critiquen las resoluciones judiciales, no en cuanto a su contenido jurídico sino en cuanto al juez que las dicta, no es que sea malo para el juez criticado, es que es malo para la democracia. Estás generando una falta de confianza en el sistema, diciéndole a los ciudadanos que no pueden confiar en sus jueces y que sus jueces no aplican la ley, sino que aplican sus propios intereses. Si a los ciudadanos les quitas la confianza en las instituciones no les dejas nada.
- Hablando de confianza institucional, ¿qué decir de los escándalos que salpican a la Fiscal General del Estado?
- Yo lo lamento mucho por los fiscales porque la inmensa mayoría de ellos y todos los que conozco trabajan con total transparencia, con total dedicación y, desde luego, no están nada contentos con este tipo de movimientos. Todo lo que ha rodeado al nombramiento de Dolores Delgado ha estado cubierto de una pátina de oscura. Todo está hecho a medida para ella. La cuestión es que el Ejecutivo hace cosas que no debería... Yo creo que está viciado de base que pases de ser ministra de Justicia a fiscal general del Estado. A partir de ahí, de todo lo que sucede alrededor de Delgado ya no te sorprende nada. Se está acostumbrando a la sociedad, a un clima en el que ya no hay ni rebelión contra determinadas acciones.
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