El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso
El ministro, en la picota
El sumario judicial de la deportación de menores marroquíes desde Ceuta cerca a Marlaska
La instrucción llevada a cabo por un juez ceutí apuntala la tesis de que el ministro del Interior dio la orden. El Gobierno se niega a hablar de un asunto judicializado
El Gobierno no sabe, no contesta. Y el ministro del Interior ha vuelto a desaparecer después de su fugaz reaparición, este lunes, para visitar la zona afectada por el incendio de Bejís junto a Pedro Sánchez y Ximo Puig.
El caso de los menores marroquíes que fueron deportados en agosto de 2021 después de haber entrado en Ceuta en la avalancha que había tenido lugar en mayo vuelve a acechar a Fernando Grande-Marlaska. Puesto que todas las pruebas y testimonios apuntan a que él dio la orden, días después paralizada por la Justicia (cuando ya habían sido devueltos varias decenas).
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, rechazó este martes hacer cualquier comentario al respecto porque el asunto está judicializado, y se limitó a exponer que el Gobierno «respeta las diligencias y trabajos» de la Justicia. También se felicitó de que, gracias a la nueva etapa en las relaciones entre España y Marruecos, esas entradas masivas ya son historia.
Sin embargo, el caso vuelve a martillear al titular de Interior después de que se haya publicado parte del sumario de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta. Sobre todo la declaración que la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, hizo ante la Fiscalía de Ceuta. Mateo es una de las dos imputadas, junto con la vicepresidenta ceutí, María Isabel Deu.
Mateo sostuvo ante el ministerio fiscal que la primera persona con la que habló fue Grande-Marlaska y que fue la Secretaría de Estado de Seguridad la que le informó de que se había llegado a un acuerdo para devolver a los menores, y que sería Marruecos quien los retornaría a sus familias, informa Europa Press.
El 10 de agosto de 2021, a las 14.45, la Secretaría de Estado de Seguridad envió un correo electrónico al secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta pidiendo que ejecutara la orden de inmediato: «Dada la importancia del asunto, se insta se proceda a cumplir lo previsto en el escrito desde hoy mismo», decía literalmente el e-mail.
Desde el Ministerio del Interior replicaron entonces: «Un correo sin firma y sin otra validez que el documento adjunto, en el que se comunica a la Delegación del Gobierno en Ceuta el visto bueno del Ministerio al inicio del proceso de retorno asistido de los menores». Aunque, en paralelo, Grande-Marlaska defendió la legalidad de las repatriaciones invocando el convenio que en marzo de 2007 firmaron España y Marruecos.
Sin embargo, el sumario de la causa seguida en un tribunal ceutí es un obús contra el ministro. En él también queda constancia de que, el 11 de agosto de 2021, en una reunión entre representantes de la Delegación del Gobierno en Ceuta, de la ciudad autónoma y de Marruecos, una funcionaria alertó de que las devoluciones ordenadas por Interior no tenían sustento legal alguno. Y de que no podía activarse el convenio con Marruecos (por primera vez desde 2007) sin desarrollar antes un protocolo de aplicación del mismo.
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