Varios nichos en uno de los cementerios gestionados por la empresa acusada de revender ataúdes
Al banquillo los dueños de una funeraria por no incinerar seis mil ataúdes pagados y revenderlos
La magistrada del juzgado de instrucción 6 de Valladolid cree que hay indicios suficientes para procesar a 25 personas, entre dueños y empleados, acusados de dar el cambiazo a casi 6.000 ataúdes
Mientras en una sala los familiares del difunto lloraban de pena por la pérdida, algunos trabajadores, incluso los dueños de la Funeraria El Salvador de Valladolid o miembros de su familia, sacaban los cadáveres de los féretros. Luego colocaban a los fallecidos entre cuatro tablas o incluso con un simple sudario y los incineraban. Lo hacía con el único propósito de robar el ataúd y revenderlo una y otra vez: un negocio de muerte.
Así lo cree la magistrada que lo ha investigado durante los últimos cuatro años. El Debate ha tenido acceso al auto de apertura del juicio oral en el que Su Señoría afirma: «Desde el año 1995 (prácticamente desde la apertura del horno crematorio del Cementerio de Santovenia de Pisuerga)y hasta, al menos, el mes de febrero del año 2015, se instauró por la empresa una práctica consistente en la sustracción sistemática de los ataúdes de los fallecidos antes de proceder a la incineración, sustituyéndolos por otros de peor calidad, por tapas de féretros, por cajas de restos e incluso por meros sudarios para la cremación de los cadáveres».
Dice la magistrada que «todo ello para poder reutilizar los féretros revendiendo los mismos con el consiguiente beneficio económico. También se sustraían las coronas, centros y ramos de flores para revender las mismas». Solo había una excepción para no dar el cambiazo: «Cuando esté era ya de mala calidad, se había llevado a cabo la autopsia del difunto, existían restos orgánicos, el cadáver era muy pesado siendo muy dificultoso moverlo, tenía alguna enfermedad infecciosa o la familia había manifestado su interés por asistir a la cremación».
La trampa de los ventiladores ruidosos
Su Señoría cree que hay pruebas para sentar en el banquillo a los dueños del tanatorio, varios miembros de la familia Morchón de Valladolid y a una veintena de empleados. Cuenta el auto que «si la familia manifestaba que deseaba estar presente en los momentos iniciales de la incineración, los familiares se situaban en la sala de cremación del Tanatorio El Salvador donde los empleados introducían el féretro e iniciaban el proceso, accionando los ventiladores que generaban mucho ruido sin activar la combustión, lo que inducía a los familiares a creer que el proceso de incineración se había iniciado, abandonando en ese momento las instalaciones».
Entonces el féretro era conducido al Cementerio de Santovenia de Pisuerga donde se seguía el mismo proceso de sustitución del féretro e incineración: «Posteriormente se recogían las cenizas y se trasladaban al Tanatorio para entregarlas a la familia, sin que los familiares tuvieran conocimiento del traslado del cadáver a otras instalaciones y aún menos de la apropiación de féretro en el que se encontraba». Se calcula que con esta práctica se puede haber obtenido ganancias de millones de euros.
Comentarios
