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24 de abril de 2024

Pedro Sánchez y Cándido Conde-Pumpido

Paula Andrade

Tribunales

La Comisión de Justicia europea marca «de cerca» la situación del TC renovado a la medida de Sánchez

La Corte de Garantías presidida por Cándido Conde-Pumpido ha pisado el acelerador para validar algunas de las leyes más polémicas e ideológicas del Gobierno

Apenas unas horas después de que el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, pidiese ante el Rey Felipe VI un cambio en el modelo para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, ha asegurado que siguen muy «de cerca», también, la actual situación de nuestro Tribunal Constitucional y su composición de cara al informe 2023 sobre el Estado de Derecho en España.
«La Comisión sigue de cerca la situación del TC, en particular en el contexto de la preparación del Informe 2023 sobre el Estado de Derecho", recoge la respuesta oficial emitida al alimón por ambos comisarios a sendas cartas previas de la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa.
La contestación de ambas autoridades europeas refuerza el marcaje de Bruselas sobre la transparencia de las instituciones de los Estados miembros, en contra de la corrupción en general y sobre la politización del Poder Judicial en los Estados miembros, en particular. Una asignatura, esta última, en la que España está suspensa por la falta renovación del CGPJ, en funciones prorrogadas desde 2018. Eso sí, el cambio en la composición del órgano tendrá que llegar, previa modificación del sistema de elección vigente y, preferiblemente, antes de la Presidencia española del Consejo de la UE que se extenderá durante los últimos seis meses del año.

Dos exmiembros del Gobierno en el TC

Los nombramientos de dos exmiembros del Gobierno –la asesora de Moncloa y corredactora de la ley catalana de la Generalitat contra la sentencia del Supremo que impone el 25% de las clases en español, Laura Díez, y el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo– para el TC que está decidiendo sobre las cuestiones más controvertidas de la legislatura del Gobierno, están bajo la lupa de la Comisión de Justicia europea. La renovación del órgano de garantías, a la medida de Sánchez, junto con la reforma de la sedición, la rebaja de la malversación o el control de entidades como RTVE o el Tribunal de Cuentas, completan el abanico de incidencias que están en el radar fiscalizador de Bruselas sobre la calidad democrática de nuestro país, más allá de la prórroga del CGPJ en funciones recortadas.
Tanto Jourová como Reynders están «al corriente» de las designaciones consumadas por el Gobierno para el Constitucional. La misma Corte que ha avalado en sus tres primeros meses de andadura, desde que se produjese el relevo de un tercio de sus miembros, hasta seis leyes de carácter ideológico aprobadas por Sánchez con el apoyo de sus socios de Podemos, Esquerra (ERC) o Bildu.
A los radares de ambos comisarios, como ellos mismos han confirmado, no se les ha escapado la «suspensión» que el TC impuso en diciembre a la Mesa Senado para impedir la reforma con la que el Gobierno–por la puerta de atrás y en una enmienda a una ley que no tenía nada que ver con la materia– cambiaba el sistema de elección del propio Tribunal, previa reducción de la mayoría cualificada de tres quintos que la ley actual exige a los vocales del CGPJ para designar a los magistrados del mismo.
También saben de la preocupación por las declaraciones públicas de algunos miembros del Gobierno y políticos sobre los jueces. «Según las normas europeas, aunque los tribunales no son inmunes a la crítica y al escrutinio, el Poder Judicial debe gozar de la confianza pública para tener éxito, habida cuenta de su papel especial en la sociedad», han expuesto Jourová y Reynders en su nota de contestación a las advertencias y peticiones de Maite Pagaza.
«En dirección contraria», precisamente, por la rebaja de la malversación aprobada por el Gobierno de Sánchez, «que completa la impunidad a políticos y gobernantes autores de graves delitos contra la integridad del Estado de Derecho y el presupuesto público».
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