Pedro Sánchez, en el último Consejo Europeo
Crisis institucional
La deriva bolivariana de Sánchez: asaltar el Constitucional que tendrá que decidir sobre su asalto
Los miembros de la Corte de Garantías no ocultan su preocupación tras las enmiendas con las que el Gobierno de PSOE y Podemos rebajarán las mayorías cualificadas necesarias para renovarlo
Al más puro estilo chavista, Pedro Sánchez ha convertido con sus últimas reformas legales –directas a la línea de flotación del Poder Judicial– en una afrenta al orden constitucional establecido. Eso sí, como ya sucediera en otros precedentes bolivarianos como Cuba o Venezuela, el líder de los socialistas lo ha hecho sin tocar una sola coma del texto de la Carta Magna. Esto es lo que el expresidente del TC Manuel Jiménez de Parga llama la «mutación» Constitucional: reformar el ordenamiento jurídico sin rectificar, como tal el texto de su máxima Norma. Una situación que el propio jurista denunció ya en 2005, al hilo del intento de aprobar un nuevo Estatut catalán, cuya propuesta entonces fue calificada no sólo de «inconstitucional sino anticonstitucional».
Plenamente consciente de ello, Sánchez ha decidido acelerar su control sobre la Corte de Garantías haciéndola juez y parte ya que será el Pleno ya renovado, hacia una mayoría progresista –previo favor del socialista– el mismo que tendrá que decidir, si nada lo remedia, sobre la legalidad del propio control al que ha quedado sometido.
Una muestra más de la degradación gratuita en la que Pedro Sánchez ha ido sumiendo el esqueleto normativo español, por la vía exprés de las enmiendas legislativas, apoyado cada vez más en sus socios de coalición y en el beneplácito de los enemigos del Estado. Una hoja de ruta que, cada vez más, sortea líneas rojas impensables hace unos años hasta para el propio presidente del Gobierno quien, cuando era candidato, apostaba en la mayoría de las cuestiones legislativas por reformas de signo contrario.
Sánchez ideó el primero de sus fraudes legales de la mano de Podemos, allá 2018, tras anunciar una modificación urgente, pactada con su socio de Consejo de Ministros, para saltarse el voto del Senado al techo del gasto público. Desde entonces y, hasta la fecha, el todavía inquilino de la Moncloa ha ido convirtiendo su estrategia de gestión en la alteración sistemática, intensificada en las últimas semanas, de normas básicas para el orden público a golpe de retocar el Código Penal a la carta.
Una deriva chavista que la oposición ha decidido denunciar y que, cada vez más, hurta terreno al Legislativo, e incluso al Judicial, con la mirada puesta en el Constitucional. Una Corte que, si bien no pertenece a los Poderes del Estado, sí es la máxima responsable de velar por el respeto y el cumplimiento de la Carta Magna y, con ella, de la «indisoluble unidad» del Estado español –recogida en su artículo 2– que los tratos del Gobierno con los separatistas de Esquerra (ERC) pretenden desdibujar.
De ahí que Sánchez haya designado para incorporarse al TC, si esperar a los nombres elegidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la exalto cargo de la Generalitat Laura Díez y el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, artífice de los indultos del procés, como peones de su Ejecutivo en el órgano y futuros y eventuales piezas clave en la aceptación de un nuevo Estatuto para Cataluña que mire con buenos ojos, además, el referéndum pactado. Una consulta que, al más puro estilo de los líderes bolivarianos, el líder de los socialistas hurta a los españoles al negarles su decisión soberana y democrática ante una reforma constitucional real.
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