PP y Vox llegan a final de año sin acuerdo para los presupuestos de 2025 en seis regiones

Hace un año, por estas fechas, el Partido Popular y Vox ya habían alcanzado un acuerdo para las que eran sus primeras cuentas públicas en las respectivas comunidades donde gobernaban juntos desde hacía pocos meses. Hoy, desde que salieron de los cinco gobiernos de los que formaban parte —o retiraron su apoyo, en el caso de Baleares— en julio, la distancia entre ambos se ha acrecentado, llegando incluso a oírse la posibilidad de que haya un adelanto electoral en algunas regiones.

En las últimas semanas, una gran parte de las comunidades autónomas han aprobado los presupuestos, gracias a que cuentan con mayoría absoluta, bien del PP, como es el caso de Andalucía, Cantabria, Galicia, La Rioja y la Comunidad de Madrid, así como la ciudad autónoma de Melilla, bien del PSOE, como Castilla-La Mancha. En otras, los socios de los gobiernos de coalición han alcanzado acuerdos para sacar adelante las cuentas del nuevo año: en Asturias, en Canarias, en Navarra, en el País Vasco, y en Ceuta.

Sin embargo, Aragón, Baleares, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, en las que hasta hace cinco meses PP y Vox eran socios, empezarán 2025 sin tener cerrado ningún acuerdo y, por tanto, a partir del 1 de enero, con los del año anterior prorrogados, algo que no ven mal desde Vox, puesto que estos se negociaron con ellos. Tampoco Cataluña cierra el año con los presupuestos atados, aunque previsiblemente Salvador Illa terminará alcanzando un pacto con ERC. No obstante, Oriol Junqueras avisó a los socialistas que «no habrá presupuestos hasta que se cumplan los acuerdos incumplidos» cuando fue reelegido presidente de los republicanos.

La dificultad para llegar a un acuerdo en la negociación entre los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal contrasta, sin embargo, con el entendimiento que han mostrado en los ayuntamientos que comparten, como por ejemplo en Ciudad Real, Alicante, Elche o Zaragoza hace unos días, o en Toledo este mismo lunes.

Ya aseguraron desde Vox cuando empezaron las conversaciones que no habría una orden uniforme de aprobar todos o ninguno, sino que se estudiaría cada presupuesto. Y por el momento, los propuestos por los barones populares y sus equipos no han convencido a la formación de Abascal, cuyo apoyo es indispensable para que salgan adelante, si bien el PP se ha abierto a hablar con los diferentes grupos parlamentarios.

Abascal ya advirtió que las negociaciones serían «mucho más difíciles», y que no los apoyarían si no había una «rectificación completa» de lo que a su juicio se ha estropeado desde que salieron de los gobiernos. Lo que incluiría desde la cuestión migratoria, que supuso esa salida de los ejecutivos, hasta el tema lingüístico, pasando por lo que tiene que ver con las leyes de memoria o las subvenciones a sindicatos, por ejemplo.

Especialmente incisivos han sido los dirigentes de Vox y los líderes territoriales en la lucha contra la inmigración ilegal, de hecho el partido suspendió las negociaciones en estas regiones a principios de este mes ante la reunión del Gobierno central, el de Canarias y el PP para la reforma de la ley de extranjería, que acabó sin acuerdo. Algo a lo que Feijóo respondió que su partido no se sometería a «chantajes de ningún tipo, ni de un lado ni del otro».

La primera dirigente popular que retiró su proyecto de presupuestos por falta de apoyos fue Marga Prohens, tras la ruptura con Vox. Según indicó a mediados de este mes el portavoz del PP en el Parlamento de Baleares, Sebastià Sagreras, su formación tiene la intención de tener un «preacuerdo» cerrado en febrero, y señaló que «no dejará fuera de la negociación a ningún partido».

En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que la semana pasada prorrogó las cuentas de 2024, insiste en el diálogo y la «mano tendida» a los partidos que tienen representación en las Cortes para llegar a un acuerdo. En ambos casos el runrún electoral es una realidad, especialmente en esta segunda comunidad, donde las últimas elecciones se celebraron en febrero de 2022 y podrían adelantarse a 2025.

Tensión hay también en Extremadura, donde María Guardiola asegura que no renuncia a presentar unos presupuestos para este año. La dirigente popular afirmó hace unos días que no permitirá el «bloqueo» de la región y señaló que «antes o después, Extremadura necesita una mayoría suficiente que sea capaz de desprenderse de los condicionantes que ni aportan ni suman». No obstante, este lunes la Junta hizo un movimiento que le puede acercar a un entendimiento con Vox, como es aceptar la tramitación de la ley de Concordia que proponen los de Abascal.

En Murcia, desde el Gobierno de Fernando López Miras han trasladado estos días que siguen trabajando en las cuentas públicas y, interpelando a Vox, que sus líneas fundamentales son, en palabras de su consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Martín, «exactamente las mismas que lo fueron el año pasado», cuando este las apoyó, por lo que entienden que deberían hacer lo propio en esta ocasión.

Por otra parte, en Aragón, desde el Gobierno de Jorge Azcón ven posible llegar a acuerdos para los presupuestos. La portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, aseguró la semana pasada que estos tendrán «los mismos principios inspiradores» que los de 2024, y, además, apuntó que veía el acuerdo en Zaragoza entre ambos partidos como «un indicio» ante la negociación a nivel regional.

El caso de la Comunidad Valenciana es diferente, dado que la tragedia de la dana ha provocado que se tengan que replantear de nuevo las cuentas públicas, para que se centren en la reconstrucción. Su presidente, Carlos Mazón, se comprometió la semana pasada a intentar que haya presupuestos en 2025 e interpeló al resto de grupos para que asumieran «su responsabilidad».

En la última rueda de prensa del año desde Bambú, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, señaló que en algunos barones regionales del PP su partido percibía una «poderosa influencia» de Feijóo y Génova y les pidió abandonarla. Por su parte, en su balance de año, el líder del PP acusó al partido de Abascal de tener «comportamientos contradictorios y confusos».