La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador
Como adelantó El Debate
El novio de Ayuso aporta a la jueza más de 60 documentos que prueban la legalidad de sus negocios con Quirón y pide cerrar la causa
En un escrito de casi treinta páginas de extensión, el empresario Alberto González Amador ha detallado, una a una, cada una de las respuestas que dio ayer, en su declaración, sobre su actividad profesional
Tras su primera declaración judicial, durante más de dos horas y media, el novio de Isabel Díaz Ayuso ha solicitado al juez, como adelantó ayer verbalmente su defensa y avanzó El Debate en primicia, el «sobreseimiento» de la pieza separada en la que está siendo investigado por des nuevos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.
El escrito de cerca de treinta páginas en el que los abogados de Alberto González Amador aportan más de sesenta documentos diferentes, y al que ha tenido acceso este diario, ha sido presentado a la juez Inmaculada Iglesias , este mismo viernes, para demostrar que la totalidad de los negocios de del empresario con el Grupo Quirón fueron y son completamente legales, como él mismo aseguró y argumentó durante su comparecencia.
Los contratos, facturas, extractos bancarios, asientos contables,... registrados, se refieren tanto a la relación de González Amador con las mercantiles Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el fomento del Medioambiente, S.L y Circulo Belleza S.L. –después Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering S.L.–; los ingresos obtenidos de su actividad en 2019, 2020 y 2021 con origen en Quirón Prevención S.L.U.; la adquisición de la empresa Círculo Belleza/Masterman; así como la cesión de los contratos, la contabilización y liquidación de los impuestos en los ejercicios 2021 y 2022.
Una nutrida colección documental que incide en la «inexistencia de ocultación de ingresos, el adelanto del pago de impuestos y el cambio de calificación por la AEAT [Agencia Tributaria] en la consideración de la existencia de sociedad interpuesta en fecha 21.12.2021 a su inexistencia el 1.01.2022».
Y de la que se desprende que «no existiendo actividad delictiva alguna relacionada con los hechos considerados en los autos de 23 de octubre de 2024 y de 17 de marzo de 2025» jugaría a favor del archivo de la investigación iniciada por la juez Iglesias, en paralelo a las pesquisas originales, de acuerdo con las tesis de los partidos políticos que ejercen la «acusación popular» en una pieza separada «que carece de contenido alguno, que carece de víctima alguna y que versa sobre hechos que carecen de relación alguna con ningún ilícito penal».
