El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes
Crisis del Poder Judicial
El CGPJ fracasa en su nuevo intento de renovar el Constitucional y se reunirá la próxima semana
Los vocales progresistas han concurrido a la cita con un «soprendente» listado de nueve candidatos bajo el brazo
la reunión entre los interlocutores designados por los bloques progresista y conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para desenquistar la renovación del Constitucional, ha concluido sin acuerdo. Poco más de hora y media de conversación telemática han servido para llegar a la conclusión de que habrá que seguir negociando las bases de los que serán los dos candidatos de consenso para la Corte de Garantías. Por ello, se ha fijado un nuevo encuentro, el próximo miércoles día 21 a las 09.30 horas, en el que retormar las conversaciones en el punto en donde hoy han quedado ancladas.
Crisis del Poder Judicial
El Gobierno incumple la obligación de sus dos nombramientos al Constitucional mientras presiona al CGPJ
Fuentes próximas a la negociación han confirmado a El Debate que se han aproximado posturas en dos de los puntos tratados durante la videoconferencia: por una parte, que los nombramientos «conforme a la pauta seguida por éste CGPJ han de realizarse por una amplia mayoría»; y, por otra, que «la selección de candidatos a tan alta magistratura ha de llevarse a cabo tras una minuciosa evaluación de sus curriculos». También han coincidido ambos sectores en su «preferencia» porque los aspirantes sean magistrados del Supremo.
Sin embargo, ha resultado «sorprendente» el «número de candidatos presentado» por los progresistas. Especialmente, cuando los interlocutores se habían emplazado a una reunión «sin nombres» en la que perfilar y «profundizar» sobre las bases del mecanismo de designación acordado en el Pleno extraordinario del pasado día 8 de septiembre. Cierto es que, como informó El Debate el sector más afín a las posiciones del Ejecutivo socialista tenían sobre su mesa, desde hace días, una serie de nombres en los que trabajaban con urgencia.
«Lamentablemente» no ha habido pacto en lo relativo a «considerar la repercusión de los seleccionados en la composición de los órganos jurisdiccionales de procedencia». Esto es, los vocales progresistas no han avalado la idea de conciliar la salida de magistrados del Supremo con la agónica realidad del Alto Tribunal. Y, tampoco han encajado las visiones en lo relativo a la inconveniencia «de llevar al Pleno los nombres» concretos «en tanto no se haya logrado un consenso» de facto sobre los mismos que, en cualquier caso, «han de ser previamente debatidos en el seno de los respectivos grupos» por la totalidad de sus integrantes.
El Supremo, al borde de la parálisis
Más allá de «la valía incuestionable» de los posibles nombres que se barajan, fuera de toda duda al tratarse de profesionales de amplia trayectoria en las más altas instancias judiciales, al bloque conservador le preocupa la idea de que en el caso de resultar formalmente avalados para renovar el Constitucional, algunos de ellos dejarían gravemente paralizado el ya maltrecho funcionamiento del Supremo, desde que el Ejecutivo socialista decidiese, vía exprés, bloquear la función de nombramientos que el Consejo tiene legalmente encomendada.
Sin ir más lejos, la Sección de la Sala Tercera del Alto Tribunal –una de las más castigadas por las vacantes– competente, entre otras cuestiones, para revisar la idoneidad de los indultos de los políticos catalanes condenados en firme por el procés secesionista de Cataluña, opera bajo el mínimo legal de magistrados en cada una de sus Salas. Cualquier baja dejaría alguna inoperante. Además, el Supremo en su conjunto se aproxima a las 15 vacantes que serán 20 el próximo mes de marzo, si nada cambia.
Sin prisa pero sin pausa
El pasado martes día 13, expiró el plazo legal del Gobierno al CGPJ para nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden, en la cuota de cuatro cuyo mandato caducó en junio, pero los vocales del Consejo estaban, entonces, muy lejos de alcanzar un acuerdo. El ala conservadora se pronunció en contra del ultimatum político del Ejecutivo y, aunque determinado «en el cumplimiento de la ley» ha insistido en trabajar de acuerdo a sus «propios tiempos». Para ello, accedió a mantener una segunda reunión con sus compañeros progresistas que, finalmente, se ha celebrado sin consenso.
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