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Ana Martín
Ana Martín

El Gobierno normaliza la mentira cada martes en la Moncloa con total impunidad

La ha convertido en un recurso político más, como también ha convertido la sede de la Presidencia en el punto neurálgico desde el que reparte su mercancía averiada semanalmente

Félix Bolaños y Pilar Alegría, en la sala de prensa del Consejo de Ministros

Los ministros Félix Bolaños y Pilar Alegría, un martes de rueda de prensa en la MoncloaEuropa Press

El diccionario de la Real Academia Española recoge hasta 35 sinónimos de la palabra mentira, incluidos varios utilizados en Hispanoamérica: embuste, engaño, invención, falsedad, patraña, infundio, falacia, calumnia, ficción, enredo, falsificación, novela, cuento, trola, bola, engañifa, mendacidad, volandera, bernardina, guayaba, macana, papa, boleto, camote, chiva, mula, pajas, paquete, abulencia, aguaje, copucha, globo, guashpira, guayola y jetonada. Y todos ellos domina este Gobierno, que ha normalizado la mentira como un recurso político más. Y con total impunidad. Los que presumían de traer la honestidad por bandera y las manos limpias de corrupción. Los que presentaron un Plan de Acción por la Democracia para luchar —decían— contra los bulos y la desinformación de los pseudomedios y la máquina del fango. Plan que, por otra parte, amenaza ruina, porque como contó este periódico algunas de sus medidas no han arrancado y otras se han chocado con la realidad de unos socios discontinuos.

El espectáculo protagonizado el martes por la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, persistiendo en el bulo de la bomba lapa aun 72 horas de que quedara desmontado, fue una sorpresa para… nadie. Porque el Ejecutivo lleva toda la legislatura haciendo precisamente eso: ha convertido la Moncloa en el punto neurálgico desde el que, muchos martes, el presidente y los ministros reparten su mercancía averiada; en el kilómetro cero de la «bulocracia», como la llama la periodista de El Debate María Jamardo.

El terrorismo «light» de la amnistía

23 de enero de 2024. Las idas, venidas y falsedades propagadas por el Ejecutivo durante la negociación de la ley de amnistía darían, por sí mismas, para varios artículos. Pero quedémonos con la de ese día. Socialistas e independentistas pactaron varias enmiendas al proyecto de ley en la Comisión de Justicia del Congreso y crearon el concepto de terrorismo light para que los CDR y los encausados en Tsunami Democràtic también fueran amnistiados. A pesar de que habían asegurado que los delitos de terrorismo no serían amnistiables.

Félix Bolaños lo justificó así: «Se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la Ley de Amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos, tal y como dice la directiva europea y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Es decir, dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la Ley de Amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos».

El Gobierno reniega de Bildu de pronto

14 de abril de 2024. Después de dos legislaturas de pactos con Bildu, de entregar a los de Arnaldo Otegi la Alcaldía de Pamplona y de adaptar a su gusto la Ley de Memoria Democrática, Alegría de ponto renegó del socio más fiable de Pedro Sánchez. Los socialistas estaban en campaña para las elecciones vascas y el candidato de Bildu se había negado a calificar a ETA como una banda terrorista. De ahí la sobreactuación de la portavoz del Ejecutivo.

Arnaldo Otegi y, a su lado, el que fue candidato de Bildu, Pello OtxandianoEFE

«En este país todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista, y no reconocerlo así no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas hacia la sociedad española, a la sociedad vasca y desde luego, demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia, que fue quien derrotó al terrorismo de ETA», proclamó.

El «cupo turolense»

3 de septiembre de 2024. Después de que Sánchez prometiera a ERC una especie de cupo catalán a cambio de la investidura de Salvador Illa, Alegría estableció una comparación excéntrica y tramposa desde la Moncloa: «Una de las primeras singularidades fiscales que se reconocieron fueron las ayudas que se trasladaron a las provincias de Cuenca, Teruel y Soria».

Interpretando a la Audiencia de Madrid

8 de octubre de 2024. Aquel martes el Gobierno hizo doblete. Mintió y tergiversó una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que avalaba prácticamente toda la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en el caso Begoña y que negaba que éste estuviera haciendo una investigación prospectiva. Pero Alegría lo contó justo al revés: «La Audiencia señala que hay una investigación prospectiva genérica e imprecisa y le afea que esto sea así. Además, por segunda vez acota al juez Peinado al mínimo el ámbito de actuación», aseguró.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en un acto del PSOEEP

También trató de engañar a los periodistas sobre la llamada ley Txapote, una enmienda que permitía a algunos de los etarras más sanguinarios descontarse penas cumplidas en cárceles extranjeras. Sostuvo que el Consejo de Estado había avalado «por unanimidad» esa ley cuando, en realidad, el órgano consultivo elaboró su dictamen antes de que los socialistas y sus socios colaran esa enmienda en el texto a traición, una vez en el trámite parlamentario.

El decreto que no iba a trocearse

28 de enero de 2025. Después de que el presidente hubiera garantizado que no trocearía el decreto de revalorización de las pensiones y ayudas al transporte que le tumbó Junts, él mismo compareció en la Moncloa para anunciar uno nuevo, fruto de un acuerdo con los de Carles Puigdemont y… troceado, reducido a 29 de las 80 medidas iniciales. Pero, aun así, Sánchez sostuvo que su Ejecutivo no había troceado nada y que contenía «la práctica totalidad de las medidas del escudo social».

Llámelo delegación, no cesión

4 de marzo de 2025. La misma Pilar Alegría que, en enero de un año antes, invocó el artículo 149 de la Constitución para proclamar que las fronteras y la inmigración son «competencias exclusivas del Estado», recitó ese martes el artículo inmediatamente posterior. Con idéntica convicción y desenvoltura, para justificar una cesión más a Junts. El truco fue llamarlo «delegación de competencias» en lugar de «cesión». «Nace de la Constitución y se aplica con la Constitución en la mano», afirmó allí mismo la ministra de Migraciones, Elma Saiz.

Otra libre versión de la Constitución

25 de marzo de 2025. En esa misma sala de prensa, Bolaños hizo una interpretación torticera de la Constitución para negar que el Gobierno estuviera incumpliéndola por no llevar unos Presupuestos al Congreso. El ministro de Justicia -entre otras cosas- afirmó textualmente: «La Constitución también regula qué sucede cuando no hay unos presupuestos aprobados para ese ejercicio. Y se regula expresamente cómo ha de llevarse a cabo la prórroga de los Presupuestos del ejercicio anterior, que es lo que está sucediendo (…). La Constitución lo regula con total normalidad». La Carta Magna sí contempla la prórroga presupuestaria, pero en los supuestos en los que el Ejecutivo se retrase en la aprobación de los nuevos. No cuando directamente se niega a aprobarlos en Consejo de Ministros y mandarlos a las Cortes.

Los whatsapps que iban a denunciar

13 de mayo de 2025. A propósito de los whatsapps entre Sánchez y José Luis Ábalos filtrados a El Mundo, Bolaños exigió a los jueces que abrieran una investigación de oficio o el Gobierno «desde luego» iniciaría «las acciones legales pertinentes». El martes siguiente, Alegría reiteró que si la Justicia no movía pieza lo harían ellos. Falso: el Ejecutivo nunca tuvo intención real de denunciar porque desde el principio sospechó que Ábalos estaba detrás, y así lo confirmó este último el 14 de mayo.

Moncloa y Matrix empiezan las dos por eme.