Pedro Sánchez junto a su perra Turca en la escalinata de La Moncloa
Las Cuatro Estaciones
Sánchez publica en el BOE el convenio con dos productoras para estrenar su 'reality' en año electoral
El lanzamiento de la proyección está previsto hacia la primavera de 2023 y podría coincidir con los comicios municipales previstos el próximo mes de mayo
El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado el contrato formalizado entre la Secretaría de Estado de Comunicación con las productoras Secuoya Contenidos y The Pooltm para el rodaje de una serie documental que «retratará el trabajo diario del presidente con el objetivo de difundir el funcionamiento de la Presidencia del Gobierno y de dar a conocer a los ciudadanos el proceso de toma de decisiones». El estreno de los dos capítulos de cuarenta y cinco minutos, con los que el Ejecutivo promoverá «Las Cuatro Estaciones» de Pedro Sánchez, está previsto hacia la primavera del próximo año, una fecha delicada por cuanto en mayo de 2023 los españoles están llamados a elecciones municipales en todo el territorio nacional.
Desde el Ejecutivo niegan que el reality show de Sánchez tenga «en ningún caso caracteres propios de propaganda o publicidad partidista o política» pero, al mismo tiempo, el texto del convenio suscrito para el formato -como «instrumento idóneo para trasladar a la sociedad las funciones y el quehacer diario de la Presidencia del Gobierno»- estima que de «manera primordial» en el contenido del mismo se abordará «el trabajo de la figura del presidente del Gobierno y su cometido diario». Esto es, la producción pivotará, en todo momento, sobre Sánchez como elemento central.
Eso sí, el entorno del presidente ha blindado la posibilidad de que vean la luz cualquier tipo de recursos que no sean «la versión final del documental (y sus extractos, resúmenes, secuencias, fragmentos o fotografías para la concepción de los materiales de promoción y publicidad del documental)». Así las cosas, Presidencia del Gobierno se ha comprometido a «facilitar la grabación de imágenes y entrevistas con el Presidente del Gobierno, demás miembros del Gobierno», de entre los que no se excluye a «los altos cargos y personal al servicio de la Presidencia del Gobierno en el ejercicio de sus funciones, siempre que la naturaleza de sus cometidos lo permita».
La teoría del Ejecutivo
La Moncloa afirma que la docuserie de Sánchez tendrá un «impacto positivo» en la marca España
No en vano, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno tendrá el control sobre la «relación del personal al servicio de la Presidencia del Gobierno cuya participación en el documental estiman conveniente». El visto bueno de las peticiones de perfiles a la productora no se dará si, previamente, no se ha «indicando el propósito y contenido de las entrevistas que se vayan a realizar».
Además, La Moncloa orientará «a la productora de los actos, hitos o momentos relevantes de la acción de la Presidencia del Gobierno que pudiera resultar de interés abordar en el documental». Una colaboración en la que, sin embargo «la decisión final sobre su inclusión o no» corresponderá a la productora. También se facilitará la grabación del documental, «permitiendo a los productores y a su personal el acceso y el uso de las dependencias e instalaciones de la Presidencia del Gobierno (en particular, las ubicadas en el Complejo de la Moncloa)», para el rodaje del mismo.
BOE-A-2022-14768 by El Debate on Scribd
«Estricta transparencia democrática»
La Secretaría de Estado ha insistido en que la serie promocional de Pedro Sánchez «en ningún caso presentará caracteres propios de propaganda o publicidad partidista o política», y considera que la propuesta efectuada «está presidida por una finalidad de estricta transparencia democrática».
Informe del Consejo de Transparencia
El Gobierno ningunea a Transparencia y se niega a justificar el 40 % de las informaciones que no revela
«Se trata de mostrar a los ciudadanos la organización de la Presidencia del Gobierno, sus principales actividades y la labor de las personas que prestan sus servicios para asegurar su correcto funcionamiento, realizando un ejercicio de transparencia acorde con la democracia del siglo XXI», asegura el mismo convenio que condiciona las grabaciones «que se realicen» a parámetros de «objetividad» y respetando las líneas de «confidencialidad» a las que se han comprometido las partes.
El convenio está regido por los principios de «objetividad y ausencia de carácter propagandístico, no injerencia en el funcionamiento de los órganos de la Presidencia del Gobierno, ausencia de contraprestación económica y voluntariedad de las personas que prestan sus servicios en la Presidencia del Gobierno para la participación en el documental», recoge el BOE.
Sin embargo, al mismo tiempo establece que los productores, una vez hayan recuperado su aportación y empiecen a obtener beneficios de la explotación del documental, deberán ceder un 20% de los ingresos netos de la explotación del documental a organizaciones sin ánimo de lucro (ONG) que, sin embargo, no se detalla cuántas o cuáles serán, a quién corresponderá su elección y qué requisitos han de cumplir las entidades elegidas para recibir la donación.
¿Coste cero?
La claúsula sexta del documento que recoge el BOE de este sábado indica cómo la formalización del mismo «no implica aportaciones económicas entre las partes firmantes». De manera que no costará nada a las arcas del Estado.
El pasado mes de junio, trascendió cómo Secuoya Studios reemplazaría a Mediapro, empresa propiedad de Jaume Roures, en la concesión del servicio de emisión, en exclusiva, de la señal de la televisión del Congreso de los Diputados. Según apuntaron entonces fuentes parlamentarias consultadas, la productora al frente del documental de Pedro Sánchez fue la única empresa aspirante al concurso público convocado para asignar la gestionar, durante los próximos dos años, el streaming institucional de la Cámara.
La asignación reservada para esta partida tiene un presupuesto de 1.320.764,59 euros para cada uno de los ejercicios aunque existe una reserva que permitiría prolongar el contraro inicial hasta 2025, elevándolo hasta los cinco años en total.
Comentarios
