La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un pleno del Ayuntamiento
Tribunales
Las claves del caso en el que Colau está imputada por prevaricación y que salpica al Ayuntamiento de Barcelona
Además de la alcaldesa, están siendo investigados judicialmente la concejal de Vivienda, Lucía Martín, y el de Sants-Montjuïc, Marc Serra
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declaró el pasado lunes 13 de marzo en el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona por el caso Bloque Llavors, en el que está imputada por dos presuntos delitos; uno de prevaricación y otro de coacciones. La regidora negó en sede judicial cualquier tipo de participación y relató que no tenía competencias en el área que se investiga judicialmente. La causa se deriva de una querella que impuso una empresa que había sido sancionada por el consistorio barcelonés con multas de alrededor de 400.000 euros.
También están imputados en el caso una funcionaria municipal, el concejal del distrito de Sants-Montjuïc, Marc Serra, y la concejal de Vivienda, Lucía Martín. Los tres declararon en calidad de investigados el pasado viernes 10 de marzo, y, al igual que Colau, negaron las acusaciones.
1. Okupas en el edificio
El caso se remonta hasta 2016, cuando el fondo de inversiones finés Vauras Investments S.L adquirió el edificio completo del Bloque Llavors con el objetivo de rehabilitar los pisos para venderlos posteriormente. Un año después seis familias okuparon sendas viviendas –situadas en la calle Lleida del barrio de Poble Sec– y acabaron siendo desalojadas por los Mossos d’Esquadra en 2020.
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En un primer momento, un juzgado de Barcelona declaró suspender el proceso de desahucio, y en su resolución obligaba a la entidad a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables que habían okupado el edificio. Sin embargo, se recurrió la decisión, y días más tarde la misma juez decretó ejecutar el desahucio y entregar los pisos al fondo de inversiones.
2. Las presuntas amenazas del Ayuntamiento
En este contexto, Vauras presentó una querella asegurando que la alcaldesa amenazó a la empresa con no conceder la licencia de obras de rehabilitación del bloque sino ofrecían a las familias okupas un alquiler social. De acuerdo con la compañía, se opusieron a aceptar las presiones, y la empresa acabó siendo multada seis veces «como medida de coacción» por un total de 417.000 euros.
3. La norma catalana declarada inconstitucional
No obstante, Vauras no tuvo que abonar las sanciones porque la Ley en las que se basaban fue declarada inconstitucional por el Órgano de Garantías. El pleno del Tribunal Constitucional decretó la ilegalidad de varios artículos del Decreto Ley del Gobierno de Catalunya 17/2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. En este caso, el TC consideró que el Gobierno catalán había incumplido el derecho de propiedad reconocido en el artículo 33 de la carta magna. A pesar de ello, la causa contra Ada Colau prosiguió por la vía penal.
4. El caso, reabierto por la Audiencia de Barcelona
Una vez presentada la querella por parte de Vauras, ni la juez instructora ni la fiscalía valoraron que hubiera indicios de delito por parte de Colau y sus concejales. Sin embargo, el fondo de inversiones apeló ante la Audiencia Provincial de Barcelona, y en el mes de abril de 2022 decidió que los hechos podrían llegar a ser constitutivos de delito, por lo que decretó que se reabriera la causa.
Así las cosas, la alcaldesa de Barcelona ha manifestado ahora en sede judicial que, si bien ella se había interesado por los desahucios del Bloque Llavors por ser un asunto de «especial sensibilidad», no tuvo contacto alguno con Vauras ni intervino en los expedientes que se le abrieron. Según Colau, fue el gerente del Instituto Municipal de Vivienda quien los resolvió, de acuerdo con una propuesta de los servicios jurídicos.
5. La otra batalla judicial de Colau
El año pasado Colau también tuvo que declarar en calidad de imputada por un caso que investiga el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona. En este procedimiento la alcaldesa está investigada por otro presunto delito de prevaricación tras la concesión de subvenciones públicas a entidades afines por parte del consistorio barcelonés.
La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) presentó una querella contra la alcaldesa por presuntas irregularidades en la concesión de estas ayudas. De igual manera, la causa fue en un primer momento archivada por un juez, pero reabierta por la Audiencia de Barcelona.
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