Cándido Conde-Pumpido, nuevo presidente del Constitucional y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno
Tribunales
La prueba de fuego de Sánchez a Conde-Pumpido: el TC tendrá que avalar la cesión de diputados del PSOE a Junts y ERC
Si la Mesa del Congreso autoriza el préstamo de escaños de los socialistas a sus socios separatistas catalanes, la Corte de Garantías podría ser invocada en amparo por PP o Vox
El PSOE necesita del apoyo del mal llamado bloque de la izquierda parlamentaria, pese a que incluye formaciones de la extrema derecha más tradicional, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) de Sabino Arana, para conformar, a partir del 17 de agosto, una Mesa del Congreso afín y obtener, así, los apoyos numéricos que permitirían a Pedro Sánchez ser el candidato a reeditar la presidencia del Gobierno en la futura sesión de investidura que tendrá lugar a la vuelta del verano.
Para lograrlo, los socialistas continúan manteniendo conversaciones en la sombra con sus socios prioritarios de Sumar, PNV, Esquerra (ERC), EH Bildu y BNG, además de buscar el 'sí' de Junts, el partido del expresidente catalán fugado de la Justicia española, Carles Puigdemont. Aunque todo ello pasa por una serie de promesas que Sánchez no podrá cumplir, con la ley en la mano, y que, en último término, tendrá que resolver el Pleno del Tribunal Constitucional presidido por el magistrado gestado desde la Moncloa, Cándido Conde-Pumpido.
No en vano, los socialistas exploran en sus encuentros con ERC, su principal aliado durante la pasada legislatura, el compromiso de que pese a sus resultados electorales podrán conformar grupo parlamentario propio. Sánchez es consciente, sin embargo, de que para ello no caben más que dos posibles vías: o tener 15 diputados como el PSOE, PP, Vox y Sumar, o contar con 5 escaños y, como mínimo, superar el 15 % de los votos correspondientes a las circunscripciones en las que cada una de las siglas hubiesen presentado candidaturas.
Es decir, de acuerdo con la aritmética de las urnas resultante de las pasadas elecciones generales del 23-J, tanto Junts como ERC superan el requisito del número mínimo de parlamentarios, siete cada uno, pero no el del porcentaje mínimo de voto, ya que el partido de Oriol Junqueras aglutina tan sólo el 13,1 % de los votos mientras que la cifra se reduce al 11,1% en el caso de la formación que lidera Carles Puigdemont. Un escenario de datos objetivos que, de acuerdo con los expertos, «no admite interpretación». «La Mesa no puede decir que superan el 15 % cuando no es así», apostillan los juristas consultados por El Debate.
De modo que no existe más alternativa para Junts y Esquerra que la opción de alcanzar los 15 diputados mediante la cesión de parlamentarios de otros partidos para conseguirlo. Una herramienta que, si bien no es inédita en democracia, cuenta con no pocos inconvenientes en el caso actual.
En primer lugar por la complejidad de una operación en la que el PSOE debería favorecer, al mismo tiempo, a dos formaciones que son competidoras entre sí y que, por lo tanto, preferirían ser beneficiadas con el trasvase de escaños en exclusiva: ERC podría vetar a Junts, y viceversa, para lograr que tenga grupo propio.
En segundo término, es que tanto los de Puigdemont como los de Junqueras necesitan ocho diputados cedidos, dieciséis en total, y un préstamo de semejante entidad dejaría al PSOE con tan sólo 105 escaños, un dato no menor ya que el número de los mismos es clave para el reparto de puestos en las comisiones parlamentarias. Sánchez estaría, por lo tanto, sacrificando la representatividad de los socialistas en las comisiones y demás órganos de la Cámara Baja, que se distribuyen a partir de la entidad de cada grupo, para favorecer a los separatistas catalanes y obtener, a cambio, su apoyo en una futura y eventual investidura.
Escollos legales «insalvables» para el TC
Además, y por añadidura, a los problemas netamente políticos que se desprenden del galimatías de concesiones que Sánchez promete al independentismo –con tal de reeditar la Presidencia frankenstein del Gobierno– están los importantes y graves escollos jurídicos para lograrlo. Y es que, según el artículo 27.2 del Reglamento del Congreso, «cuando los componentes de un Grupo Parlamentario, distinto del Mixto, se reduzcan durante el transcurso de la legislatura a un número inferior a la mitad del mínimo exigido para su constitución, el Grupo quedará disuelto y sus miembros pasarán automáticamente a formar parte de aquél».
Es decir, si Junts o ERC conformasen grupo a partir de la cesión de ocho diputados del PSOE, que les permitiría alcanzar la cifra legal mínima exigida de 15, al menos dos de los socialistas en préstamo no podrían retornar a su grupo inicial, ya que de suceder esto ambos grupos separatistas quedarían de nuevo sólo con sus 7 miembros originales, y siendo esta cifra inferior a la mitad de quince, incurrirían en causa de disolución. Así las cosas, el PSOE tendría que renunciar a dos escaños, uno para Junts y otro para ERC, de manera permanente durante toda la legislatura.
Sin embargo, el mayor obstáculo con el que se encontrará Sánchez, y por extensión la Mesa del Congreso que prevé conformar a partir de la segunda quincena de este mismo mes, es el del artículo 23.2 del Reglamento del Congreso donde se especifica que: «En ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido». No pueden coexistir, por tanto, ni dos, ni tres grupos socialistas, ni populares, ni de Vox fraccionando sus diputados. ¿Cómo interpretar entonces la existencia de un grupo principal del PSOE y otro grupo compuesto por ocho escaños socialistas y siete de Esquerra?, ha preguntado El Debate a jueces, catedráticos y ex letrados en Cortes.
El diagnóstico es claro: «En este supuesto cabría deducir que el PSOE estaría dividiendo a sus diputados para conformar no uno, sino tres grupos parlamentarios distintos y que, con ello, se vulnera el Reglamento de la Cámara». Aunque «la última palabra sobre el caso la tendría la Mesa, que con arreglo a la ley vigente tendría que denegarlo, todos los acuerdos adoptados por la Presidencia, de acuerdo con el órgano colegiado, son recurribles en amparo ante el Tribunal Constitucional», añaden los juristas.
Y será entonces cuando llegue la verdadera prueba de fuego de Sánchez al TC renovado a su medida para que resuelva, de manera favorable, el préstamo de diputados del PSOE a sus socios de Junts y ERC para recabar sus apoyos y conformar un nuevo Ejecutivo socialista de concentración de siglas. Una hipótesis que, a juicio de varios magistrados, incluso a pesar de Conde-Pumpido resulta «insalvable» para la Corte de Garantías.
Para entonces, pese al revés del fallo judicial, la legislatura podría estar iniciada y el PSOE en el Gobierno decir «no es culpa mía, yo hice lo que pude». La 'hoja de ruta' de Sánchez y su plan negociador habrán servido, únicamente, para adentrar al país en un callejón ingobernable –con la consabida traición a los separatistas–, corto –ya que habría que convocar nuevas elecciones generales– e improductivo.
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