La Audiencia Nacional se resiste a cerrar la causa sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco

El pasado mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordó declarar como investigados a tres exjefes de ETA -José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri'; Miguel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; y, María Soledad Iparaguirre, 'Anboto'- como parte del 'Comité ejecutivo' (Zuba) de la banda terrorista y presuntos autores mediatos, o cerebros, del secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, hace ahora 25 años. En un auto dictado antes de verano, el magistrado que dirige el procedimiento -y ya se encargó entonces de la investigación principal sobre la autoría material del atroz crimen, logrando la entrega de los exdirigentes Javier García Gaztelu e Irantzu Gallastegi de Francia a España, para ser juzgados- reiniciaba las pesquisas a raíz de una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia, y citaba a los terroristas con el convencimiento de la responsabilidad adicional en los hechos del también histórico etarra Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'. Si bien, en su caso, sobrevolaba la duda de si los delitos estaban prescritos.

El 21 de julio, García Castellón celebraba la vistilla para interrogar, sin éxito, a dos de ellos 'Anboto' y 'Mikel Antza' que, como de costumbre, se negaron a declarar. Sin embargo, más allá de este hecho, la sorprendente renuncia del fiscal Vicente González Mota -encargado del caso desde sus comienzos, junto con su superior Miguel Ángel Carballo- adelantada en primicia por El Debate, hacía correr ríos de tinta. Sus discrepancias «insalvables» con la Secretaría Técnica de la Fiscalía a cargo del hoy nuevo fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, abrió un inesperado escenario en la importante cita para determinar la responsabilidad de ambos terroristas como «autores mediatos» de la muerte del joven político vasco. Apartado González Mota, era Pedro Rubira quien asistía en representación del Ministerio Público para separarse de la línea «dura» de su compañero y posicionarse en contra de la solicitud de medidas cautelares para los etarras y, adicionalmente, apuntalar el argumento de las defensas a favor de la caducidad de los delitos de secuestro y asesinato.

Así las cosas, están pendientes de resolverse los recursos de petición de archivo de las investigaciones planteados por los abogados de los exdirigentes etarras al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 que tomará su decisión en próximas fechas y que, según apuntan a El Debate fuentes conocedoras del caso, se resiste a dar carpetazo al asunto. Los informes de la Guardia Civil encargados por el magistrado con el objetivo de indagar el grado de implicación de los cuatro miembros del 'Comité ejecutivo' de ETA en el diseño del secuestro y asesinato del concejal de Ermua, tendrán un peso determinante.

No en vano, los dictámenes de los investigadores policiales asignados a la causa fueron los que permitieron a García- Castellón, arrancar la instrucción vigente contra los investigados, quienes pese a no ser los ejecutores materiales, tuvieron presuntamente «una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba el órgano ejecutivo de la organización terrorista con capacidad real durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo, pudiendo deducir de la negativa a hacerlo una intención manifiesta en la producción del resultado».

Según la Guardia Civil, hay cerca de 600 dispositivos que contienen los denominados 'papeles de ETA' cuyas tareas de análisis deberían finalizar antes de tomarse una decisión sobre si los datos obtenidos de los mismos, que guarden relación con el asesinato de Miguel Ángel Blanco -como las actas de las reuniones de la ZUBA, en fechas cercanas al atentado cometido contra el edil vasco- son suficientes, o no, para sentar en el banquillo a los sospechosos. Todo apunta a que el magistrado instructor quiere agotar todas las posibilidades antes de tomar una resolución de sobreseimiento.

La Guardia Civil avanza con Ordóñez

Además, la Guardia Civil ha enviado esta misma semana a la Audiencia Nacional (AN), a falta de trasladarle toda la documentación pedida, una serie de nuevos informes elaborados por el instituto armado sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el secuestro de José Antonio Ortega Lara a manos de ETA previa solicitud interesada, en este caso, por el juez Alejandro Abascal para incorporarlos al sumario en el que se investiga la presunta participación de la cúpula de la banda terrorista en el asesinato del también concejal del Partido Popular vasco Gregorio Ordóñez, en 1995.

En el oficio remitido por la Benemérita al magistrado, se daba cuenta al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 del material que le facilita, en respuesta a su petición: cinco informes confeccionados entre los años 2001 y 2020. Una colección en la que aún resta por remitir el contenido de los dispositivos informáticos que contienen «138 sellos», los precintos judiciales franceses intervenidos en el marco de la detención en Francia, en 2004, del dirigente etarra Miguel Albisu Iriarte, alias 'Mikel Antza'.

«Estas tareas, por el importante volumen de dispositivos a analizar, se demorarán en el tiempo, si bien se tratará de agilizar en lo posible las citadas tareas», señala la Guardia Civil. Un trabajo, explica en su oficio el instituto armado, que obliga a hacer distintas operaciones de «apertura, digitalización, fotografiado, asiento y descripción en una base de datos del AGMINT» y elaborar un acta específica del tratamiento de cada sello. Esas labores, añade en el oficio, «se están llevando a cabo actualmente y han supuesto un esfuerzo considerable en cuanto a tiempo y dedicación debido al importante volumen de dispositivos».

El instructor recordaba que todavía está a la espera de recibir el informe de inteligencia de la Benemérita que requirió en febrero de este año. En concreto, pidió a los agentes que localizasen y analizasen la documentación en poder de miembros de ETA relacionada con las actas de reunión del ZUBA en fechas inmediatamente anteriores, simultáneas y posteriores al asesinato del icónico político vasco.

El magistrado Alejandro Abascal, por su parte, accedía a continuar con las pesquisas hasta enero de 2023 a raíz de la petición formulada tanto de la viuda de Gregorio Ordóñez, como por el hijo del concejal del PP, como por la Asociación Dignidad y Justicia, todos ellos acusaciones particulares que, además, instaron al juez instructor a dirigirse a Francia para que interrogase a los tres exjefes de ETA que no han comparecido en esta causa.