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10 de mayo de 2024

La líder de Sumar y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz (d), y el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez

La líder de Sumar y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz (d), y el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro SánchezEFE

Un Ejecutivo cautivo

Sánchez y Díaz pactan un programa de Gobierno 24 escaños por encima de sus posibilidades

La coalición nace con una precaria mayoría parlamentaria y presa del independentismo catalán y vasco. La única medida para la que el Ejecutivo no necesitará a sus socios es la subida del SMI

El único pacto que podrían haber alcanzado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sin contar con nadie más es precisamente el que aún no han alcanzado. O, al menos, el que por ahora no han dado a conocer: el del reparto de los ministerios, puesto que la Constitución confiere al presidente la potestad en exclusiva de elegir a los miembros de su Gobierno.
Para todo lo demás, la coalición nace con una precaria mayoría parlamentaria de 152 escaños y presa del independentismo catalán y vasco. Más aún que en la legislatura pasada, porque entonces Junts no era necesario y ahora sí. Aunque nada se sepa a ciencia cierta de lo que los socialistas están negociando con Carles Puigdemont, más allá de las especulaciones y las filtraciones.
Sánchez y Díaz presentaron este martes su acuerdo para Una nueva coalición de Gobierno progresista en España –así la bautizaron– 24 escaños por encima de sus posibilidades. Fingiendo que ellos solos se bastarán y sobrarán para aprobar las medidas en él contenidas. Simulando tener una mayoría absoluta que no tienen y a la que ni se acercan: el PSOE dispone de 121 escaños y Sumar, de 31.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, tras firmar su pacto de Gobierno

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, tras firmar su pacto de GobiernoEFE

Pero el espejismo duró lo que tardó en conocerse el veredicto de los miembros del Consell de la República en la consulta no vinculante: el 74,9 % de los que votaron apostaron por que Puigdemont bloquee la investidura de Sánchez. Y solo la cuarta parte votó a favor de un acuerdo con el PSOE. Aunque el resultado no es vinculante, sí lo suficientemente contundente como para Puigdemont tenga una razón más para volar los puentes, si así lo decide. Si bien es cierto que, de los 90.484 inscritos en el Consell, solo participaron 4.021.

Un presidente hipotecado desde siempre

Que el acuerdo entre Sánchez y Díaz incluya la derogación parcial de la Ley de seguridad ciudadana es el mejor ejemplo de que Sánchez nunca ha sido un presidente libre, sino uno enormemente hipotecado. La legislatura pasada, él mismo y Pablo Iglesias ya pactaron derogar la que la izquierda rebautizó como «ley mordaza». El PSOE y Unidas Podemos tardaron años en ponerse de acuerdo en cuanto al alcance de su reforma. El pasado mes de marzo, cuando al fin lo consiguieron, ERC y Bildu la tumbaron en la Comisión de Interior del Congreso por «edulcorada» e «insuficiente». Lo peor es que Podemos, ya por entonces en guerra contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, culpó del fracaso a los socialistas por no haber tenido cintura para negociar con Bildu y Esquerra.
Así pues, en el caso de que el candidato del PSOE logre ser investido presidente, casi ninguna de las medidas incluidas en su pacto con Díaz podrá ser aprobada sin el concurso de ERC, Bildu y el resto de los socios, que serán los acreedores de Sánchez. La subida del SMI es la única, puesto que el Gobierno tiene el poder de subirlo unilateralmente. ¿Aceptará el PNV la reducción de la jornada laboral, por ejemplo?

Sánchez necesitará 172 escaños para aprobar leyes ordinarias y decretos ley y 176 para leyes orgánicas

El presidente no podrá disfrazar su debilidad parlamentaria aprobando decretos ley o decretos legislativos en el Consejo de Ministros, porque ambos requieren la convalidación del pleno de la Cámara Baja. Es decir, más síes que noes, lo mismo que para la aprobación de cualquier ley ordinaria.
El problema extra para el futurible Ejecutivo es que va a tener enfrente un «bloque del no» formado por 171 escaños: los 137 del PP, los 33 de Vox y el de UPN. Así que, en la inmensa mayoría de las leyes y decretos ley, Sánchez y Díaz necesitarán una mayoría de al menos 172 diputados para saltar ese muro, 20 más de los que suman los dos socios del Gobierno. Con los siete de ERC, los seis de Bildu, los cinco del PNV y el del BNG no le da. Se queda en 171, a uno.
Ahí entra en juego Coalición Canaria, que tiene un escaño: no será clave en la investidura (de hecho, se abstendrá), pero sí aspira a serlo en la gobernabilidad de España y para la aprobación de las leyes ordinarias, como lo es la de los Presupuestos. No obstante, para la aprobación o modificación de leyes orgánicas, Sánchez necesitará inevitablemente a los siete de Puigdemont, puesto que éstas requieren mayoría absoluta de 176 escaños. La ley de amnistía lo será.

Los palos en la rueda de Podemos

Por si fuera poco, en el grupo parlamentario de Sumar hay cinco diputados de Podemos, formación que este martes ni siquiera quiso valorar el acuerdo alcanzado porque no conocían el detalle, según la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero. Tan poco se fían en Sumar de Podemos que Ada Colau amenazó a los morados con cortarles el grifo de la financiación si se rebelan: «Podemos ha firmado un acuerdo con Sumar para ir juntos a las elecciones y debe cumplir, o no tendrá retorno en materia económica», avisó la exalcaldesa de Barcelona.
En su acuerdo, Sánchez y Díaz no solo pasan por alto que les faltan 20 escaños en el Congreso para una mayoría simple y 24 para la mayoría absoluta. También hablan de desarrollar y aplicar la ley de vivienda que aprobaron en mayo, como si dependiera de ellos. Cuando, en realidad, las competencias están transferidas a las comunidades, y son ellas las que deben declarar las famosas «zonas de mercado tensionadas», condición sine qua non para limitar el precio de los alquileres.
El PP preside 11 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, y además gobierna en coalición en Canarias. Pero es que tampoco a todos los socios de Sánchez les gusta le ley de vivienda: el Parlament de Cataluña la recurrió ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias autonómicas, con los votos de ERC y Junts. El programa de Gobierno de la coalición rebasa las líneas competenciales en algunas otras materias, como Sanidad y Educación, así que se adivinan más roces con sus compañeros parlamentarios de viaje.
«Vienen cuatro años más de progreso, de convivencia, estabilidad, e ilusión. Vienen cuatro años más de izquierda», proclamaron este martes el PSOE y Sumar. Cuando ni siquiera tienen pactada la investidura, cuanto menos la legislatura.
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