El magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, y su compañero Juan Ramón Berdugo, a la derecha
Trribunales
Los cinco magistrados del Supremo que decidirán sobre la imputación del diputado del PP Alberto Casero
La Sala del alto Tribunal designada para conocer sobre la presunta malversación del que fuera la mano derecha de Teodoro García Egea, se reúne este martes para tomar una decisión
Está todo listo para que el ponente de la propuesta, el magistrado Miguel Colmenero, exponga a sus compañeros de la Sala Segunda –Manuel Marchena (presidente), Susana Polo, Vicente Magro y Juan Ramón Berdugo– los motivos por los que considera procedente una eventual imputación del diputado del Partido Popular Alberto Casero, bajo la lupa por varios hechos presuntamente constitutivos de corrupción. Los cinco magistrados de la Sala Segunda están llamados a deliberar esta mañana de martes sobre la concurrencia de indicios suficientes para actuar contra el político por sendos delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos, tal y como han avanzado fuentes judiciales a El Debate en primicia.
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A comienzos del mes de marzo, la Fiscalía del Alto Tribunal daba luz verde a los magistrados para dirigirse contra el parlamentario popular, el que fuera número tres de la formación durante la ya extinta época de Pablo Casado y Teodoro García Egea, por las irregularidades presuntamente cometidas por éste en su etapa al frente del Ayuntamiento cacereño de Trujillo.
Así lo estimaba el Ministerio Público en un informe redactado a petición de la Sala Segunda, tal y como avanzó El Debate, después de que la juez de primera instancia de la localidad elevara una exposición razonada a la Sala Segunda en la que pedía que se tomara declaración como investigado al diputado por Extremadura del PP y exalcalde de esta localidad, Alberto Casero.
El diputado del «error» telemático
El político saltó a la fama tras el «error telemático» que cometió en el Congreso de los Diputados por votar a favor de validar la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez. Las diligencias previas contra Casero se incoaron por la denuncia presentada por la Fiscalía a la luz del estudio de diversos contratos, acuerdos o convenios concertados por Casero como alcalde de Trujillo durante 2017 y 2018.
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Entendía la magistrada que podían existir «indiciaria responsabilidad penal» del diputado, aforado por ser diputado electo por Cáceres, según un pronunciamiento al que tuvo acceso íntegro El Debate y que ha llevado a la cita de este martes en la sede de la Sala Segunda del Supremo.
La titular del Juzgado número 2 de la misma localidad, la juez Patricia Gutiérrez, encargada de revisar la actuación de Casero en su etapa como alcalde, centró sus pesquisas preliminares en los acuerdos y convenios suscritos por el ahora diputado, en los años 2017 y 2018 cuando se encontraba al frente de la entidad municipal.
Una conducta que llamó la atención de la propia Fiscalía que, de oficio, arrancaba con la instrucción de una causa contra él, por un monto total que habría ascendido a 85.422 euros públicos distribuidos en media decena de documentos tramitados sin ajustarse, en lo más mínimo, al procedimiento administrativo previsto para ello.
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