05 de febrero de 2023

La ministra de Justicia, Pilar Llop.

La ministra de Justicia, Pilar LlopEP

Justicia

Llop fracasa en su intento por diluir la huelga de los letrados judiciales «inflando» los servicios mínimos

Más de 1000 funcionarios se manifestaron ayer en Madrid contra el «incumplimiento» de los compromisos del Ministerio de Justicia que impuso unos servicios mínimos «de máximos»

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) decían basta, este martes en el que daban comienzo a una huelga indefinida con la que, «más allá» de las mejoras salariales que reclaman, tratan sobre todo ya de defender la «dignidad de la profesión». «Esto no es sólo por dinero», aseguran a El Debate fuentes consultadas entre los convocantes del paro quienes son conscientes del perjuicio que la interrupción de su trabajo tendrá para los ciudadanos en los juzgados y tribunales de todo el país pero «no podemos seguir así». Los LAJ llevan «asumiendo competencias y carga de trabajo adicional, demasiado tiempo, a cambio de nada», lamentan.
Una situación de crispación e indignación insostenible que les ha llevado a salir a la calle a protestar contra la Ministra de Justicia a la que señalan, por el «incumplimiento» sistemático de los compromisos adquiridos para ellos. La iniciativa «ha sido un éxito total», pese al intento por diluir la convocatoria desde el Departamento que dirige la socialista Pilar Llop «inflando unos Servicios Mínimos que han sido de máximos». No en vano, más de 1.000 manifestantes –de una plantilla de fijos y titulares de unos 3.000– se daban cita ayer en Madrid con el respaldo de otros 1.000 compañeros a los que «les habría gustado asistir pero que por esta razón no pudieron».
Mientras, Llop se ha desmarcado del nuevo frente que se ha abierto contra el Gobierno «echándole la culpa a otro Ministerio, el de Hacienda» para justificarse, los LAJ no se lo creen. «No es cierto. Cuando quieren y para lo que quieren sí hay dinero», así que están decididos a mantener el pulso: «Que se cumpla lo pactado y que no lancen balones fuera. Que se sepa lo que está haciendo Justicia con nosotros y que encuentren la solución».
Sobre la mesa la «constante insensibilidad» y la «incapacidad de gestión» que para los antiguos secretarios judiciales «ha demostrado» la ministra desde su llegada al cargo. «No es que no hagan nada es que lo poco que había lo están destrozando», aseguran.

«Dignificar nuestra labor»

La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ acudían a la convocatoria de ayer en unidad de acción, la misma que demostraron tras exigir la destitución del secretario de Estado de Justicia por decir, a unas horas de la gran manifestación con la que se daba el pistoletazo de salida a la huelga indefinida, que el paro convocado tenía una motivación «política», «sin finalidad profesional alguna», y que iba «contra el pueblo».
Estas declaraciones han molestado profundamente a los Letrados, algunos de los cuales «están haciendo un verdadero esfuerzo por defenderse» ya que «el hecho de respaldar» la iniciativa «supone una merma económica que por sus cargas familiares no pueden asumir», apostillan desde el Comité de Huelga.
De ahí que las declaraciones vertidas por Antonio Julián Rodríguez en rueda de prensa lejos de bajar la crispación de un «conflicto laboral» que los LAJ mantienen desde hace meses con el Ministerio, sólo hayan contribuido a avivar los ánimos: «Si el Ministerio de Justicia quiere que la solución con este conflicto colectivo se alcance en algún momento, ello comportará indefectiblemente la necesidad de cesar al secretario de Estado» quien durante un momento de su intervención llegó a calificar de «golpistas» a quienes se han sumado a las reivindicaciones.

Riesgo de «parálisis» judicial total

Las asociaciones convocantes no han escatimado recursos en advertir al Gobierno de Pedro Sánchez de la «gravedad» de la situación y de la «extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales», que puede generar la huelga indefinida si nadie pone interés en remediarlo.
Los LAJ son conscientes de que su decisión tendrá un «impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio público de la Administración de Justicia». Lo saben porque de su labor dependen, entre otros, los pagos judiciales a particulares (pensiones de alimentos, deudas, indemnizaciones,...) y al Tesoro Público (multas, depósitos,...), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con un saldo promedio de 4.500 millones de euros.
El conflicto ha tenido su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que ha provocado un «insoportable desequilibrio», según las denuncias de los afectados.
Además, el «detonante» del conflicto fue el acuerdo que el Ministerio firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».
Las asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer deliberadamente la situación: «No solo no ha convocado al Comité de Huelga, (...) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad».
Por su parte, desde el Ministerio aseguran que en los últimos meses se ha producido un «aumento de la masa salarial de letradas y letrados superior a los 10 millones de euros», lo que supone «un incremento del 5,26 % del salario anual medio del cuerpo» de LAJ, adicional al 8 % (9,5 % en función de la evolución de la economía) que con carácter general van a experimentar todos los empleados del sector público español.
«En tres años el salario medio de cada letrado aumentará una media del 14,76 %, sin parangón en la Administración Pública», insisten desde el Departamento de Pilar Llop desde donde, además, destacan haber normalizado los procesos administrativos demorados, en particular en materia de acceso al cuerpo, con las convocatorias de ofertas de empleo públicas correspondientes a 2019, 2020 y 2021. Por último, aseguró que «en las próximas semanas» seguirán trabajando desde el Ministerio para mejorar las condiciones de los LAJ. Una lectura con la que no coinciden los afectados que están dispuestos a llegar hasta el final.
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