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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García OrtizEuropa Press

Tribunales

El juez Ángel Hurtado prolonga la investigación del fiscal general durante seis meses más

El magistrado instructor de la causa que mantiene imputado a Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ha decretado la prórroga de las diligencias en curso

El magistrado instructor Ángel Luis Hurtado ha acordado hoy, en un auto al que ha tenido acceso El Debate, la prórroga por seis meses más de la investigación judicial que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, antes de que expire el plazo actual que empezará a contabilizarse, a los efectos buscados, a partir del próximo día 24 de marzo.

El auto señala que, de acuerdo a la doctrina de la Sala Segunda del Supremo, el primer plazo para concluir la investigación en las presentes diligencias previas, que se incoaron por auto de 30 de octubre de 2024, se extendería hasta el 29 de octubre de 2025, sin necesidad de prórroga alguna pero ha preferido pronunciarse al respecto ante las dudas manifestadas por algunas de las partes personadas en el proceso.

No en vano, la fecha de incoación de las diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, se remonta al 1 de abril de 2024, o la fecha de registro en este Tribunal Supremo de la querella formulada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, al 24 de marzo del pasado año, pese a que en ese momento no se la dio curso, por lo que interesaban que fuese tomada esta última, como la referencia para el inicio del cómputo de la investigación.

Sin embargo, el magistrado Puente ha recordado que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la posibilidad de acordar prórrogas sucesivas a la inicial de un año si no es previsible finalizar en ese año la investigación, lo que entiende que sucede en el caso concreto que ocupa a la imputación de García Ortiz.

Además, el juez ha hecho constar en su resolución cómo si bien «durante la práctica de la diligencia de entrada y registro realizada el 30 de octubre de 2024 en el despacho del investigado, Álvaro García Ortiz, se contó con su total colaboración, las diligencias practicadas han puesto de relieve que ha sido inexistente en orden al esclarecimiento de los hechos».

Y es que al «haber hecho desaparecer la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos», la misma «ha debido ser suplida mediante una investigación tecnológica de no poca complejidad, que, incluso, hace necesario, por ahora, en el momento en que se encuentra el avance de la causa, tener que estar a la espera del resultado de unas comisiones rogatorias remitidas a Irlanda» a las empresas Whatsapp y Google, «cuya respuesta es previsible que no llegue con anterioridad al próximo 24 de marzo de 2025, y que, incluso, a resultas de lo que ellas aporten, pudiera ser necesario la práctica de alguna otra diligencia de investigación más», recoge el auto.

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