Ábalos acusa al Supremo de hacerle una investigación «prospectiva»: «Pretende una revisión general»

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo para impugnar la decisión del juez Leopoldo Puente, por el caso Koldo, en el que encargaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizar un informe patrimonial sobre él, porque según su defensa «se pretende una revisión general de la actuación del investigado».

Así, a juicio de la defensa de Ábalos, se trata «de lo que la doctrina y la jurisprudencia denominan fishing expedition – que significa salir a 'pescar' delitos a pesar de que estos no estuvieran bajo el foco de la investigación inicial, de ahí su nombre en inglés– contra el investigado» y considera que «lo que buscan es indagar en la vida y obra de su representado para ver si, en el curso de dicha indagación, existen otros delitos que puedan ser descubiertos, partiendo del convencimiento de la fuerza investigadora sobre la criminalidad del investigado».

Tras esto, la defensa de Ábalos también recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) ha incluido dentro del derecho a un proceso con todas las garantías la prohibición de la 'inquisitio generalis', y añade que la jurisprudencia del propio TS también se ha pronunciado sobre las causas generales «afirmando que someter a una persona a una investigación prospectiva es del todo incompatible con los principios de un Estado democrático de derecho».

Según él, la investigación prospectiva se refleja en la «muy amplia y genérica» investigación patrimonial que se quiere realizar sobre Ábalos, ya que «no determina el periodo de tiempo que abarca» ni para él ni para su hijo Víctor Ábalos.

Lo califica de 'inquisitio generalis'

Y se pregunta si «la investigación patrimonial acordada se refiere a la fecha objeto de investigación de este proceso, o acaso, a la fecha en que Ábalos se hizo cargo del ministerio o, se extiende la investigación al momento que inició su carrera política».

Del mismo modo también califica de 'inquisitio generalis' la investigación del patrimonio de Víctor Ábalos en tanto en cuanto «no ha tenido ninguna participación en la realización del hecho delictivo objeto de investigación (...), ni tan siquiera como responsable civil subsidiario».

Pero también añade que todo esto ha sido «sin darle la oportunidad de personarse en las actuaciones como testigo», lamenta, para luego subrayar que en lo instruido «no aparece ningún dato de que haya podido tener ningún beneficio económico».

Critica los aforados sin suplicatorio

Por otro lado, le parece llamativa la petición del juez de revisar comunicaciones telefónicas que conciernen a los investigados: Ábalos, su exasesor Koldo García y el presunto conseguidor Víctor de Aldama. Y señala que «extiende la investigación a personas aforadas como son Ángel Víctor Torres, Santos Cerdán, y otros aforados más que pudieran aparecer; sin darles la oportunidad de defenderse y sin tan siquiera solicitar un suplicatorio».

También se fija en su nueva citación como investigado, reprogramada para el 20 de febrero y señala que esa comparecencia se advierte de que se podrían ponderar «la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal respecto a él».