La presidenta del Congreso durante el pleno de constitución de la Cámara Baja, en agosto
Legislatura
Armengol acepta la amnistía y admite su debate parlamentario sin contestar la recusación del letrado mayor
La presidenta del Congreso de los Diputados ha tratado de ignorar la petición del PP sobre el actual secretario jurídico que habría obligado a aplazar la deliberación sobre el texto de la norma
Sin dar respuesta, por escrito, de manera formal a la petición formulada por el Partido Popular en la que se pedía apartar al letrado mayor de las Cortes y secretario jurídico del Congreso, al entender. que existen amplias y justificadas dudas acerca de su imparcialidad sobe la ley de amnistía, tras ser nombrado directamente desde la Subsecretaría del Estado de Política Territorial.
La presidenta del hemiciclo, Francina Armengol, se ha apoyado este martes en el dictamen favorable del ex alto cargo socialista que ella misma designó, hace unas semanas y ha optado por seguir adelante con la tramitación de la norma sin responder, formalmente y por escrito a la recusación formulada por el PP. Una decisión que, de no ser enmendada en próximas fechas podría suponer un defecto de forma esencial para la invalidar las decisiones tomadas en el seno de la Mesa del Parlamento y, por extensión, para la amnistía que ésta autorizaba debatir, casi con certeza, a mediados del próximo mes de diciembre.
Y es que, según ha podido confirmar El Debate, la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría del PSOE y Sumar y en contra del PP, calificaba de manera favorable el texto de la Ley de Proposición de Amnistía para Cataluña tras conocerse el sentido del dictamen jurídico de la misma acerca de la ausencia de signos de inconstitucionalidad «palmarios y evidentes» y en el que se cedía al órgano colegiado la responsabilidad de aceptar el debate de cualquier iniciativa legal que cumpla con los criterios formales requeridos.
Sin embargo, la protesta expresa de los representantes 'populares' en el seno del órgano colegiado, al comienzo de la sesión fijada este mismo martes, no ha servido para disuadir una Armengol determinada a cumplir con el polémico asunto de la amnistía.
Consciente de que «está obligada» a contestar «en tiempo y forma» a la recusación instada por la oposición política contra el letrado mayor, Armengol ha dado por buena una «pseudo respuesta verbal» con la que «trata de cerrar la puerta a una impugnación» del acto administrativo que supondría un escrito descartando la falta de neutralidad planteada por los populares sobre la figura de Fernando Galindo, el ex subsecretario de Estado de Política Territorial designado por los socialistas para asumir la dirección letrada de las Cortes Generales durante la próxima legislatura.
Así se han sucedido los acontecimientos, en el marco de una muy tensa reunión de la Mesa de la Cámara Baja que, con mayoría del PSOE y Sumar y en contra del voto del PP, calificaba de forma favorable la ley de amnistía tras el mencionado dictamen del que fuera ex alto cargo del Ejecutivo de Sánchez, hasta dos días antes de incorporarse como asesor del Congreso en materia legal.
Galindo no detectaba elementos de inconstitucionalidad «palmarios y evidentes» en el texto presentado por el grupo parlamentario socialista para el borrado penal del procés y cedía al órgano colegiado la responsabilidad de aceptar, en cualquier caso, la necesidad de hurtar el debate de la iniciativa legal que, a su juicio, cumple con los criterios formales inicialmente requeridos.
Armengol se desmarcaba de la recusación instada, unas horas antes, sobre el que es su máximo asesor jurídico, asegurando que la solicitud de los populares era una mera «carta dirigida a ella» sin connotación alguna sobre el proceso ya iniciado y, posteriormente, resolvía en una votación «de viva voz» dar luz verde a la próxima discusión del texto normativo en el seno del Congreso de los Diputados.
La socialista también afeó a los secretarios del PP en la Mesa que «criticasen a su mujer», en referencia a la parte del documento en la que se recordaba que el letrado mayor de las Cortes, recientemente designado, «está casado con quien ha sido directora general de Relaciones con las Cortes hasta el pasado 30 de noviembre», fecha en la que presentó su renuncia tras conocerse la designación de su marido para el cargo de secretario jurídico de dicha institución.
Un escenario en el que, además, contribuía con ella el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero de la Mesa y quien habría actuado «más bien» a modo de «portavoz del Gobierno dentro de la misma».
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