El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Senado
Con una iniciativa parlamentaria
El PP exige el cese de García Ortiz en el Senado por sus actos «infames», «sectarios» y «de apoyo al PSOE»
Los 'populares' han presentado una moción en la Cámara Alta en la que argumentan que el fiscal general del Estado ha realizado un «incumplimiento grave y reiterado» de su cargo
El PP ha presentado una moción en el Senado en la que piden la destitución de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado ya que consideran que «hay razones más que sobradas» para que el Gobierno de Pedro Sánchez le releve en virtud del Estatuto que regula al Ministerio Público. La normativa vigente, tal y como recogen los 'populares' en su iniciativa parlamentaria –a la que ha tenido acceso El Debate y fechada el pasado 24 de abril– recoge que el máximo dirigente de la Fiscalía puede cesar «por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones» o «por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la Ley».
El documento de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo recalca que el mandato de García Ortiz «ha estado rodeado de polémica desde su nombramiento en 2022» debido «a los escándalos que protagoniza y que dañan la imagen de una más de nuestras instituciones». «Su nombramiento no obtuvo el apoyo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que emitió informe desfavorable, siendo la primera vez que ocurre en los casi 50 años de democracia», agregan.
La moción del PP, firmada por su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, subraya que «los propios fiscales han pedido al Gobierno que se anule el nombramiento de García Ortiz por su condena por desviación de poder y su apoyo 'descarado' al Gobierno de Pedro Sánchez». Además, también recuerdan que una de sus primeras decisiones como Fiscal general del Estado fue el colocar a Dolores Delgado –su antecesora en el cargo– «como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo», decisión que el Alto Tribunal anuló por apreciar «desviación de poder», y a la que «se había opuesto la mayoría del Consejo Fiscal».
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García
Para los 'populares' «entre sus actuaciones más sectarias y de apoyo al partido socialista está la instrucción dada a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid para que enviara a los medios de comunicación desde su gabinete de prensa una nota de prensa con la cronología de las conversaciones privadas mantenidas entre el letrado de Alberto González y el fiscal del caso, ya que al tratarse de la pareja sentimental de una dirigente del Partido Popular, podía tener rédito político». En consecuencia, consideran que esta acción que involucra al novio de Isabel Díaz Ayuso «se trata de un caso gravísimo de violación del secreto profesional y de un derecho tan fundamental como el de defensa jurídica en los tribunales de justicia».
«Otra actuación infame del Sr. Ortiz es su actitud ante los ataques y acusaciones de lawfare a sus compañeros jueces y fiscales del procés por parte de los nacionalistas catalanes, donde no ha hecho nada para defenderlos», asegura el PP para después añadir que «desde Europa, tanto el Grupo de Estado contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, como la Comisión Europea, repetidas veces han apercibido a España respecto a la necesaria independencia del Fiscal General del Estado y el Ejecutivo, sin ocultar su preocupación por esta relación anómala».
Los 'populares' expresan que el fiscal general del Estado ha demostrado un «deficiente esmero en la pulcritud del desempeño» de su cargo, por lo que con la moción instan al Gobierno que «proponga la destitución de forma inmediata de Álvaro García Ortiz» por un «incumplimiento grave y reiterado», y que se «designe un nuevo fiscal general del Estado que cumpla con los requisitos legales para su elección».
De esta manera, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García, ha aseverado que «si Sánchez quiere ser creíble lo primero que tiene que hacer es cesar al Fiscal General», dado que «muchas han sido las ocasiones en las que se ha puesto al servicio del Gobierno y no de los españoles, como cuando impidió al Consejo Fiscal elaborar un informe para el Senado sobre la amnistía». «El Fiscal General del Estado no puede seguir al frente de una institución tan importante ni un segundo más», ha zanjado.
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