El Ministerio de Exteriores acaba de adjudicar por 325.870 euros un contrato para construir una sala a prueba de espías en su sede, en el número 8 de la plaza del Marqués de Salamanca, en el centro de Madrid.
La estancia contará con una cámara apantallada y será adaptada para albergar un
recinto de protección Tempest, según ha
publicado el Boletín Oficial del Estado este jueves, consultado por
El Debate.
Tempest hace referencia a las
emanaciones electromagnéticas no intencionadas que producen los equipos eléctricos y electrónicos que, tras ser detectadas y analizadas, pueden llevar a la obtención de
información sensible, según
señala el
Centro Criptológico Nacional, adscrito al
CNI.
De hecho, esta sala especial contraespionaje con la que el Departamento liderado por José Manuel Albares pretende evitar la fuga de datos comprometedores, debe estar acreditada por este organismo público dedicado a la ciberseguridad.
El requisito imprescindible es que la instalación evite que esa emisión de radiaciones electromagnéticas, que se mantienen por debajo de un umbral que las hace indetectables incluso a corta distancia, acabe con informaciones sobre nuestro país en manos de los servicios secretos de potencias extranjeras o de ciberdelincuentes.
A este contrato, negociado sin publicidad, se han presentado dos ofertas: una con el citado importe y otra cuyo coste ascendía hasta los 421.956 euros.
Contexto geopolítico
La subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ostenta Luís Manuel Cuesta Civís, se ha decantado por la más barata, presentada por
Álava Ingenieros, una
empresa tecnológica que ya ha trabajado, entre otros, con el
Ministerio de Defensa, otra de las carteras clave para la
seguridad nacional española.
Esta adjudicación se produce en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania y el apoyo de España al país presidido por Volodímir Zelenski. Es sabido que el SVR, los servicios secretos del Kremlin, cuenta con una importante red humana desplegada en el extranjero.
También en un momento en el que el Gobierno de
Pedro Sánchez se resiste a
explicar el giro de 180 grados producido sobre la postura española con el
Sáhara y su acercamiento a
Marruecos, país que podría estar detrás del
espionaje a dos centenares de teléfonos móviles españoles a través del programa
Pegasus, incluido el del líder del Ejecutivo.