El Supremo da 20 días a Irene Montero para contestar a la demanda del exmarido de María Sevilla

El Supremo ha dado un plazo de 20 días hábiles a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para contestar a la demanda presentada ante el Alto Tribunal por Rafael Marcos, la expareja de María Sevilla -la expresidenta de Infancia Libre- y padre de su hijo por una presunta vulneración de su derecho al honor tras ser calificado por la titular de la cartera como un «maltratador» sin que pese sobre él ninguna condena. Sevilla fue indultada por el Gobierno, a instancias de la propia Montero, tras haber sido condenada a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de sustracción de menores.

Los magistrados han admitido a trámite la petición de Rafael Marcos y, por lo tanto, el traslado a la parte demandada y a la Fiscalía, como defensora de la legalidad, es algo habitual en la vía civil. Si bien Montero no consta, por lo tanto, como imputada, el Supremo ha advertido a la ministra de que si no comparece en el plazo estipulado «se la declarará en rebeldía procesal».

El exmarido de María Sevilla presentó la demanda contra la titular de Igualdad, tras un acto de conciliación judicial previa imposible, por las declaraciones públicas de la dirigente que Podemos lanzó contra él, el pasado 25 de mayo, en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres. Dicho evento coincidió en el tiempo con la publicación del indulto concedido por el Gobierno a la expresidenta de Infancia Libre. Una decisión de Montero justificó asegurando que el Estado «tiene una deuda» con «las madres protectoras» y que éste ha de «ser capaz de proteger» a estas mujeres que «se protegen a sí mismas y a sus hijos de la violencia machista».

Una «rectificación» expresa

El exmarido de Sevilla ha sostenido siempre que la ministra de Igualdad, aprovechando su cargo y en un escenario de difusión ilimitada, le «presentó» como un «maltratador tanto de su hijo como de su ex pareja». Algo que es «rotundamente falso». Por ello, el pasado mes de junio, su equipo jurídico reclamó a Montero, ante el Supremo donde la diputada consta como aforada por su condición- una indemnización de 85.000 euros y le pidió que publicara una rectificación reconociendo «la incerteza» de sus declaraciones.

Además, Marcos solicitó a la titular de Igualdad que acudiera a un acto de conciliación como requisito previo para poder presentar una demanda por presunta intromisión ilegítima en el derecho al honor . Lejos de producirse un acuerdo extraprocesal, el abogado de la ministra de Igualdad notificó al Juzgado de Primera Instancia Número 35 de Madrid que no se personaría en el paso previo, rechazando así cualquier posibilidad de retractarse de manera voluntaria.