El diputado Alberto Casero, en la 24 Interparlamentaria del Partido Popular, noviembre de 2018
Prevaricación
El Supremo acordará la declaración del diputado del PP que salvó la reforma laboral de Sánchez
Entre otras diligencias, el Alto Tribunal llamará al político señalado por prevaricar durante su etapa como alcalde de la localidad extremeña de Trujillo
Llaman a declarar al imputado, Alberto Casero, –el diputado del Partido Popular cuyo error en la votación telemática del Congreso salvó la reforma laboral de Pedro Sánchez– por presuntamente prevaricar durante la etapa en la que era alcalde de la localidad extremeña de Trujillo. El Supremo está pendiente de acordar las primeras diligencias en la causa que se sigue contra el que fuera número tres de Pablo Casado y Teodoro García-Egea en la antigua dirección del PP, entre las que estará la citación del propio investigado. Así lo han apuntado a El Debate fuentes conocedoras del caso.
El pasado 31 de marzo, la Sala Segunda de lo Penal del Supremo abría procedimiento contra el diputado popular para investigar las presuntas irregularidades que planean sobre varios contratos públicos adjudicados durante su etapa como regidor en un municipio de Cáceres y que podrían ser constitutivos de sendos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
No en vano, era la juez extremeña titular del Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo quien, en una amplia exposición motivada y tras indagar en la actuación de Casero –a instancias de la Fiscalía– decidía elevar los indicios sólidos que apuntaban a los supuestos desmanes de éste ante el Alto Tribunal, dada su condición de aforado. Bajo sospecha los acuerdos que el regidor habría suscrito con terceros, durante los años 2017 y 2018, «sin ajustarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos» para ello.
Los magistrados del Alto Tribunal llamados a decidir sobre la conveniencia de actuar, avalaban la propuesta del ponente, el juez Miguel Colmenero, y se dirigían formalmente contra el todavía diputado, por sendos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Manuel Marchena (presidente), Susana Polo, Vicente Magro y Juan Ramón Berdugo fueron los otros cuatro miembros de la Sala que consideraron procedente una eventual imputación del parlamentario por corrupción.
Así lo acordaron en un Auto en el que, además, se confirmaba que, siendo necesaria la investigación de estas actuaciones, procedía «asumir la competencia y acordar la incoación del oportuno procedimiento», siendo designado instructor, conforme al turno rotatorio establecido, el magistrado Andrés Palomo del Arco. A éste corresponde la formalización de la práctica de la prueba pendiente para impulsar un procedimiento que, por el momento, se ha limitado a avanzar en el cumplimiento de las cuestiones formales previas a la propia investigación del interesado.
Entre ellas, la remisión del suplicatorio al Congreso de los Diputados, en tanto que Casero sigue siendo aforado, para poder dirigirse penalmente contra él. Estas autorizaciones al Supremo, se estudian y tramitan en la Comisión del Estatuto del Diputado de la que, casualmente, el propio Casero es vicepresidente.
Se trata de una comisión parlamentaria de la que sólo forman parte un diputado de cada formación política y que preside el partido más votado. La actual presidenta es la socialista Adriana Lastra quien asumió el cargo tras abandonar la Portavocía del PSOE en el Hemiciclo.
Se aferra al escaño
El propio Alberto Casero confirmaba su intención de mantener su acta de diputado, una vez conocida la imputación del Supremo, pese a la investigación abierta contra él por los hechos que se le atribuyen y que podrían ser constitutivos de delito.
No obstante, fuentes populares apuntaron que cualquier decisión sobre su futuro, incluso una eventual dimisión forzosa, tendría que tomarla la recién constituida nueva dirección del PP con Alberto Núnez Feijóo como nuevo líder del partido.
Las mismas fuentes que confirmaban cómo tras conocerse su imputación y después de la salida de sus 'jefes' Pablo Casado y Teodoro García-Egea –grandes derrotados en la crisis interna por el espionaje a su compañera y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso– Casero ya había comenzado a despejar el despacho que todavía tiene en Génova, sede del PP, donde trabajaba a las órdenes directas del murciano, entonces secretario nacional de la formación.
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