García Ortiz adjudica tres de las últimas cuatro plazas de fiscal de Sala a candidatos de la UPF

Una vez más, en contra de la mayoría del Consejo Fiscal y, de nuevo, envuelto en la polémica, el fiscal general del Estado ha confirmado su propuesta de cuatro nuevos candidatos a ocupar las mismas vacantes disponibles, hasta ayer, en el seno de la más alta categoría del escalafón institucional. No en vano, tres de las cuatro designaciones previstos para fiscales de Sala que Álvaro García Ortiz ha elevado al Consejo de Ministros, tras el Pleno de este martes, han recaído en aspirantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que él mismo presidió antes de acceder a la primera línea del Ministerio Público.

Pese a que, desde su llegada al cargo, García Ortiz «no ha tenido pudor alguno en favorecer, de manera evidente» a los perfiles más afines frente a otros «más veteranos o cualificados» en algunos de los puestos más sensibles del escalafón, esta última entrega ha sido especialmente «descarnada», apuntan algunas fuentes consultadas por El Debate.

Una política de nombramientos que le ha garantizado el control de las mayorías en ámbitos como, por ejemplo, el 'generalato' del Ministerio Fiscal en asuntos tan sensibles como su propia imputación en el Supremo o el apoyo a la amnistía diseñada por el Gobierno para los líderes separatistas catalanes condenados por el procés.

De hecho, el fiscal general ha rechazado «ni siquiera debatir», como pedían la mayoría de los vocales del CF, la inclusión de criterios de baremación objetiva para clasificar los méritos de los solicitantes de futuras vacantes, alegando que eso «supondría mermar» su «discrecionalidad» a la hora de tomar decisiones en una selección donde, en efecto, tiene la última palabra.

Así las cosas, en los concursos discrecionales de plazas, y según ha podido confirmar El Debate, de forma unánime, los vocales de la Asociación mayoritaria (AF) informaron a favor de Antonia Guijarro, para la comisión de servicios en la Fiscalía Especial Antidroga. En el caso de las dos plazas para la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, los propuestos por García Ortiz para ambos casos fueron Elisa María Lamelas con los informes de tres vocales de AF, dos vocales de la UPF, la vocal de APIF y las vocales natas; y Diego Lucas Álvarez, con los informes de tres vocales de AF y las vocales natas.

Por su parte, Luis Lafont Nicuesa recibió a su favor tres informes de los vocales de AF, Ana Victoria Rojo Alonso los informes de dos vocales de AF; Oscar Presa González, los informes de dos vocales de UPF; Mª Ángeles González Roldán los informes de una vocal de AF y la vocal de APIF.

Para la plaza titular de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, Gloria Alonso Ballesteros fue propuesta por el Fiscal General del Estado con el respaldo de los vocales de AF, un vocal de UPF, la vocal de APIF y las vocales natas, informando un vocal de UPF a favor de Begoña Barrutia Soliberdi.

También, por unanimidad, los consejeros informaron a favor de la «peticionaria única» de la plaza de fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, pese a que ha resultado «en cierto modo sorprendente el escenario para una plaza de esta naturaleza», acordándose por el máximo titular del Ministerio proponer a María Eugenia Prendes Menéndez.

En el caso de la plaza de fiscal de Sala de Seguridad Vial, los vocales de la AF emitieron sus informes en favor de Luis Carlos Rodríguez León y la vocal de APIF en favor de Francisco Javier Muñoz Cuesta. Por su parte, los vocales de UPF y las vocales natas mostraron su apoyo en favor de Mario Jesús Sanz Fernández-Vega, quien fue finalmente elegido por el fiscal general del Estado.

Como fiscal de Sala Coordinador de Delitos Económicos, García Ortiz informó que propondría a Fernando Rodríguez Rey, con el respaldo de los vocales de UPF y las vocales natas, informando los vocales de AF a favor de Luis Rodríguez Sol y la vocal de APIF a favor de Carmen Launa Oriol.

En cuanto a la polémica plaza de fiscal de Sala Coordinador de Delitos contra la Administración Pública, los vocales de la AF solicitaron, como ya habían recogido en la carta abierta enviada a García Ortiz, a principios de esta semana y revelada en primicia por este diario, en primer lugar «la exclusión de este punto del orden del día, coherentemente con la posición» que mantuvieron en el Pleno Extraordinario celebrado el pasado 2 de octubre 2024, relativo al Informe del Consejo Fiscal sobre el Proyecto de Real Decreto de ampliación de plantilla y creación de, entre otras, esta vacante.

«Entendimos entonces, y así quedó plasmado» en su dictamen que la nueva figura «carece de justificación, pues su ámbito competencial se prevé respecto de modalidades delictivas ya contempladas» en el propio Estatuto de la Institución (EOMF) y para asuntos que «competirán» innecesariamente con las funciones propias de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Una escenario que, además, supondrá que «será en cada caso el fiscal General del Estado quien valorará si existe o no la 'especial trascendencia' que justifique la intervención de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada o del nuevo Fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública» sabiendo, además, que los titulares de sendas especialidades podrán tener ascendencia en los criterios institucionales que determinen el futuro procesal del propio García Ortiz ante el Supremo, donde está imputado por un presunto delito de revelación de secretos.

Pese a ello, el máximo titular del Ministerio Público rechazó abstenerse de la designación de los aspirantes al puesto que, como adelantó El Debate, recayó en el caso más sangrante de ambos en el fiscal Emilio Sánchez Ulled, con el voto en contra de siete de los doce miembros del Consejo.