Imágenes captadas por las cámaras de seguridad del bar donde se produce el presunto envenenamiento
De envenenar una croqueta que dio a su marido (presuntamente) a sospechosa de falsificación
A Marta, una abogada de Zaragoza rubia, alta y atractiva, ahora le investigan por falsificar la firma de su marido para quedarse con sus bienes
Una mañana de agosto de 2022 Juan se levantó con mal cuerpo, con efectos similares a los de una gran borrachera, pero él no había bebido. Intuyó que algo le habían hecho. La última persona que recordaba que había estado con él era su todavía mujer, Marta. Hacía unas semanas la esposa le había echado de la casa de buenas a primeras diciéndole que quería el divorcio. Juan no lo vio venir y quedó estupefacto.
Sospechó de ella inmediatamente. Después de despertarse miró sus cuentas y comprobó que en las últimas horas le habían sacado 27.000 euros. Él no recordaba absolutamente nada, no tenía memoria. No sabía ni cómo había llegado a casa. Al comprobar quién era la beneficiaria de las trasferencias se dio cuenta que era Marta. Dedujo que le había envenenado y acudió al hospital a hacerse un análisis de orina. Dio positivo en benzodiacepinas y alcohol. Él no había tomado ni unas ni lo otro. Probablemente, todo hubiese quedado ahí, sin pruebas, palabra incontestable de mujer contra palabra de hombre, de no ser por las cámaras de seguridad del local donde quedaron grabadas.
Allí observaron como Marta presuntamente manipulaba una croqueta. Los investigadores creen que la pudo envenenar. Cuando el juez le preguntó a la mujer por las trasferencias de dinero y la intoxicación, ella, afligida, lo negó todo. Se preguntó en alto que para qué le iba a robar sin su consentimiento si él se había portado tan mal con ella que le había donado todas sus propiedades. Para justificarlo aportó dos contratos privados con las firmas de ella y él.
Cuando el juez le enseñó las firmas a Juan, el hombre de forma espontánea y natural le dijo: «Esa no es mi firma». En el documento en cuestión Juan donaba por la cara a la mujer que lo había echado de casa con cajas destempladas todas sus propiedades: por ejemplo, unos terrenos en Montes de Torrero cuyo precio puede llegar a rondar casi los dos millones de euros. Además, aunque le había expulsado del domicilio conyugal, Juan se comprometía en ese documento, falso según los peritos, a ingresar su sueldo en la cuenta común para que ella pudiera disponer de sus emolumentos a su antojo. Incluso el varón llegaba a reconocer el 50 % de una deuda que Marta tenía con su propio padre.
Tamaña generosidad para con una mujer que le había dado la patada sin explicaciones no era creíble. Sin embargo, no fue hasta que un perito de parte aseguró que la firma de Juan era falsa, que al juez instructor le empezó a sonar la mosca detrás de la oreja. Encargó a su propio perito judicial un informe, y el especialista concluyó lo mismo: «Afirmo categóricamente que la firma dubitada que obra en el documento fechado en Zaragoza el 18 de julio de 2022, atribuible a D. Juan no ha sido realizada por dicha persona».
Ahora Marta, la abogada sindicalistas alta, rubia y guapa puede ser acusada de estafa procesal. Un delito más grave que el de falsificación. La idea es que con esos documentos falsos, según los peritos, quería presuntamente engañar al juez y hacer que se confundiera en su resolución.
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