La Abogacía del Estado defiende a García Ortiz tras la «investigación incriminatoria» e «invasiva» del Supremo

«A lo largo de estos meses se ha procedido a una actividad intensa de investigación incriminatoria respecto de mi representado en la búsqueda de la verdad de lo acaecido. Ha formado parte de ella la práctica de diligencias variadas, de claro carácter invasivo, como dos entradas y registros de los dispositivos y comunicaciones de una autoridad titular de un órgano constitucional y de una subordinada; la elaboración de una pericial, varias veces ampliada; la emisión, ante lo infructuoso materialmente de lo anterior, de comisiones rogatorias distintas que pretendía obtener lo que se suponía existía y no se hallaba, todo ello en el empeño de la investigación de un delito que parece se ha ido decantando hacia la filtración de una información por parte de autoridad pública«, recogido en el artículo 417 del Código Penal, «que habría de afectar al querellante, de quien difícilmente puede ya calificarse de simple particular», sostiene la Abogacía del Estado en un escrito, de 42 páginas, registrado unas horas antes del procesamiento del fiscal general del Estado.

Los letrados públicos que ejercen la defensa de Álvaro García Ortiz, desde el comienzo de las pesquisas iniciadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para determinar su presunta «máxima responsabilidad» en la filtración de datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso, preparan un recurso contra el auto dictado por el juez Ángel Hurtado decretando el procesamiento del fiscal general del Estado, el primero de la historia de nuestra democracia.

Y, así las cosas, resulta muy significativo analizar el contenido del último escrito registrado, antes de que se notificase la decisión del magistrado instructor, en el que se solicitaba el archivo del procedimiento contra García Ortiz del que predican su «inocencia»: «desde octubre» del pasado año, 2024, se «ha obtenido un conjunto de material probatorio de descargo» para García Ortiz, «ante el que palidece irremisiblemente el escaso acopio incriminatorio obtenido, dado el esfuerzo realizado».

En dicho documento, al que ha tenido acceso El Debate, los letrados públicos hablan del «escaso bagaje» sobre el que, a su juicio, se ha ido dirigiendo la carga indiciaria que ha dejado , finalmente, a García Ortiz al borde del banquillo.

No en vano, frente al resultado de las actuaciones, la Abogacía contrapone «el testimonio de muchos periodistas, de distintos medios de comunicación en actividad que no puede ser concertada, y que resulta especialmente creíble», como muestra de que las «noticias y revelaciones públicas sobre el asunto» del novio de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, «en general» y «sobre las negociaciones de conformidad controvertidas» entre su abogado «y el entonces fiscal encargado del caso, en particular» fueron anteriores a la entrada en escena del fiscal general cuyo «conocimiento de todo ello fue, necesariamente, posterior».

«En contra de ese bagaje, ciertas inexactitudes cuando no falsedades del querellante o su abogado a través de la querella que inició esta causa, constituyen un elenco probatorio que nos lleva a una tesis, no ya de duda entre alternativas sino de afirmación de la siguiente realidad: a lo largo del 12 de marzo de 2024 se desveló, también por fuentes del entorno de la defensa y en respuesta a la publicación de la existencia de una denuncia por delito fiscal ,entre otras cosas, que había negociaciones de conformidad entre el ahora querellante y la Fiscalía», reza la tesis de la Abogacía del Estado.

«Omisión deliberada» de hechos

De hecho, para los abogados públicos que ejercen la representación letrada de García Ortiz «las diligencias de instrucción practicadas permiten concluir que en el escrito de querella que dio origen al presente procedimiento se han omitido deliberadamente datos relevantes que implicarían que los hechos investigados no son con constitutivos de delito».

O, lo que es lo mismo, la Abogacía acusa al querellante de haber participado en «la divulgación» de las informaciones reservadas sobre su causa tributaria, antes de que fuesen filtradas, «a personas del entorno político de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con quién mantiene una relación sentimental». Unos datos que «fueron empleados en una campaña política por ese entorno en los días previos al 13 de marzo y, fundamentalmente, en la tarde del propio día 13 de marzo».

«Esta comisión solo se explica para generar una percepción sesgada de los hechos y predisponiendo la causa contra mi representado, el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado», incide el escrito en el que se instó, sin éxito el sobreseimiento libre del proceso abierto contra García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Para los abogados del fiscal general, en definitiva, «se omite o se silencia que el querellante era una persona con notoriedad pública», en contra del carácter de «ciudadano particular» y , por tanto, anónimo, que le otorga en varias ocasiones el juez Hurtado a lo largo de su auto de transformación de las fase preliminar en un procedimiento abreviado. González Amador es «una persona con notoriedad pública, derivada de su relación sentimental con una conocida política, presidenta de una comunidad autónoma», insisten los letrados de la defensa del fiscal. Un personaje que, además, habría «silenciado su intervención en la previa divulgación de estas informaciones», aseguran.