Don Juan Carlos abre un debate inédito: ¿debe un ex Jefe de Estado soportar que le difamen sin reaccionar?

Desde que el rey Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo Felipe VI, el 18 de junio de 2014, cuestionado por la triple investigación abierta en la Fiscalía Anticorrupción sobre los asuntos económicos del monarca, muchos han sido los que le han señalado como un «corrupto» y le han acusado de «defraudador fiscal», «evasor probado» o «apátrida fiscal» sin que nunca haya sido, ni siquiera, formalmente procesado por ningún delito.

Desde las filas de Podemos, por ejemplo, calificaban de «indigna» la «huida» de Don Juan Carlos a Emiratos Árabes Unidos, donde reside en la actualidad, y recrudecían sus ataques hacia la figura regia: «Es un delincuente confeso, un sinvergüenza que, como mínimo, ha estafado y ha defraudado a todos los españoles y españolas».

Tampoco se quedaban atrás otros representantes políticos, de otras formaciones que, como el ex presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla se refería de manera reiterada al padre del Rey actual como «presunto corrupto», «hortera», «evasor fiscal del reino» o «fugado», entre otras lindezas.

Un rosario de declaraciones «injuriosas, difamantes y oprobiosas» que el cántabro habría realizado de manera pública, entre mayo de 2022 y enero de 2025, y que el Rey Juan Carlos I no ha querido dejar pasar por alto. Por ello, este martes, anunciaba que llevaría ante los Juzgados de Primera Instancia de Santander al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a través de una demanda civil en defensa de su derecho al honor.

Así las cosas, la decisión del Don Juan Carlos, inédita en democracia, ha abierto un debate cuya pregunta de fondo es si un ex Jefe de Estado –cuya condición conlleva soportar críticas muy duras, hasta hirientes u ofensivas– ¿debe admitir que se desnaturalice su presunción de inocencia hasta el punto de tolerar, en silencio y sin reaccionar, que un cargo público le 'calumnie' de manera reiterada?.

Como ex Jefe de Estado, Don Juan Carlos tiene un umbral de tolerancia más alto que los ciudadanos privados, pero no ilimitado

Los expertos consultados por El Debate, arrojan luz sobre este dilema. Cuando alguien deja de ser Jefe de Estado, «su estatus cambia, pero no necesariamente el nivel de escrutinio o crítica al que puede estar expuesto, especialmente si su paso por el cargo dejó un impacto significativo o polémico». Sin embargo, «el equilibrio entre lo que debe soportar y los derechos que conserva, como el honor o la intimidad, ha de ajustarse al nuevo contexto», indican los juristas.

Mientras desempeña el cargo, el Jefe de Estado «está en el foco del interés público, y las críticas —incluso las más duras, hirientes u ofensivas— se justifican en parte por la necesidad de transparencia y rendición de cuentas», pero «una vez fuera del puesto, ese interés público» aunque no desaparece del todo, «especialmente si sus acciones pasadas siguen siendo relevantes o debatidas», «sí decrece».

Es decir, en el caso de Don Juan Carlos I, «sigue siendo una figura pública con un grado menor de exposición que cuando estaba en activo».

Por ello, apuntan los especialistas en Derecho Constitucional consultados por este diario, «al dejar la jefatura del Estado, la protección de derechos como el honor o la intimidad tiende a fortalecerse, porque ya no ejerce un poder, aún cuando sea neutral, que justifique un escrutinio tan intenso».

Caben, por supuesto, «las críticas» que podrían hasta «seguir siendo duras, pero si cruzan el límite hacia lo injurioso o calumnioso —por ejemplo, afirmaciones falsas presentadas como hechos, sin base alguna—, pasan a ser menos tolerables legalmente».

De hecho, «la jurisprudencia en muchos países» de nuestro entorno «reconoce que las figuras públicas, incluso tras dejar sus cargos, tienen un umbral de tolerancia más alto que los ciudadanos privados, pero no ilimitado». Si las opiniones o las reprobaciones «se vuelven ataques personales desproporcionados o infundados, podrían vulnerar el derecho al honor».

Por lo tanto, «un exjefe de Estado debe esperar críticas fuertes, incluso ofensivas, como eco de su pasado en el poder o por su posición, pero no está obligado a soportarlas en la misma medida que durante su mandato o ejercicio. El nivel de tolerancia disminuye considerablemente y cuenta con un escudo protector de sus derechos más sólido que antes de abandonar sus funciones».

Si el Rey Juan Carlos I entiende que «las calificaciones» que se han dirigido contra él «son injustificadas o malintencionadas» resulta evidente que «pueda defenderse invocando sus derechos, aunque siempre bajo el análisis de un contexto específico» —¿qué se ha dicho, cómo, durante cuánto tiempo, con qué intención...?—. En definitiva, el monarca, «a buen seguro es consciente de que seguirá siendo blanco de sus detractores quienes no pueden actuar con total impunidad».