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Imagen de recurso de unas togasEFE

Crisis institucional

Jueces y fiscales de toda España protestan contra la reforma del Gobierno para «politizar» al Poder Judicial

Con el respaldo del Tribunal Supremo que se ha sumado a las críticas por el riesgo que supone la modificación normativa prevista en la 'Ley Bolaños' para la separación de poderes y el Estado de Derecho

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las de corte izquierdista más afines al Gobierno, han convocado, este miércoles a las 12.00 horas, un paro de diez minutos a las puertas de todas las sedes judiciales de nuestro país. Una protesta coordinada y unánime con la que los profesionales de la Magistratura y del Ministerio Público quieren protestar, públicamente, contra dos proyectos legislativos puestos en marcha por el Gobierno, en contra de las necesidades reales del sistema, con el que se pretenden «politizar» y «debilitar» las bases del Poder Judicial para poder controlarlo.

Cabe recordar que el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez aspira a dinamitar el sistema objetivo de libre oposición para ingresar en sendas Carreras, a través de una prueba subjetiva que no mide el «mérito y la capacidad» de los aspirantes, que sólo tendrán que cumplir el requisito de ser graduados en Derecho y haber trabajado, sin más detalle, durante cinco años. «Pretenden hacer las pruebas más fáciles, eliminando un examen oral de la mitad del temario y monopolizando desde el Ministerio de Justicia la preparación del mismo», denuncian jueces y fiscales.

Y ello porque «la independencia de los profesionales de la Justicia está cimentada en el esfuerzo personal. Nadie deba nada a nadie», advierten. Sin embargo, colando en el sistema a casi mil jueces y fiscales sustitutos, «no sólo se altera la igualdad de oportunidades» que consagra la Constitución Española sino que, además, se está abriendo la puerta a premiar a los profesionales por «razones ideológicas».

Tras esta primera maniobra, el plan del Gobierno pasa por entregar a la Fiscalía, cuya «cúpula está comprometida» por un máximo responsable penalmente encausado, que sigue en su cargo, la instrucción de las causas penales. Una dirección de la investigación que, de esta forma, «quedará en manos de un Ministerio Público cada vez más dependiente del Ejecutivo de turno», alertan los jueces y fiscales.

Así las cosas, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), en unidad de acción, anunciaban la celebración de esta primera manifestación, tras varias semanas de comunicados y reuniones infructuosas con el secretario de Estado de Justicia, el número dos del Ministro Félix Bolaños, para exigir la retirada de sendos proyectos normativos.

Con el apoyo del Tribunal Supremo

Así las cosas, jueces y fiscales saldrán a las puertas de las sedes judiciales 24 horas después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se haya pronunciado en un acuerdo, aprobado por unanimidad, en el que se suma a la «extendida inquietud» por la reforma del acceso a la carrera judicial, defendiendo el actual modelo al considerar que «garantiza la objetividad y la transparencia en la acreditación de la idoneidad y suficiencia profesional».

Las asociaciones reclaman «la retirada» del proyecto legislativo, la denominada 'Ley Bolaños' que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal porque creen que recoge «medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial», que no responde a «una verdadera demanda social» y que no contribuye a «solucionar los verdaderos problemas de la Justicia».

También solicitan «la retirada» del anteproyecto de ley que reforma que pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para adaptar la Fiscalía al nuevo modelo procesal que dejará en manos de los fiscales las investigaciones penales que hasta ahora dirigen los jueces. Un retoque en el que, sin embargo, no está previsto, en modo alguno, la obligatoria dimisión o cese de un fiscal general imputado por corrupción, por ejemplo.

«Concluimos que el mismo supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora», manifestaron en el comunicado de 23 de mayo en el que anunciaron la convocatoria del paro.

En este sentido, insistieron en que era necesario retirar el texto para «comenzar a construir un Estatuto que dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la Institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal».

Decepción con el Ministerio

Tras la convocatoria, las firmantes enviaron al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes los informes que redactaron sobre ambas reformas y llegaron a reunirse el pasado día 4 con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y con las asociaciones progresistas que no se han sumado a la iniciativa para abordar los cambios y renuncias necesarias para evitar los paros y protestas contra los mencionados proyectos de ley.

Sin embargo, todas las entidades confirmaron su «decepción» al término de un encuentro en el que el número dos del Departamento de Félix Bolaños les trasladó «de forma tajante» que el Gobierno no se plantea, en modo alguno, retirar la reforma al acceso de las carreras judicial y fiscal, tal y como las tiene previstas.

Con todo, las entidades se comprometieron a «acudir a todas las convocatorias del Ministerio que tengan por objeto avanzar en un verdadero estatuto profesional de jueces y fiscales». «Pero quede claro que no vamos a contribuir a aparentar que se nos escucha cuando en realidad no es así», avisaron.

No obstante, jueces y fiscales y el Ministerio afrontaron el encuentro con una calma tensa, a las puertas de paro que tendrá lugar esta mañana y con las duras críticas que las cinco asociaciones pusieron sobre la mesa. Algunas de ellas, incluso, en forma de decálogo para desmontar los «bulos» vertidos desde el Gobierno contra las valoraciones efectuadas por los representantes de la Magistratura y de la Fiscalía al hilo de los textos normativos en marcha.

Desde las entidades afearon a Bolaños que no se ajuste al rigor de los hechos y que frente a la verdad y a un necesario debate en profundidad para asumir los cambios necesarios, la reacción haya sido atacar a los profesionales del sector jurídico. «En caso de seguir adelante el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos tal y como está proyectado», las asociaciones mayoritarias se han comprometido a «impugnar judicialmente» sendos proyectos.

Votación para la huelga indefinida

Al margen de la convocatoria de estas asociaciones, unos mil doscientos jueces y fiscales, de una plataforma independiente, espontáneamente creada para la ocasión, han impulsado con sus adhesiones en las primeras 48 horas de la iniciativa, una huelga contra las mismas reformas en un manifiesto difundido, a comienzos de esta misma semana, en la cuenta de 'X' (antes Twitter) @Huelga2025.

El movimiento, en esencia conformado por jueces y magistrados de todas las promociones, nacía a través de un movimiento iniciado en dos grupos de Whatsapp, entre profesionales no afiliados a ninguna otra asociación, que, finalmente, ha cristalizado en la Unión de Jueces y Fiscales.

Según han informado esta semana en un comunicado, el Comité de dicha Unión ha animado a «secundar el parón» y ha reiterado su apoyo a las asociaciones, al mismo tiempo que han avanzado que a las 17.00 horas de esta tarde, decidirán el formato y duración de la huelga en ciernes.