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29 de marzo de 2024

El general Francisco Espinosa Navas, en el centro, mirando a cámara, en una charla sobre el Sahel

El general Francisco Espinosa Navas, en el centro, mirando a cámara, en una charla sobre el Sahel, en 2017Ministerio del Interior

Alarma en el caso Mediador: investigan contratos por 2,3 millones de euros de Europa

La jueza instructora exige que se entreguen «sin demora» todos los documentos de cuatro proyectos de fondos europeos

El general Francisco Espinosa Navas estuvo destinado durante cuatro años como primer jefe de la Comandancia de una de las zonas calientes de tráfico de drogas en España: Algeciras. Luego lo enviaron a la embajada de París como agregado; más tarde fue el jefe de la Comandancia de Las Palmas; su último destino como general de división fue el de director del Proyecto Grupos de Acción Rápida, Vigilancia e Intervención (GARSI) en el Sahel, en África. Este último destino es el que preocupa a Su Señoría. Como máximo responsable, Espinosa Navas gestionaba y adjudicaba los fondos europeos en cuatro proyectos cuyo montante global ascendía a algo más de 2,3 millones de euros.
Hay varios indicios que han hecho sospechar a la magistrada de que podía haber metido mano en esos fondos europeos: los más de 61.000 euros que escondía en su casa, entre otros sitios en una caja de zapatos; las conversaciones que le grabó Antonio Navarro, el mediador, donde el general prometía conseguir contratos en el cuerno de África a cambio de comisiones; y el número de una cuenta bancaria que escribió sobre un papel y que le entregó al mediador para que le ingresase las mordidas. El número estaba incompleto, quizá porque el cuerpo de Espinosa Navas, según Antonio Navarro, todavía estaba metabolizando el alcohol. La cuestión es que los números correspondían a una cuenta de Bélgica.
A la jueza le chirrió este dato porque según explica en uno de sus autos: «En el informe de índole patrimonial relativo al general, no consta ningún activo bancario en el extranjero». ¿Se trata por tanto de una cuenta que tenía oculta? ¿Con qué saldo? Y sea cual sea, ¿de dónde habría salido ese dinero? La magistrada elaboró una orden europea de investigación destinada a las autoridades belgas para poder responder a estas dudas. De momento no ha llegado.
¿Cuál es la sospecha de Su Señoría? Dice ella: «En el devenir de la investigación habría brotado un dato que presenta indicios de especial relevancia, asociado precisamente al cargo que ostenta como director del Proyecto GARSI Sahel. Así, en el marco de dicho proyecto la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas celebra contratos públicos, en los cuales determinados sectores empresariales tienen cabida».

Una empresa de drones

Se refiere a un empresario que tiene una compañía de drones . Según la jueza instructora: «Una de las sociedades vinculadas a dicho empresario habría resultado adjudicataria en distintos concursos, coincidiendo además en el tiempo la gestión de los mismos con las conversaciones que el propio empresario habría mantenido con Antonio Navarro en las que éste último confirma su relación con el general». En uno de los audios grabados por el mediador sobre contratos públicos se escucha a un empresario explicar cómo desarrolla sus negocios: «Todo lo que hago con África, a través del Papá (alias del general)».
Por eso Su Señoría está especialmente preocupada por el destino de los fondos europeos que el general manejaba y cuyo objetivo era contribuir a la seguridad de la población y a la estabilización tanto de los países del Sahel (Mauritania, Burkina Faso, Mali. Níger, Senegal, Chad), como de los territorios regionales, incluyendo las zonas más aisladas y transfronterizas. Liderado por la Guardia Civil, su finalidad pasa por crear unidades que permitan a las fuerzas de seguridad de los países de la región mejorar la seguridad interior así como sus capacidades.
Ante el temor de que pudiera haber habido un mal destino de los fondos, Su Señoría ha ordenado que se revisen cuatro contratos concretos cuyo presupuesto asciende a 2,3 millones de euros. Exige en un oficio que se entreguen los contratos con urgencia y toda la documentación vinculada para poder analizarla.
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