10 de diciembre de 2022

Inmigrantes amontonados en Nador tras la actuación policial

Inmigrantes amontonados en Nador tras la actuación policial

Fiscalía General del Estado

Delgado abre una investigación para aclarar las muertes de 23 inmigrantes en el asalto de la valla en Melilla

La titular del Ministerio Público ha firmado este mismo martes un decreto para encargar a la fiscal de Extranjería, Beatriz Sánchez, que inicie diferentes averiguaciones sobre lo ocurrido

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha puesto manos a la obra, sin dilación, para aclarar los hechos ocurridos en la valla fronteriza de Melilla -limítrofe entre España y Marruecos- el pasado día 25 de junio, en cuyo asalto murieron, al menos, 23 inmigrantes subsaharianos como consecuencia de la actuación de la Gendarmería del país alauita. Delgado ha encargado la investigación, tras el crecimiento de las críticas de varios miembros del Gobierno y de los grupos políticos de la oposición a las palabras del presidente Pedro Sánchez en las que calificaba de «éxito» la intervención de los agentes marroquíes para repelir la invasión. El comité de Naciones Unidas para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias instaba hace unas horas a los Ejecutivos de ambos países implicados en la tragedia a abrir «inmediatamente» una investigación «exhaustiva, independiente y transparente».
Así, y según han informado fuentes de la Fiscalía, a través de un comunicado oficial, Delgado ha firmado este martes un decreto para encomendar a la fiscal de sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, que inicie las pesquisaas necesarias para depurar responsabilidades en lo sucedido ante su «trascendencia y gravedad».

Al rescate de Sánchez

Con este movimiento de la fiscal general, Pedro Sánchez podría estar evitando una nueva comparecencia sede parlamentaria a propósito de las relaciones con Marruecos - en la nueva etapa teóricamente iniciada, tras la entrega del Sáhara Occidental- que, en esta ocasión tendría que versar sobre la tragedia registrada el viernes en la valla de Melilla que calificó como un caso «bien resuelto». Un episodio dantesco que no ha hecho sino aumentar la desconfianza de la oposición respecto a lo que encierra el giro copernicano del presidente con nuestros vecinos del flanco sur, desde que el pasado 18 de marzo el reino alauita informase, unilateralmente, de que España apoyaba su plan de autonomía para el Sáhara.
No en vano, los socios parlamentarios del Gobierno registraron, este mismo lunes, una petición en el Congreso para que el presidente dé explicaciones. Él y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En concreto, la iniciativa lleva la firma de ERC, Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís, de la llamada mayoría Frankenstein. Y, a mayores, las de Junts, la CUP y el BNG.
No así la de Unidas Podemos, aunque su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, presentó una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno impulsase una investigación independiente que, ahora, se ha consumado. «Estamos horrorizados. No ya como demócratas sino también como personas. España tiene que estar a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos», sostenía unas horas antes de conocerse el movimiento de la Fiscalía de Dolores Delgado.

A exigencia de la ONU

En un comunicado emitido este mismo martes, el comité responsable de la ONU ha condenado los incidentes registrados en la zona y ha recalcado que aún «se debe determinar si las víctimas murieron al caer de la valla, en una estampida o como resultado de acciones cometidas por guardias fronterizos». Así, los expertos pedían a los dos países «llevar a los responsables ante la Justicia» para «evitar que tragedias como esta se repitan» en el futuro.
Además, desde Nacionas Unidas se instaba a Marruecos, España y otros países de la Unión Europea a garantizar el respeto del derecho a solicitar asilo. «Estamos consternados por la muerte» de estos inmigrantes, «que intentaban cruzar la frontera en busca de una vida mejor en el marco de sus Derechos Humanos legítimos», recogía el texto.
El comité expresaba su «preocupación y tristeza por la tragedia». «Lamentamos las violaciones al derecho a la vida, que es enmarca en la Convención Internacional de los Trabajadores Migrantes. (...) Recordamos a los Estados» que los inmigrantes no deben "ser sometidos a ningún trato cruel, inhumano o degradante», añadían.
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