Familias de los enterrados de ambos bandos ultiman un recurso para impedir las exhumaciones del Valle de los Caídos

La entrada en vigor de la polémica Ley de Memoria Democrática, que entró el vigor el pasado 21 de octubre, y que ha sido recurrida por Vox ante el Tribunal Constitucional, lejos de ser el culmen del «francomodín» de Pedro Sánchez en pleno año electoral, se ha convertido en el punto de partida de sus planes legislativos para los próximos meses. La nueva norma y los tres reales decretos que el Gobierno prevé aprobar para desarrollar el contenido del texto ya aprobado afectarán, en buena medida, a las exhumaciones de varios restos, presuntamente, enterrados en el Valle de los Caídos. Sin embargo, un total de 261 familias de fallecidos de ambos bandos durante la Guerra Civil que «han acreditado que sus antepasados yacen en la cripta bajo la Basílica de Cuelgamuros» ultiman un recurso para impedirlo.

No es la primera vez que los miembros de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos manifiestan –«tanto al Ministerio de la Presidencia, como a Patrimonio Nacional como a la propia Abadía Benedictina» que custodia el complejo religioso– su firme oposición a que «se remuevan los restos» de sus familiares y su intención de iniciar «cuantas acciones legales sea necesario para hacer valer sus derechos». Pero, en esta ocasión, y tras el aval del Supremo al levantamiento de las medidas cautelares que el juez titular de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid dictó, en 2021, para interrumpir temporalmente las licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para la acometida de los trabajos de acceso, acondicionamiento y extracción de los mismos, han acelerado los trámites.

Para ello se apoyan en el defectuoso estado de las tumbas afectadas por los trabajos que Sánchez comprometió, al menos, a la familia de dos caídos aragoneses del bando republicano, a los que en 2016 el auto de un juez reconoció la posibilidad de intervenir en el Valle de los Caídos para comprobar si estaban enterrados en el complejo religioso «porque ni siquiera está documentado que así sea», lamenta Pablo Linares, presidente de la Asociación para su Defensa.

Linares, además, asegura que para este Gobierno «sigue habiendo unas familias de primera y otras de segunda» y que «la voluntad de unas pasa por encima del deseo de las otras». «¿Por qué tienen más derecho quienes solicitan pruebas de ADN porque sospechan que sus allegados están en la cripta de la Basílica frente a los que, por ejemplo, tienen con toda certeza nueve caídos de una sola familia y se oponen a la profanación de sus restos?», se pregunta.

Imposible «individualizar los restos»

No en vano, al menos desde el año 2011, se apoyan en un informe forense encargado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ya recogió la «imposibilidad» de extraer algunos cuerpos sin afectar al resto dado que los mismos están indeferenciados, esparcidos y entremezclados, lo que hace que la mayoría de las identificaciones se presenten extremadamente complejas sino impracticables.

A ello, además, hay que sumar el hecho de que de las inspecciones visuales previas y varios informes técnicos preliminares confirmaron derrumbamientos parciales en la estructura subterránea que los acoge, filtraciones de agua y humedades que dificultan, todavía más, la posibilidad de separar unos cadáveres de otros sin dañarlos.

Si el «estado de los osarios fuera el idóneo para individualizar los restos» reclamados por algunas familias «esta asociación no se opondría sino que colaboraría proactivamente» en la obtención de los mismos «para que fueran repuestos a sus descendientes», aseguran quienes, por el contrario, piden respeto para «el descanso eterno» de sus padres y abuelos.