Teodoro García Egea, exsecretario general del Partido Popular, y Alberto Casero, diputado extremeño
Tribunales
El Supremo imputa por prevaricación al diputado popular Alberto Casero, número 3 de Casado
El Alto Tribunal ha admitido la petición de una juez extremeña que apuntó al diputado popular por el uso presuntamente irregular de fondos públicos, durante su etapa como alcalde de la localidad de Trujillo
La Sala Penal del Supremo ha abierto procedimiento contra el diputado popular Alberto Casero, el que fuera mano derecha del ya exsecretario general del PP Teodoro García Egea, para investigar las presuntas irregularidades que planean sobre varios contratos públicos adjudicados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) que podrían ser constitutivos de sendos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. No en vano, la exposición motivada de la juez extremeña que investigaba, en diligencias previas, la actuación de Casero, a instancias de la Fiscalía y elevó la causa ante el Alto Tribunal -dada la condición de aforado de Casero- reflejaba cómo el entonces regidor habría suscrito acuerdos con terceros, durante los años 2017 y 2018, «sin ajustarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos».
Crisis del Partido Popular
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El ponente de la propuesta, el magistrado Miguel Colmenero, exponía este pasado martes a sus compañeros de la Sala Segunda–Manuel Marchena (presidente), Susana Polo, Vicente Magro y Juan Ramón Berdugo– los motivos por los que consideraba procedente una eventual imputación del parlamentario por corrupción. Los cinco magistrados de la Sala Segunda estaban llamados a deliberar sobre la concurrencia de indicios suficientes para actuar contra el político por sendos delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos, tal y como avanzaron fuentes judiciales a El Debate en primicia.
En un Auto que se ha notificado este jueves a las partes, el Supremo ha confirmado que, siendo necesaria la investigación de estas actuaciones, procede "asumir la competencia y acordar la incoación del oportuno procedimiento, siendo designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado Andrés Palomo del Arco.
Pagos sin control
Los citados actos de contratación realizados por Casero no se sujetaron, supuestamente, al procedimiento administrativo previsto para ello y comprometieron el pago de diversas cantidades sin comunicarlo al interventor del Ayuntamiento y sin recabar los informes previos necesarios, según prueba documental y testifical que incluye el Juzgado en su documento.
Caseró adjudicó, presuntamente, 85.422 euros públicos distribuidos en media decena de documentos tramitados sin ajustarse, en lo más mínimo, a la ley
Así -siempre según la exposición razonada de la juez instructora de primera instancia, el regidor popular contrató, en marzo de 2017, a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto. Y, en septiembre del mismo año, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un convenio comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el pacto fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Además, el todavía aforado habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, de manera unilateral y discrecional, según reza la exposición que añade cómo en junio de 2018 firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de otros 18.000 euros adicionales, asumiendo otros costes del evento a celebrar, sin seguir los cauces normativos previstos para este tipo de colaboraciones.
Alberto Casero contraró en 2018 a la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado; y, el 30 de diciembre del mismo año suscribió con Radio Interior SL un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo, en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería haberse licitado en procedimiento abierto.
De acuerdo con la Fiscalía
A comienzos del mes de marzo, la Fiscalía del Alto Tribunal daba luz verde a los magistrados para dirigirse contra el parlamentario popular, el que fuera número tres de la formación durante la ya extinta época de Pablo Casado y Teodoro García Egea, por las irregularidades presuntamente cometidas por éste en su etapa al frente del Ayuntamiento cacereño de Trujillo.
Así lo estimaba el Ministerio Público en un informe redactado a petición de la Sala Segunda, tal y como avanzó El Debate, después de que la juez de primera instancia de la localidad elevara una exposición razonada a la Sala Segunda en la que pedía que se tomara declaración como investigado al diputado por Extremadura del PP y exalcalde de esta localidad, Alberto Casero.
Más de 85.000 euros sin control
Entendía la magistrada que podían existir «indiciaria responsabilidad penal» del diputado, aforado por ser diputado electo por Cáceres, según un pronunciamiento al que tuvo acceso íntegro El Debate y que ha llevado a la cita de este martes en la sede de la Sala Segunda del Supremo.
La titular del Juzgado número 2 de la misma localidad, la juez Patricia Gutiérrez, encargada de revisar la actuación de Casero en su etapa como alcalde, centró sus pesquisas preliminares en los acuerdos y convenios suscritos por el ahora diputado, en los años 2017 y 2018 cuando se encontraba al frente de la entidad municipal.
Una conducta que llamó la atención de la propia Fiscalía que, de oficio, arrancaba con la instrucción de una causa contra él, por un monto total que habría ascendido a 85.422 euros públicos distribuidos en media decena de documentos tramitados sin ajustarse, en lo más mínimo, al procedimiento administrativo previsto para ello.
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