El Gobierno convierte el procesamiento del fiscal general de Sánchez en 'casus belli' contra el Supremo

El procesamiento del fiscal general del Estado por primera vez en democracia provocó este lunes la airada reacción del Gobierno y ha elevado a cotas máximas la tensión entre el poder ejecutivo y el judicial. Especialmente, entre el Gobierno y el Tribunal Supremo, en mitad de una legislatura marcada por la desautorización que supuso la ley de amnistía a la sentencia del TS sobre los cabecillas del procés.

El mayor grito de socorro y de protesta contra la injerencia del sanchismo en la Judicatura lo ha lanzado quien fuera el presidente de la sala que juzgó a los sediciosos, Manuel Marchena, en el libro que acaba de publicar: La Justicia amenazada. El Supremo se opuso primero a la amnistía y, desde su aprobación en las Cortes, se ha negado repetidamente a concedérsela a Carles Puigdemont por la malversación. Además, el alto tribunal tiene planteada una cuestión de inconstitucional en el Constitucional de Cándido Conde-Pumpido contra esta norma. Todo ello, a su vez, está complicando mucho la vida a Pedro Sánchez con Junts. He ahí la cuestión.

El Gobierno convirtió ayer en casus belli contra el Supremo el procesamiento (la última palabra la tiene la Sala Segunda del TS, pero se da por hecho) del fiscal general de Pedro Sánchez, que para los socialistas es uno de los suyos. Porque, en teoría, el Ministerio Fiscal es un órgano con «autonomía funcional»; pero, en la práctica, el presidente ya dejó bien claro de quien depende en una entrevista en RNE en la campaña de las elecciones de noviembre de 2019.

En la Moncloa cayó especialmente mal el párrafo en el que el instructor, Ángel Hurtado, sitúa a la Presidencia del Gobierno en la operación política presuntamente montada contra Isabel Díaz Ayuso, mediante la revelación de un correo privado entre el abogado de su novio y el fiscal del caso de éste. «A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo…», escribió el juez, que ya en enero había apuntado por primera vez en dirección al cuartel general de Sánchez de la madrileña avenida Puerta de Hierro.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, negó rotundamente la implicación del Ejecutivo y del propio fiscal en el presunto delito de revelación de secretos y se abstuvo de hacer cualquier comentario sobre el instructor y el Supremo delante de las cámaras. Pero ya estaba el ministro Óscar Puente para decir lo que los socialistas piensan: que éste es un caso de lawfare contra el Gobierno. Igual que el del hermano de Sánchez, quien también va camino del banquillo de los acusados; y que el de su mujer, en fase de instrucción hasta octubre, de momento. El ministro de Transportes llegó a referirse a los jueces como «la oposición real de este país».

El Ejecutivo nombra al fiscal general del Estado, pero no puede cesarlo. Y en este caso, tampoco quiere. El Gobierno está decidido a mantener su confianza en García Ortiz —lo que, a su vez, le garantiza su silencio— hasta el final. Aun a costa de arrastrar el prestigio de la Fiscalía General del Estado; un órgano clave para el Estado de derecho, cuya misión tiene es «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley». No quebrantarla para perjudicar a una enemiga de Sánchez, que es de lo que está acusado García Ortiz.

La reforma judicial de Bolaños

Pero hará más el Ejecutivo. Hará de la necesidad virtud, parafraseando al presidente. Utilizará el procesamiento del fiscal general como coartada para acelerar la reforma de la Justicia que tiene en marcha y como argumento para convencer a sus socios de la necesidad de meter mano a la Judicatura.

Cabe recordar que, este miércoles, tres asociaciones de jueces y dos de fiscales (todas menos las llamadas progresistas) han convocado un paro de diez minutos para expresar su rechazo a los dos proyectos de ley que se trae entre manos Bolaños. El primero es una reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal que el Consejo de Ministros aprobó en mayo y envió al Congreso para iniciar su trámite parlamentario.

El segundo es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para quitar la instrucción de las causas penales a los jueces y entregársela a los fiscales. Si hasta ahora estos últimos dependían jerárquicamente de un imputado, ahora lo harán de un procesado. El ministro espera elevar la reforma de la Lecrim al Consejo de Ministros en junio, ya en segunda vuelta. Es decir, que inmediatamente después será enviada a la Cámara Baja.

Como viene contando El Debate, el ministro pretende adosar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a la nueva Lecrim; incluir la primera como una mera disposición adicional de la segunda, para tramitar dos por el precio de una en el Parlamento. El nuevo Estatuto no incluirá la imputación ni el procesamiento como motivo de cese del fiscal general, a pesar del precedente que sienta el caso de García Ortiz. Pero sí ampliará el mandato del fiscal general de cuatro a cinco años, pensando ya en el próximo García Ortiz (al actual no le afectará porque la reforma entraría en vigor en enero de 2028, cuando teóricamente expira el mandato de éste). La jugada del Gobierno que se malician los fiscales es que pretenda promover a un nuevo fiscal general del Estado en los estertores de la legislatura para que el siguiente Ejecutivo tenga que mantenerlo. Puesto que estaría blindado.