Montaje Griñán y Sánchez
Causas Pendientes
El indulto a Griñán que se le atraganta a Pedro Sánchez en año electoral
El Gobierno allana el camino para conceder el perdón a un histórico socialista, expresidente andaluz, por la misma corrupción que en su día utilizó para desbancar al Ejecutivo de Mariano Rajoy
Cada vez parece más claro que el Gobierno de España indultará al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Una vez notificada la sentencia del Supremo en la que tres magistrados ratifican los seis años de prisión para el exsocialista –por sendos delitos de prevaricación y malversación, en la pieza política de los ERE– el PSOE ha activado la maquinaria del perdón. «Acatamos la decisión judicial, pero», tenía que haber un pero, «no la compartimos». ¿El motivo?. La «división» de la Sala: dos magistradas, de cinco, han puesto en duda la pena por malversación, no así la de prevaricación, en un voto particular obra de una habitual en las quinielas a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la juez Ana María Ferrer. El sanchismo no ha necesitado mucho más para construir un relato, paralelo al de la Justicia, en su determinación por vender a los españoles que «la pena por malversar 680 millones de euros de dinero público que obliga a Griñán a ingresar en prisión» es injusta.
Pedro Sánchez es consciente del coste político de una decisión discrecional que ha de tomarse en pleno año electoral, con las municipales en mayo de 2023, las generales pendientes de convocarse y todas las encuestas en su contra. Así las cosas, la maquinaria de la izquierda se ha puesto en funcionamiento para blanquear al exsocialista, porque la sola idea del «PSOE indultando a uno de los suyos» desacredita por completo a un Gobierno que llegó a La Moncloa izando la bandera de la lucha contra la corrupción tras derrocar, previa moción de censura, al Ejecutivo de Mariano Rajoy por la sentencia de la Gürtel. Ni siquiera sus socios de Podemos le apoyan en esta cuestión.
No en vano, Griñan «pudiendo evitarlo» participó de un sistema diseñado para «eludir» todos los controles de la Intervención de la Junta de Andalucía y disponer «sin control» de cerca de setecientos millones de euros públicos. En su calidad de consejero de Economía y Hacienda «consintió» la permanencia en el tiempo de esos modelos elusivos. Y, el hecho de que no se llevase ni un céntimo a su bolsillo, al menos de manera directa, no le resta ni un ápice de gravedad a su culpa por omisión.
Las excusas del «perdón» en curso
Hasta la fecha, han sido varias las excusas bajo las que el Gobierno ha ido deslizando la idea de que el expresidente de la Junta socialista de Andalucía, José Antonio Griñán, merece el «perdón» de la sociedad. Desde su avanzada edad, pasando porque se trata de una «buena persona» plagada de «honestidad» y hasta el de que no existe riesgo de reiteración delictiva. Entonces, ¿cómo es que en España se ha podido permitir, por ejemplo, que un hombre de 77 años, sin antecedentes penales, estuviese en prisión provisional durante nueve meses por defender su propiedad privada de unos asaltantes?. ¿Cómo es que, hasta la fecha, han sido mayoría las medidas de gracia denegadas a condenados, por delitos de menor entidad e importe que los de Griñán, ya reinsertados en el momento de verse privados de libertad?.
¿Es que en nuestro país no hay seguridad jurídica?. ¿No se cumple la ley?. ¿Está vigente el derecho penal de autor según el que dependiendo de quién delinca, aunque la conducta sea la misma, merece castigo o no?. ¿La Justicia no es igual para todos?. O es que, acaso, con el pretexto de Griñán, ¿el PSOE se autoindulta en la mayor trama de corrupción de la historia de nuestra democracia, sin disculparse, ni arrepentirse, ni devolver un céntimo de lo robado durante cuarenta años desde las instituciones públicas?. Sánchez es consciente de que la afinidad política que sobrevuela sobre este perdón, anunciado antes incluso de que trascendiese el contenido íntegro de la sentencia, es imposible de amortizar.
El problema añadido, además, es que haga lo que haga Sánchez con este asunto, el PSOE pierde. Si rechaza la medida de gracia será cuestionado por quienes, en sus propias filas y entre su electorado, ya han movido ficha a favor de la libertad de José Antonio Griñán. Si la acepta instalará en el imaginario colectivo que el presidente del Gobierno indulta a sus afines e incumple las sentencias de los tribunales. Y, esto, sería cavar una honda tumba en sus aspiraciones electorales hacia las próximas municipales y autonómicas. Hay mucho en juego de arbitrariedad y poco de legalidad.
Un manifiesto con 4000 firmas a favor
Y en medio de la indignación compartida por el mundo jurídico y los ciudadanos de a pie, más de 4.000 personalidades del mundo político, sindical, empresarial, cultural y deportivo han dado un paso al frente para apoyar la petición de indulto de la familia para el exsocialista Griñán. Eso sí, en paralelo, una convocatoria online para recopilar firmas en contra de dicha posibilidad –bajo el lema «No al indulto del caso ERE»– disparaba la cifra de detractores, hasta más allá de los 25.000, en cuestión de horas.
De entre todos los que con su nombre han avalado una futura y eventual medida de gracia del Gobierno a favor de Griñán, quizás, quienes más han chirriado son los respaldos prestados desde la órbita del derecho y la judicatura: Antonio Camacho, Juan Luis Ibarra Robles, Eligio Hernández, Javier Gómez Bermúdez, José Antonio Martín Pallín, Mariano Fernández Bermejo, Javier Moscoso del Prado, Juan Alberto Belloch, María Antonia Lozano, Pilar Sepúlveda (vocal progresista del CGPJ), Manuel Carlos Palomeque, Jesús Cruz Villalón o Ángeles Amador.
La imagen de más de cuatro mil personajes públicos apelando a la potestad del Gobierno para indultar la malversación -de uno de los suyos- tiene como objetivo que dicha posibilidad «sea considerada un clamor popular» que la sociedad española demanda y que, «en realidad, no es tal». Ninguno de todos ellos ha concretado si su posición pasa por pagarde su bolsillo, a escote, la parte correspondiente al dinero malversado en la pieza central de los ERE. Unos 170.000 euros por barba, para empezar.
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