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26 de febrero de 2024

La presidenta del Congreso, Francina Armengol

La presidenta del Congreso, Francina ArmengolEfe

Congreso de los Diputados

Armengol fracasa en sus dos primeros intentos por sustituir al letrado mayor del Congreso que se opuso a la amnistía

El máximo responsable jurídico del Parlamento, Carlos Gutiérrez Vicén, ha notificado a la presidenta de la Mesa que deja el cargo tras más de diez años de dedicación

La presidenta de la Mesa del Congreso, Francina Armengol, no encuentra un reemplazo para el puesto de letrado mayor de la Cámara Baja tras la salida del máximo responsable jurídico del Parlamento durante los últimos diez años, Carlos Gutiérrez Vicén. Y es que, según han reconocido a El Debate fuentes próximas a la Mesa del Congreso, la tarea se le está complicando a la socialista quien, en los últimos días desde que se conociese la decisión de Gutiérrez Vicén, habría recibido al menos dos negativas por parte de los candidatos a los que se lo ha propuesto.
En plena cuenta atrás para la investidura de Pedro Sánchez, y sin que Armengol haya comunicado todavía una fecha oficial, a nadie se les escapa que la amnistía que el PSOE acelerará a partir del martes, tras la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, obliga a los letrados del Congreso a pronunciarse, en un informe preceptivo pero no vinculante, antes del debate parlamentario del futuro y eventual texto.
Un escenario que no parecen muy dispuestos a asumir quienes saben que el primer reto que abordarían, al aceptar la condición de secretario general del Congreso, pasa por blanquear una figura jurídica que su predecesor dejó claro –con la Proposición de Ley de ERC y Plural (Junts, la CUP y el PDeCAT) de 2021– que era «palmaria y evidentemente contraria» al artículo 62 i) de la Constitución. No en vano, hace tan sólo dos años que los Letrados de la Cámara Baja, capitaneados por Gutiérrez Vicent, consideraron que la amnistía se trataba de un «indulto de carácter general» camuflado.

El cargo ha quedado vacante tras la renuncia de Carlos Gutiérrez Vicent que, en 2021, firmó el informe técnico que tumbó el intento de amnistía anterior

El letrado mayor de las Cortes Generales, también llamado secretario general del Congreso de los Diputados, es un alto funcionario elegido por la Mesa del Parlamento, a propuesta de la Presidencia, de entre los miembros del Cuerpo de Letrados con más de cinco años de servicio activo e ininterrumpido en el mismo.
Su principal competencia es la de prestar asesoramiento jurídico a los órganos de la Cámara Baja, por lo que el perfil y la trayectoria del elegido serán determinantes para conocer la posición del nuevo pull de técnicos de la sede de la soberanía nacional, en relación al 'borrado penal' que prepara Sánchez para el procés y su encaje, o no, en la Constitución.

Los juristas inadmitieron la anterior

La dificultad que, de por sí, encierra justificar, desde un punto de vista netamente legal una amnistía que, en la anterior ocasión se planteó como herramienta para la «resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español» es que, cualquier nuevo intento cuenta con la negativa previa, y rotunda, de la Dirección de la Asesoría Jurídica del Congreso.
En 2021, el informe preliminar de los Letrados de la Cámara aconsejó la «inadmisión a trámite» de la Proposición de ley, instada por el bloque de partidos separatistas catalanes en el hemiciclo porque «corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales» que era lo que, en definitiva, aquel texto pretendía enmascarar a juicio de los técnicos. Siguiendo el criterio de los expertos, la norma fue vetada con los votos del PSOE, PP y Vox; y, tan sólo los dos representantes de Unidas Podemos votaron a favor de impulsar su tramitación.
De nuevo cabe recordar que el secretario general del Congreso saliente, Carlos Gutiérrez Vicén, máximo funcionario de la Cámara y jefe de la Asesoría Jurídica que Armengol se afana en reemplazar, fue el encargado de leer, a puerta cerrada, el informe de los letrados. «Con independencia de cómo se titule y del objetivo de la proposición de ley analizada, ésta contiene en sí misma todos los elementos de un indulto de carácter general», sostuvo el Cuerpo técnico anterior. Algo a todas luces inconstitucional.
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