El Gobierno recurre a la Audiencia Nacional para seguir escondiendo los indultos de Juana Rivas y María Sevilla
El Gobierno recurre a la Audiencia Nacional para seguir escondiendo los indultos de Juana Rivas y María Sevilla
El Gobierno recurre a los servicios de la Abogacía del Estado para evitar dar a conocer las razones por las que concedió sendas medidas de gracia
Martes, 27 de junio. El Gobierno no quiere hacer pública la documentación que justifica los indultos de Juana Rivas y María Sevilla. El departamento dirigido por Pilar Llop ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional con el fin de impugnar la resolución 0355/2023 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le obligaba a facilitar, a instancias de El Debate, los informes que manejó el Consejo de Ministros para conceder la medida de gracia a la madre de Maracena, condenada por sustracción de menores.
Además, solicita la suspensión cautelar de la ejecución de la resolución del CTBG hasta que haya sentencia firme pues «se trata de un acto de ejecución instantánea cuya no suspensión produciría un perjuicio irreparable», ya que «la eventual sentencia estimatoria sería estéril al haber accedido el demandante a la información solicitada» y «no podría restituirse el estado de cosas a la situación anterior al momento de la ejecución del acto, pues la información estaría ya a disposición del solicitante».
Junto a ello, ha pedido a la Abogacía del Estado que haga lo propio en el caso de la expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla, también condenada por sustracción de menores, y, aunque la documentación de la demanda aún no ha sido remitida a El Debate, los servicios jurídicos del Gobierno quieren impugnar la resolución 0364/2023 que obligaba al Ministerio de Justicia a hacer públicos algunos de los documentos que justificarían la medida de gracia.
Naranjo
De momento, además de admitir el recurso interpuesto en el caso de Juana Rivas, la sala ha abierto una pieza separada para dirimir si adopta dichas medidas cautelares o no, al tiempo que se ha dirigido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para solicitarle toda la información referente al expediente en cuestión.
Así, el Ministerio de Justicia se sirve de los servicios de la Abogacía del Estado para emprender dos procedimientos judiciales que le permitirían mantener la opacidad sobre las razones de los indultos y, en todo caso, dilatar en el tiempo la ejecución de dichas resoluciones más allá de la campaña electoral.
El órgano independiente encargado de velar por la transparencia de las administraciones públicas obligaba a Justicia a remitir en ambos casos «las razones de equidad y justicia por las que se ha concedido el indulto, suprimiendo, en su caso, la mención de concretas circunstancias personales, familiares o sociales de la persona indultada», tal y como había solicitado El Debate.
Además, también tendrían que haber facilitado «los pronunciamientos contenidos en los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador que expresen sus respectivas posiciones sobre sobre la concesión del indulto y las razones en las que se sustentan, suprimiendo, en su caso, la mención de concretas circunstancias personales, familiares o sociales de la persona indultada».
Todo ello, teniendo en cuenta que, en el caso de Rivas, había diferentes posiciones al respecto de la medida, como evidenció el Tribunal Supremo, que elevó un informe en el que sus magistrados mostraron su división, al producirse un empate entre ocho magistrados que encontraron razones para proponer el indulto parcial y otros ocho que se oponían al mismo, por lo que no emitieron posición clara.
En el caso de María Sevilla, la Fiscalía fue la que se opuso a la reducción de la pena de privación de la patria potestad para evitar «una sanción pública de impunidad que aliente la comisión de nuevos delitos», teniendo en cuenta, además, que, desde diversos sectores, incluso desde el Gobierno, se defendió a la mujer que mantuvo a su hijo encerrado para protegerle de unos supuestos abusos sexuales cometidos por el padre del menor, que jamás tuvieron una condena judicial.
De hecho, la propia Irene Montero ha sido recientemente condenada por el Tribunal Supremo a indemnizar con 18.000 euros al exmarido de Sevilla por acusarle, sin prueba ni condena alguna, de maltratador, en la comparecencia en la que se felicitaba del indulto.
Así, ahora desde Justicia se ha optado por acudir a la vía legal para socavar el derecho a la información que previamente había amparado el CTBG, en casos de tanta relevancia social como los indultos de Juana Rivas y María Sevilla.
Ambas resoluciones llegaron, además, después de un largo periplo administrativo en el que Justicia puso todas las excusas posibles para evitar explicar las razones por las que concedió los indultos, entre las que se encuentran que «nunca ha concedido el acceso a expedientes de indulto, con la única salvedad de los relativos a los penados del procés» y que ya existe «un control parlamentario del ejercicio del derecho de gracia por el Gobierno».
Transparencia amparó el derecho a la información
Sin embargo, el CTBG fue claro y sentenció que debían facilitarse, entre otras razones, porque el derecho a saber «bajo qué criterios actúa el Gobierno en el ejercicio de la prerrogativa de gracia», permitiría a la ciudadanía diferenciar, tal y como sentenció el Tribunal Supremo, entre «la prerrogativa de gracia aceptada en el Estado constitucional con la indulgentia principis propia de la Roma imperial o de las Monarquías absolutas, cuyo ejercicio y extensión no respondía a más voluntad que la de su titular».
Sin embargo, el Gobierno no quiere mostrar el dossier que contiene los motivos por los que indultó a las denominadas por Irene Montero «madres protectoras», a pesar de las solicitudes de este periódico.
Ambas han sido elevadas a la categoría de iconos del feminismo enarbolado por la ministra de Igualdad e hizo de ellas un referente en la lucha contra la violencia de género. «Justicia y reparación y el cierre de una brecha entre la legislación sin perspectiva de género y una madre que protegió a sus hijos de la violencia machista», dijo Irene Montero el día en el que se concedió el indulto parcial a Rivas.
Además, añadió que «este indulto ha sido posible por las mujeres que juntas salieron a decir que Juana estaba en su casa, por las juristas, abogadas y psicólogas que nunca la han dejado sola, por la lucha del movimiento feminista. El Gobierno acierta cuando se pone del lado de las mujeres».
Pedro Sánchez reniega de Irene Montero
Sin embargo, ahora la campaña electoral lo trastoca todo y, además maniobrar legalmente para que no se conozcan los informes que justificaron el indulto, el ala socialista reniega de tal feminismo. A Pedro Sánchez ya no le duelen prendas a la hora de criticar a Montero cuando antes la defendía y hacía suyas las leyes del Ministerio de Igualdad.
De hecho, ha aprovechado sus últimas entrevistas para cargar contra ella. «Hay una impresión de que hay ciudadanos, hombres de entre 40 y 50 años, que han visto, en algunas ocasiones, no tanto las políticas, como el conflicto y algunos discursos han sido incómodos hacia ellos», argumentaba en los micrófonos de Más de Uno, el programa que dirige Carlos Alsina en Onda Cero.
Así las cosas, ahora el PSOE reniega de las palabras de una de las integrantes de su Gobierno, una vez que Montero ha sido apartada de la primera línea política por sus propios compañeros a la hora de conformar las listas de Sumar.
Pero los indultos están ahí. Tanto el de Juana Rivas como el de María Sevilla y el Gobierno aún no ha explicado por qué los concedió. Razones de «justicia y equidad» decían en su publicación en el BOE, pero sigue sin desvelar cuáles son y con un proceso judicial en curso, parece que no será pronto.
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