Los fiscales se unen a los letrados en sus críticas a la ministra Llop por su «dejación de funciones» con la Justicia

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) «considera que el Ministerio de Justicia, que retiene el conjunto de facultades presupuestarias en la Fiscalía, restringiendo enormemente su autonomía, hace dejación de sus funciones en relación con la Carrera Fiscal, y se muestra indiferente ante gran cantidad de cuestiones que repercuten en la prestación del servicio» en el departamento que lidera Álvaro García Ortiz. Con esta dura reflexión dirigida a la ministra Pilar Llop, una buena parte de los fiscales de nuestro país, representados con un vocal en el Consejo del Ministerio Público, se sumaban a las críticas vertidas por los Letrados (LAJ) en los últimos días contra la titular de Justicia, al hilo de la huelga indefinida convocada el pasado martes.

No en vano, al igual que sucede en las reivindicaciones de los antiguos secretarios judiciales, ante el cumplimiento sistemático de los compromisos pactados, los fiscales han recordado a LLop cómo en los «Presupuestos Generales para el año 2022 fue aprobada una modificación de la plantilla de la Carrera Fiscal que supondría la reconversión de 219 plazas de tercera categoría en segunda. Es decir, el ascenso de 219 fiscales, en una Carrera en la que por la dejadez del Ministerio en la estructuración de la plantilla se tarda mucho más tiempo en ascender que en la Carrera Judicial».

«Pues bien, entrado ya el año 2023, la modificación no se ha ejecutado, ni se anuncia movimiento alguno para realizar dicha modificación de la plantilla, de manera que más de doscientos fiscales se encuentran bloqueados en su Carrera profesional, y el servicio objetivamente perjudicado», han denunciado desde APIF en las últimas horas. Un patrón que parece repetirse en Justicia a tenor del origen del conflicto vivo entre los Letrados de la Administración (LAJ) con la titular del ramo.

No solo «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, ha provocado el «insoportable desequilibrio» que ha llevado a los LAJ a un parón general. El «detonante» al que apuntan los convocantes fue el incumplimiento del acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».

Las asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer el conflicto: «No solo no ha convocado al Comité de Huelga, (...) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad».

30.000 actos judiciales suspendidos

Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocantes de la huelga indefinida que comenzó el pasado martes han cifrado en unos 30.000 los actos judiciales que han tenido que suspenderse a causa del parón. En su tercera jornada, aseguran que el seguimiento ha sido del 78% de la plantilla, si bien el Ministerio de Justicia lo sitúa en un 24,5%.

Según ha detallado el Comité de Huelga en un comunicado a última hora de este jueves, se han suspendido unas 30.000 vistas de juicio, comparecencias y actos de conciliación, mientras que unos 11 millones de expedientes judiciales han quedado paralizados, «causando una demora de un mínimo de tres meses en cada uno de ellos».

Asimismo, han detallado que en las cuentas de depósito y consignación se ha inmovilizado una cantidad cercana a los 110 millones de euros. «La realidad es que la Administración de Justicia en España está parada», han lamentado los convocantes.

Las tres asociaciones: la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados, han informado de que la participación de este jueves ha sido similar a la de los últimas dos jornadas de huelga, cuando se registró un seguimiento superior al 80%.

Unas cifras que el Ministerio sitúa por debajo del 25% del seguimiento y que ya han sido duramente rebatidas por los LAJ que señalan al Departamento dirigido por Pilar Llop por ofrecer «unos datos sesgados y totalmente erróneos en su intento de desmotivar la convocatoria». Los primeros insisten en que para los cálculos Justicia «suma a los efectivos no disponibles en el total como no huelguistas y no incluye entre los que secundan a los servicios mínimos que comunican su adhesión».

«Lamentablemente, la realidad es que la Administración de Justicia en España está parada, y que la Ministra de Justicia, Pilar Llop, sigue sin convocar al Comité de Huelga y sin hacer el más mínimo intento de resolver el conflicto», han señalado los LAJ.