El ministro Torres amenaza a los benedictinos con la expulsión del Valle de los Caídos

El Gobierno continúa con la pugna por expulsar a los 21 monjes benedictinos del Valle de los Caídos, que la Ley de Memoria Democrática renombró como Valle de Cuelgamuros. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a expresar esta intención en una entrevista en el periódico oficialista El País, donde directamente dice «queremos que se vayan».

Torres amenaza directamente a los religiosos y confirma que están hablando con las autoridades eclesiásticas porque «debe ser un centro laico que sirva para explicar la guerra y lo que vino después». «No cabe que se queden», ha reiterado el expresidente de Canarias, señalado por un caso de corrupción en la venta de mascarillas en la etapa en que gobernaba en dicha comunidad autónoma.

En la entrevista al medio pro sanchista, el ministro reconoce que los monjes no quieren irse y que hay «cierta resistencia», pero añade que también la hubo «para exhumar los restos de Francisco Franco y al final la justicia lo avaló».

Como ya avanzó El Debate el pasado mes de abril, fuentes del Ministerio señalaban que su intención es llegar a un acuerdo por las buenas, pero también reconocían que será muy difícil porque saben que los monjes no se quieren ir. Con estos no hay comunicación alguna por parte del Ejecutivo, como tampoco la hubo durante los procesos de exhumación de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, según fuentes del entorno de la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz. Y, aunque el Gobierno quisiera intentarlo por la vía de la Conferencia Episcopal, el órgano de gobierno de los obispos españoles no tiene jurisdicción sobre el Valle: compete directamente a la Santa Sede.

El Ministerio que dirige Torres está trabajando, por ende, en la redacción de cuatro reales decretos (con rango de reglamento) de desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre de 2022. Lo está haciendo en coordinación con otros ministerios como Transición Ecológica, Hacienda y Cultura, dada la «complejidad» de la materia. De ahí que sean necesarios dos años para completar el proceso.

Uno de esos decretos, el que afecta a los monjes benedictinos, establecerá un nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros para determinar su organización, funcionamiento y régimen patrimonial. La intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es transformarlo en un centro de interpretación.

Pero la presencia de los monjes es el mayor obstáculo para el Gobierno, puesto que sigue en vigor un convenio que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (de titularidad pública) y la Abadía Benedictina de Silos firmaron en 1958. Y que, en teoría, el Ejecutivo no podría romper de forma unilateral. O no sin empezar una batalla judicial con los benedictinos. «El Gobierno socialista lleva unos años de vida y la orden del benedictina, por el contrario, desde el siglo VI», sostienen fuentes cercanas a los monjes.