Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, durante la entrevista en El Debate
Polémica sobre el aborto
Del 155 a la cuestión de competencia: las cortinas de humo jurídicas del Gobierno contra Castilla y León
Desde que el vicepresidente de la Junta anunciase nuevas medidas del protocolo para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Ejecutivo socialista ha amenazado con «todos» los recursos judiciales a su alcance
Luchar contra gigantes que, en realidad, son molinos de viento. El mero anuncio de un vicepresidente autonómico sobre medidas 'antiaborto', todavía sin concretarse en un texto formal con efectos prácticos aplicables, ha puesto en marcha toda una maquinaria del Gobierno central prevenida para el combate. Si en un principio el Ejecutivo socialista habló de la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución contra Castilla y León si persistía en su idea de dotar de más información a las mujeres embarazadas decididas a abortar en los centros hospitalarios dependientes de la comunidad, ahora, una vez pospuesta la amenaza, el Consejo de Ministros de PSOE y Podemos ha decidido aprobar un acuerdo para requerir de incompetencia al ente autonómico popular, en coalición con Vox, en relación con «cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva».
La realidad es que, aunque ya hay antecedentes en la aplicación del artículo 155 en España, durante el 'procés' de Cataluña de 2017, el uso de la norma no es ni sencillo, ni inmediato ya que, cualquier suspensión e intervención de competencias de una Administración territorial debe cumplir con una serie de requisitos previos que, según los expertos, no se dan en el caso de la autonomía castellano-leonesa. En primer lugar porque, hasta el momento, comunidad autónoma no ha incumplido ninguna de «las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan» y, en segundo término porque en el caso de que la actuación de las autoridades regionales se llevase a cabo, además, debe atentar «gravemente» contra «el interés general de España».
El procedimiento es complejo y arranca con un «requerimiento» formal del presidente del Gobierno a su homólogo regional –que, en este supuesto, recaería sobre el popular Alfonso Fernández Mañueco– para que cese en sus supuestas acciones al margen del marco constitucional y en contra de los intereses de todos los españoles. Tan sólo si se diese una negativa explícita a dicha posibilidad, entonces, el Ejecutivo podría instar, por escrito, el arranque de los trámites para que el Senado plantee un debate sobre la cuestión en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, durante el cual el presidente autonómico tiene derecho de alegación. Una vez escuchadas todas las partes, los senadores votarán en Pleno la aprobación o el rechazo en el uso del 155.
Tan sólo en el caso de que la Cámara Alta alcance una mayoría absoluta de sus miembros, la mitad más uno, la medida saldría adelante. Un escenario que obligaría al PSOE, que actualmente dispone de 111 parlamentarios, a pactar, como mínimo, con Bildu que aportaría 16 y los cinco del grupo de la Izquierda Confederal, a falta de uno para alcanzar la suma necesaria.
¿Por qué el Gobierno lo ha descartado?
Conscientes de las dificultades aritméticas y de que, en realidad, no existe ningún motivo real y práctico que, por el momento, y más allá de la dialéctica política, atente contra la legalidad vigente por parte de la Junta de Castilla y León, desde el ala socialista del Gobierno han descartado, por ahora, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Castilla y León. A diferencia de sus socio minoritario de Podemos, en la coalición de Gobierno, que apuesta por el mecanismo como respuesta necesaria a la posibilidad de que se apruebe la obligación de que los médicos ofrezcan escuchar el latido fetal a las mujeres que van a abortar.
Sin embargo, los planes del PSOE, ahora, más allá de la crisis institucional que tratan de aprovechar, pasa por esperar a que la Junta responda por escrito al requerimiento del Ejecutivo socialistas, más allá de que el presidente castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco ya ha corregido a su vicepresidente Juan García-Gallardo al afirmar que «no se obligará a los médicos ni a las embarazadas a nada».
No en vano, la aplicación del artículo 155 es, para varios de los juristas consultados por El Debate «un auténtico disparate, porque no concurren los requisitos establecidos para ello, esto es, no cumplir las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen (cuáles son, se deberían concretar) o actuar de forma que atente gravemente al interés general de España (también sin definir)». «Es sencillamente ridículo» amenazar con una medida de último recurso a una autonomía que «ni siquiera ha aprobado o publicado» nada de lo que se ha dicho que va a aprobar o publicar.
El recurso al Tribunal Constitucional
Así las cosas, el Consejo de Ministros ya ha aprobado y enviado, este martes, el requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León con el que trata de neutralizar los planes de reforma del protocolo antiaborto anunciado hace unos días por la Administración regional. El Ejecutivo socialista ha actuado, en estos términos, contra la «tropelía» y ha dado un mes de margen a la Junta regional a que retire o evite dicho protocolo. En caso de no hacerlo, el Gobierno socialista ha anunciado que interpondrá un recurso por conflicto de competencias entre administraciones ante el Tribunal Constitucional.
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