García Ortiz se sentará en el banquillo por seguir «indicaciones» de Moncloa para «ganar el relato» al novio de Ayuso

Casi un año después de que la Justicia arrancase con las investigaciones sobre la Fiscalía, para depurar responsabilidades penales en la filtración de los datos confidenciales de un «ciudadano particular», por ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el instructor de la causa del Supremo, el magistrado Ángel Hurtado, ha decidido enviar al banquillo a su titular, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.

De acuerdo con el auto dictado por el juez del Alto Tribunal, «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno» y con «la finalidad de ganar el relato» de una información publicada sobre el empresario Alberto González Amador –en la que se sugería que la Fiscalía le había ofrecido un pacto para cerrar, de mutuo acuerdo, la investigación que le salpica, por dos supuestos delitos tributarios– el máximo responsable del Ministerio Público puso en marcha a la Institución para «preparar una respuesta».

Es decir, presuntamente, se fraguó una operación de Estado contra una adversaria política, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid, utilizando para ello como excusa la situación procesal de una persona anónima con la que mantiene una relación sentimental, utilizando para ello instituciones públicas, como la Fiscalía y La Moncloa.

Hasta tal punto fue así que, el polémico mail de 2 de febrero que el abogado de González Amador remitió al fiscal Julián Salto, inicialmente encargado de la denuncia penal presentada contra el empresario, explorando la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad, tuvo «salida desde la Fiscalía General del Estado (FGE) [una vez estuvo en poder de García Ortiz, la noche del 13 de marzo de 2024, tras recibirlo de la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, quien se lo remitió a su mail personal] y destino hasta Presidencia del Gobierno» desde donde «circuló» a varios medios afines, como mínimo, a la cadena Ser y el digital elplural.com que se encargaron de difundir su contenido.

No en vano, «llegado a Presidencia del Gobierno», un pantallazo de ese correo «se puso a disposición del testigo Juan Lobato», entonces portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, «al objeto de que hiciera uso de él, con una clara finalidad política, en la intervención que tendría la mañana del día 14 (de marzo) en el Pleno» parlamentario autonómico de aquella fecha, recogía el magistrado Hurtado en su auto de imputación de García Ortiz como, ahora, con su procesamiento ha quedado, de nuevo, indiciariamente acreditado.

«Desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo de 2 de febrero de 2024, [inicialmente publicado por la cadena Ser], se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete del Secretario de Estado, director del Gabinete del Presidente del Gobierno, quien hizo uso de él» para rebotarlo a Lobato y que éste, a su vez, lo exhibiese.

Tal fue así que el propio Lobato quien «en una primera transmisión que recibe de él, plantea sus dudas de que se hubiera publicado en algún medio, hasta el punto que pide que se le confirme este extremo, pues, como diría en un Whatsapp [intercambiado con Sánchez Acera]: 'Si no parece q me la ha dado la Fiscalía'. «Pilar quiere q yo saque el mail de Fiscalía. Q no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser», reconocía.

Así las cosas y pese a los intentos de García Ortiz por «obstaculizar» una «ágil investigación judicial», con el «borrado deliberado» y masivo de la información contenida en su terminal telefónico, de la noche de autos y los días previos, el Supremo ha recopilado rastros suficientes para proponer que tanto a él como a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, sean encausados por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Díaz Ayuso.

De hecho, la actitud de García Ortiz, impropia de un fiscal general del Estado, llamado a la defensa de la legalidad que, presuntamente, vulneró, ha quedado retratada durante las pesquisas judiciales y las diligencias practicadas en la fase de instrucción finalizada con el auto de transformación de la causa, en un procedimiento abreviado. El juez Hurtado ha puesto de relieve «que el investigado, a diferencia de la investigada [Pilar Roddríguez] ha hecho desaparecer de sus dispositivos móviles cuanta información pudiera haber en ellos».

Una muestra más de que los mismos podrían haber sido «relevantes» para acreditar la maniobra al alimón entre la Fiscalía y La Moncloa contra la pareja de la presidenta de Madrid, para desacreditarla; y, en consecuencia, perjudiciales o incriminatorios para García Ortiz quien, consciente de ello, habría intervenido para dificultar el acceso del Supremo. El propio juez Hurtado no ha pasado este indicio por alto, como lo han repetido constantemente las acusaciones personadas en el proceso, porque lo más lógico es pensar que, si nada hay irregular, nadie borra las pruebas de su inocencia.