Fernando Alejandre: «El Poder Judicial es el último dique contra la involución democrática de la amnistía»

Fernando María Alejandre (Valladolid, 1974) es un abogado procesalista, especializado en recursos de casación civil y recursos extraordinarios por infracción procesal ante el Tribunal Supremo, materia sobre la que ha participado en diversas ponencias, cursos y talleres especializados. Es miembro del Grupo Casación y Recursos Especiales del madrileño despacho Cuatrecasas.

Asimismo, posee una consolidada experiencia en litigación comercial asociada a la contratación mercantil, tanto en su fase precontenciosa como judicial, en sectores relevantes como la reclamación de daños por infracciones del derecho de la competencia, la distribución de carburantes o los derivados del sector de la construcción. Alejandre acaba de publicar, en coautoría con varios de sus compañeros, el libro: El nuevo recurso de casación, de la editorial Aranzadi.

- El nuevo recurso de casación, es el título del libro recién estrenado en el que participa con otros autores. ¿Cuáles son las novedades?

- En el ámbito civil, que ha sido el más afectado por la reciente reforma, en lugar de hablar de simples «novedades», sería más propio decir que el Real Decreto-Ley 5/2023 ha supuesto un cambio radical en cuanto a la propia naturaleza de lo que hasta ahora veníamos entendiendo como recurso de casación. Dicho brevemente, los cambios más importantes han consistido en la desaparición del recurso extraordinario por infracción procesal y, en cuanto al recurso de casación propiamente dicho como vía para denunciar la vulneración del derecho sustantivo de fondo, la desaparición de la vía de acceso al recurso por razón de la cuantía.

El resultado de todo ello ha sido la materialización del interés casacional como verdadera piedra angular del recurso de casación civil, de forma semejante a como sucede desde hace años en la vía contencioso-administrativa.

Modificar la casación vía Decreto ha hurtado injustificadamente el debate parlamentario, resultando una regulación poco meditada, con claros desajustes y omisiones graves

- ¿Era necesaria esta reforma? ¿En qué va a mejorar las garantías y la tutela de los ciudadanos que se dirijan al Supremo?

- Era unánime la opinión de que la regulación del recurso de casación debía cambiar porque desde la propia aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2000 arrastraba serias disfunciones que, por ejemplo, impedían que en determinados casos pudieran impugnarse ante el Supremo ciertas infracciones procesales. Esto se ha corregido con la reforma, de forma que ahora en todos los supuestos podrán denunciarse ante el Alto Tribunal tanto las infracciones procesales como las infracciones de derecho sustantivo que puedan cometer las sentencias de segunda instancia. Desde este punto de vista, al menos en teoría, la tutela jurídica del ciudadano ha salido reforzada.

Ahora bien, siendo necesaria una reforma del recurso de casación, no resulta tan claro que fuera ésta la reforma que nuestro recurso de casación necesitaba y, sobre todo, que fuese ésta la forma de llevarla a cabo. La decisión de hacerlo por el cauce de un Real Decreto-Ley ha hurtado (injustificadamente) el debate parlamentario que una reforma de este calado exigía y ha dado como resultado una regulación poco meditada, con claros desajustes y omisiones graves.

- ¿Es este nuevo recurso más eficaz? Y, sobre todo, ¿se acerca a lo estándares europeos?

- La eficacia o ineficacia de la nueva regulación podrá apreciarse mucho mejor cuando el Tribunal Supremo comience a analizar los recursos que se han interpuesto desde su entrada en vigor, lo cual, viendo el nivel de sobrecarga que soporta actualmente, no sucederá hasta bien entrado el año que viene. Esperemos que en ese momento podamos afirmar que la reforma efectivamente ha consolidado la figura del recurso de casación como el verdadero elemento integrador de nuestro ordenamiento jurídico, que es la función intrínseca que le corresponde y la que también tiene en los países de nuestro entorno.

- El Alto Tribunal está colapsado por la parálisis en los nombramientos del CGPJ, ¿ayudarán las novedades a aligerar el ritmo de las sentencias?

- Hay varios aspectos de la reforma que tienen como finalidad clara agilizar la tramitación de los recursos de casación. La principal de ellas quizás sea haber limitado la extensión de los recursos (a 50.000 caracteres incluyendo espacios), lo que obligará a los abogados a ser mucho más selectivos en cuanto a los argumentos que pretendan alegar, pero hay también otras medidas encaminadas a ello, como la eliminación del trámite para hacer alegaciones frente a la providencia que anticipaba las posibles causas de inadmisión del recurso. Todo esto sin duda debería contribuir a descongestionar el Tribunal Supremo.

