El PP exige que el 'tres' de Montero explique en el Congreso por qué cobra de empresarios a los que anula sanciones de Hacienda

El PP exige que José Antonio Marco Sanjuán, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), el máximo órgano que resuelve en vía administrativa los litigios entre contribuyentes y la Agencia Tributaria, de explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre los cobros que ha percibido de empresarios cuyas sanciones fiscales fueron anuladas gracias a resoluciones dictadas por órganos que él ha presidido. Este alto cargo, que depende directamente de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, utilizó una sociedad instrumental sin empleados ni actividad para facturar esos pagos, en su mayoría posteriores a fallos favorables emitidos desde el tribunal regional de Castilla y León, que presidió con anterioridad.

Según varios juristas consultados por El Debate, los hechos podrían encajar en un delito de cohecho, al tratarse de pagos de empresarios a un alto cargo que les ha exonerado de sanciones, muchas de ellas millonarias. La mecánica, tal y como se desprende de los reportajes de investigación que ha publicado El Debate, se repite en varios casos documentados, y consiste en que tras dar la razón a la empresa en un pleito tributario, Marco Sanjuán, directamente o a través de sus socios, factura cantidades económicas a los empresarios beneficiados. En respuesta a estas revelaciones, el PP ha registrado una triple ofensiva parlamentaria en el Congreso. La primera y más contundente es la solicitud de comparecencia del propio Marco Sanjuán ante la Comisión de Hacienda para que aclare por qué ha cobrado de empresas a las que previamente resolvió sanciones en a su favor.

«Comparecencia del presidente del Tribunal Económico Administrativo Central ante la Comisión de Hacienda para que explique los supuestos cobros por parte de sociedades vinculadas a su persona a empresarios sancionados por la Agencia Tributaria y beneficiados posteriormente por resoluciones estimatorias», recoge literalmente el texto registrado. Además, el Grupo Popular ha presentado una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno que deberá responder por escrito la ministra Montero. El foco de estos interrogantes se centra en si el Ejecutivo tenía conocimiento de esta operativa, si es compatible con el cargo público que ostenta Marco Sanjuán, y si tiene previsto cesarlo. Algunas de las preguntas formuladas son las siguientes: «¿Tiene conocimiento el Gobierno de que el presidente del TEAC ha cobrado, directa o indirectamente, a través de sociedades sin empleados ni actividad, de empresarios a los que previamente se les han estimado reclamaciones económicas?», «¿Va a investigar el Gobierno si se han producido irregularidades por parte del presidente del TEAC?», «¿Tiene previsto el Gobierno cesar al actual presidente del Tribunal Económico Administrativo Central?», «¿Considera el Gobierno que estas informaciones dañan la credibilidad e imparcialidad de un órgano clave en la resolución de conflictos tributarios?».

El Debate ha publicado, por ejemplo, que tras anular una sanción de 64.000 euros impuesta por el Departamento de Aduanas a la empresa Discomtes Valladolid SL, Marco Sanjuán facturó a esa compañía 4.780 euros a través de Investment Betancunia SL, de su propiedad. Otro caso es el de Refinería Olmedo SA, dependiente de la azucarera Acor, a la que Hacienda reclamó 1,2 millones de euros. Tras resolver el recurso de la empresa a su favor, Marco Sanjuán cobró 24.200 euros, pero esta vez a través de sus dos socios: Enrique Lahuerta Tornos y Gonzalo Perdrix Ecequiel, que facturaron a la azucarera desde sus mercantiles y, a su vez, fueron facturados por Marco Sanjuán por ese mismo importe. Este periódico también ha desvelado varios correos electrónicos que acreditan que el 'tres' de Montero supervisaba los recursos de las empresas antes de que fueran presentados de manera oficial y de que fueran resueltos por él mismo.

En paralelo, el PP ha registrado una segunda batería de preguntas parlamentarias centradas en la actividad fiscal de la sociedad Investment Betancunia SL, utilizada por Marco Sanjuán para canalizar algunos de estos ingresos. Tal y como ha publicado El Debate, esta sociedad no tiene trabajadores, no desarrolla ninguna actividad económica y lleva años sin tributar por el Impuesto sobre Sociedades gracias a la compensación de bases imponibles negativas. No figura, además, que haya sido objeto de inspección fiscal por parte de la Agencia Tributaria. Varias de las preguntas planteadas en este segundo bloque son: «¿Consta a la Agencia Tributaria si la sociedad Investment Betancunia SL, vinculada al presidente del TEAC, tiene actividad económica real?», «¿Ha sido objeto esta sociedad de alguna inspección tributaria o actuación de control por parte de la AEAT?», «¿Considera el Gobierno oportuno mantener en el cargo a quien ha cobrado de empresas a las que ha exonerado previamente de sanciones tributarias?».

Con estas tres iniciativas, el PP busca esclarecer si Marco Sanjuán ha utilizado su cargo para obtener beneficios personales mediante resoluciones favorables y si el Ministerio de Hacienda era consciente de los vínculos entre el presidente del TEAC y de los tribunales regionales que ha presidido en el pasado y los empresarios beneficiados. También se plantea abiertamente si el Gobierno tiene intención de investigarlo o promover su destitución. Por el momento, ni la ministra Montero ni el propio Marco Sanjuán han dado explicaciones. Las respuestas del Gobierno a las preguntas escritas deberán remitirse por vía oficial en los próximos días y el presidente del TEAC se verá obligado a dar explicaciones en sede parlamentaria por los cobros desvelados por este periódico.