Alberto Núñez Feijóo junto a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García y el presidente del Senado, Pedro Rollán
El PP advierte en un informe que la amnistía es «el mayor atentado» contra la seguridad jurídica
Los 'populares' también han asegurado que la polémica medida de gracia es «un formidable ejercicio de manipulación» y un «notorio ejemplo de desinformación»
El borrador del informe que el PP en el Senado ha elaborado para evaluar el impacto autonómico de la Ley de Amnistía concluye que esta norma es «el mayor atentado contra el principio de seguridad jurídica que se ha producido en España desde la aprobación de la Constitución de 1978».
«La extensa y prolija exposición de motivos de la Ley de Amnistía es un formidable ejercicio de manipulación. El relato de los hechos y del contexto de las conductas amnistiadas es un notorio ejemplo de desinformación», agregan los 'populares'.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular considera que la medida de gracia es plenamente inconstitucional, y que «deja desprotegido el Estado autonómico» al sentar «un precedente muy peligroso» para su propia supervivencia.
El documento, que debate la ponencia de la Comisión General de Comunidades Autónomas, advierte además que la proposición de ley que tramita la Cámara Alta «puede ofrecer una expectativa de impunidad» y alentar todo tipo de movimientos separatistas y «actos insurreccionales».
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Los 'populares' han promovido la confección de este dictamen en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, a fin de que la comisión general autonómica se pronuncie respecto a una norma que en paralelo sigue su tramitación en la Cámara.
Para el PP, la proposición de ley se opone a «principios esenciales del Estado de Derecho, y quebranta el principio de igualdad, la reserva de jurisdicción, el derecho a la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica», por lo que la norma, siempre según el borrador, afecta negativamente a las Comunidades Autónomas y a sus ciudadanos.
Para el grupo popular se produce también una «flagrante violación» de la igualdad, entre otros aspectos, en lo referido al delito de malversación de caudales públicos, porque al detraerse fondos públicos «de forma ilícita» se afecta a la Hacienda única del Estado de la que se financian todas las autonomías, cuyos intereses son lesionados.
«La vulneración del principio de igualdad, de la reserva de jurisdicción y del derecho a la tutela judicial efectiva determina que la amnistía destruye la vigencia del principio de seguridad jurídica, esencial en el Estado de Derecho», prosigue.
Insiste además en que la amnistía sólo podría ser incluida en el ordenamiento jurídico mediante una reforma de la Constitución y denuncia que, al no haberse abordado esta modificación, se ha privado al Senado del papel que le corresponde en estos casos.
En resumen, se produciría un «golpe muy duro para el estado constitucional»; desde un punto de vista político porque el efecto de la ley es la «deslegitimación del Estado, de su derecho y de sus instituciones» y desde el punto de vista jurídico porque «debilita la fuerza vinculante de los principios del Estado de Derecho» y de la Constitución.
Entre los diversos aspectos de la ley analizados en las 25 páginas del dictamen que mañana se votará en la ponencia de la Comisión General de Comunidades Autónomas, se apunta la «tramitación fraudulenta» de la proposición en la que el Parlamento «ha sido un convidado de piedra» porque se negoció fuera de España con Carles Puigdemont.
Su finalidad, concluye, «no es la reconciliación, sino la obtención de los siete votos de Junts necesarios para la investidura de Pedro Sánchez».
En suma, el texto propuesto por el PP reitera la «manifiesta inconstitucionalidad» de la amnistía y trata de desmontar su defensa por parte del Gobierno, por ejemplo, al afirmar que «la ausencia de una prohibición constitucional expresa» no es «argumento suficiente» para justificar su adecuación a la Carta Magna.
«Tampoco el derecho de secesión o autodeterminación de una fracción del pueblo español está prohibido expresamente, y es evidente que las Cortes no podrían legítimamente reconocerlo», concluye el PP.
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