Junto a estas medidas, entre los abogados que nos dedicamos específicamente a los recursos de casación existe el temor de que la reforma pretenda contribuir a la descongestión del Tribunal Supremo por la nada deseable vía de incrementar aún más las inadmisiones de los recursos. Desde luego, las medidas introducidas por la reforma para simplificar y agilizar la inadmisión (mediante providencia inmotivada en lugar de auto motivado, como sucedía hasta ahora) parecen apuntar claramente en esa línea.

En nuestra opinión, todo esto va a incrementar la enorme exigencia técnica que el recurso de casación siempre ha tenido y, con ello, va a dificultarse aún más si cabe el acceso al recurso. Por esa razón, nosotros consideramos que es imprescindible que la preparación de los recursos de casación quede exclusivamente en manos de abogados especializados, como llevamos haciendo en Cuatrecasas desde hace años.

- ¿Cómo valora, en su condición de jurista, el bloqueo del Consejo?

- Resulta completamente intolerable que el bloqueo del CGPJ, que tiene exclusivamente una explicación política, redunde en perjuicio de la Administración de Justicia y de los derechos de los justiciables. E, indudablemente, una responsabilidad directa en ello la tiene el Gobierno, que no tiene el menor escrúpulo en anteponer sus intereses personales y partidistas al beneficio del común de los ciudadanos. Un ejemplo directo de ello referido precisamente al recurso de casación es que el bloqueo del CGPJ impide el nombramiento de las plazas vacantes de magistrados en la Sala Primera del Tribunal Supremo.

El bloqueo del CGPJ tiene una explicación exclusivamente política que perjudica a la Justicia y los derechos de los ciudadanos

- Usted es abogado en ejercicio, ¿considera que la Justicia se ha depreciado en los últimos años?

- Basta con salir a la calle y preguntar a cualquier persona, ajena al mundo jurídico, que haya tenido alguna experiencia de primera mano con la Justicia para llegar a esa conclusión. Y la crítica más habitual suele ser (no sin razón) la lentitud de la Justicia. Suele decirse que una Justicia lenta no es Justicia, y esto es así en la gran generalidad de los casos.

A mí siempre me ha llamado mucho la atención que determinados partidos políticos y agentes sociales que afirman defender los intereses de los trabajadores de a pie repitan como un mantra sus consignas estereotipadas sobre la educación y la sanidad públicas de calidad. Y sin minusvalorar en absoluto la importancia de la educación y la sanidad públicas, lo cierto es que no se ve a esos mismos partidos y agentes sociales manifestarse exigiendo una Justicia más moderna, mejor equipada, dotada de los medios más tecnológicos y eficaces, y con jueces y magistrados más reconocidos y mejor retribuidos. En lugar de ello, se prefiere ir aplicando parches aquí y allá, dando lugar a una Justicia lenta y anquilosada.

- ¿Hasta qué punto lo ha hecho, recientemente, a partir de la amnistía?

- Por paradójico que pueda parecer, la amnistía y todas sus perversas consecuencias están sirviendo para que, a los ojos del ciudadano, la Justicia recupere parte de su prestigio perdido, porque los agentes jurídicos (el CGPJ, los jueces y magistrados, los tribunales tanto nacionales como comunitarios) parecen ser los únicos que pueden poner freno a todo este disparate. En este sentido, el Poder Judicial está siendo el último dique contra la involución democrática a la que este Gobierno quiere llevarnos, y a él tenemos que confiarnos.

El mercadeo de la amnistía a cambio del pacto de investidura supone un atentado indisimulado contra la división de poderes que es la base del Estado de Derecho

- ¿Le parece que la medida está a la altura de un Estado de Derecho y un Tribunal Supremo como el nuestro?

- A cualquier profesional del mundo del Derecho medianamente sensato lo que estamos viviendo últimamente en España le parece una situación gravísima y un escándalo sin precedentes. El mercadeo de la amnistía a cambio del pacto de investidura supone un atentado indisimulado contra la división de poderes y contra la independencia del poder judicial, que es el verdadero pilar de un Estado de Derecho. Desde ese punto de vista, la amnistía y todo lo que conlleva es de todo punto inaceptable.

- ¿Cuál es, a su juicio, el camino para recuperar el prestigio institucional perdido entre los ciudadanos?

- Al ciudadano particular, ajeno muchas veces a los grandes debates, le preocupa la Justicia cuando le afecta personalmente. Y para que tenga una buena opinión de ella es indispensable que sea una Justicia eficaz, rápida y diligente; y para que ello sea posible hace falta apostar decididamente por ella e invertir el dinero que haga falta para conseguirlo. Ése será un buen punto de partida para recuperar el prestigio y la confianza en la Justicia, porque la alta calidad de los medios humanos (los jueces y magistrados, los demás funcionarios de Justicia, los propios abogados, etc.) ya la tenemos; lo que necesitamos es proveerles de los mejores medios materiales para lograrlo.