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28 de abril de 2024

Alvaro García Ortiz, nuevo fiscal general del Estado, con Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial

Alvaro García Ortiz, nuevo fiscal general del Estado, con Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder JudicialE

Ministerio Público

División en el CGPJ: siete vocales en contra de la «idoneidad» del sucesor de Dolores Delgado

El Pleno del Consejo ha suscrito, en una decisión mayoritaria pero no unánime, la elección de la mano derecha de la exsocialista como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, con anuncio de votos particulares

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reunido en Pleno -y fuertemente dividido- ha avalado la «idoneidad» de Álvaro García Ortiz, candidato propuesto por el Gobierno como sucesor de Dolores Delgado, tras su dimisión, para el puesto de fiscal general del Estado con siete votos en contra. El que fuera número dos de la socialista en el organigrama de la Fiscalía ha superado, así, el primer filtro del proceso legal previsto para acceder al cargo: el aval del del máximo órgano del Poder Judicial que, sin embargo, no le ha brindado un apoyo unánime. De hecho, se ha abierto una brecha en el seno del CGPJ, ya que siete de sus vocales han considerado que «no es idóneo» para el cargo.
La votación ha escenificado la división en el seno del Consejo tras los últimos intentos del Gobierno de controlar el Poder Judicial y el rechazo frontal de un amplio sector de los representantes de los jueces a su aparente falta de imparcialidad, no sólo por la lealtad y proximidad mostrada hacia su predecesora sino, también, por la afinidad manifiesta de García Ortiz a posiciones socialistas.
Los vocales María Ángeles Carmona, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart y José Antonio Ballesteros han expuesto una posición discrepante hacia el candidato del Gobierno para el cargo al frente de la Fiscalía General del Estado. A continuación puedes leer íntegro el voto particular de los siete vocales:
No en vano, horas antes de celebrarse el Consejo fuentes próximas al mismo advertían de que el exámen de García Ortiz no sería un «mero trámite» en el que los vocales se «limiten a constatar» que el designado «cumple los requisitos», sino un análisis pormenorizado sobre su adecuación objetiva para desempeñar un cargo legalmente reservado a los juristas de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.
La próxima parada de García Ortiz en su ascenso a la cumbre de la Carrera fiscal será el Congreso de los Diputados. El todavía candidato tendrá que comparecer, en los próximos días, ante la Comisión de Justicia parlamentaria que revisará, de nuevo, el perfil del elegido por Delgado para reemplazarla después de su salida por motivos, oficiales, de salud.
Con el accidentado plácet del CGPJ -doce votos a favor y siete en contra- se inicia el recorrido normativo –previsto «en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.1.4ª y 599.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial»– para que la elección sea definitiva y surta plenos efectos, una vez publicado el nombre del designado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El pasado socialista de García Ortiz

El 14 de diciembre de 2019, el entonces fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, participaba en un acto polìtico del PSOE de Galicia (PSdG). Se trataba de un laboratorio de ideas convocado por los socialistas gallegos en un hotel de Santiago de Compostela. Un pasado socialista que, de nuevo, vuelve a poner en duda la neutralidad del perfil elegido por el Gobierno para el Ministerio Público tras la dimisión de Dolores Delgado.
En aquel «mitin» cuya imagen recordaba El Debate, García Ortiz no participó a título personal sino a través de su cargo, según constaba en el programa con el que los socialistas gallegos invitaron a sus militantes a participar en el evento. Lejos de avanzar hacia la independencia de la Fiscalía, de acuerdo con las recomendaciones de los estándares fijados por Europa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez insistirá en un candidato de marcada afinidad política como nuevo fiscal general.
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