El novio de Ayuso y los fiscales piden hasta seis años de cárcel para García Ortiz por prevaricación y revelación de secretos

Seis años de cárcel y otros doce de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como autor de un presunto delito de prevaricación, en concurso con otro de revelación de secretos del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado al Supremo sendas penas para el titular del Ministerio Público, en un durísimo escrito de acusación al que ha tenido acceso El Debate.

«La Fiscalía tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley» y «su actuar debe ajustarse a los principios de legalidad e imparcialidad», arranca el texto. «Haciendo caso omiso de lo anterior, D. Álvaro García Ortiz y Dña. María Pilar Rodríguez Fernández [la fiscal provincial que se encuentra coprocesada en la causa] se prevalieron de su condición de fiscales de máxima autoridad para perseguir objetivos puramente privados y políticos», continúa el documento.

«En concreto, utilizaron los mecanismos que tenían a su disposición para conseguir irregularmente y revelar ilícitamente datos confidenciales de un particular anónimo con la única meta de 'ganar un relato'». «Es evidente que un actuar semejante ha degradado de forma absoluta la percepción social de la Fiscalía como organismo constitucional», apunta el documento registrado por los letrados de la entidad profesional, los abogados Juan Antonio Frago Armada, Verónica Suárez García, Álvaro Bernad Sánchez y Napoleón Cánovas Fernández.

Así las cosas, «la filtración del correo de 2 de febrero de 2024» remitido por el entonces representante jurídico de González Amador (Carlos Neira) al fiscal encargado de la investigación tributaria que pesa sobre él (Julián Salto), «generó una serie de efectos lesivos» para la pareja de la presidenta madrileña que, hasta entonces, era un ciudadano «anónimo».

El comportamiento de García Ortiz, como responsable máximo de la Fiscalía, «afectó notablemente a la reputación de D. Alberto González Amador, ya que, a raíz de la divulgación de dicha información, en determinados medios y ámbitos se le llamó 'defraudador' o 'delincuente confeso', cuando todavía no había recaído ninguna sentencia condenatoria que así lo estableciera. Estas afirmaciones han causado un enorme quebranto a sus relaciones personales y sociales, lo que, a su vez, le ha generado perjuicios de índole económico», sostienen los letrados de la APIF en su razonamiento.

Una actuación del fiscal general que, también, «mermó notablemente los derechos procesales de D. Alberto González Amador. Por causas absolutamente alegales, se le despojó de su derecho a un proceso con todas las garantías. La conformidad que, de forma legítima, pretendía tramitar de un modo confidencial, se hizo pública injustificadamente, con la merma que eso supone para su derecho de defensa».

Y, por todo ello, la APIF se dirige a García Ortiz como único autor de sendos delitos de prevaricación y revelación de secretos mientras que para la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, como cooperadora necesaria de los mismos, insta 4 años de prisión y otros 12 de inhabilitación profesional.

En ambos casos se insta al Supremo para que comunique a la Fiscalía la necesidad de suspender de empleo y sueldo a los dos procesados, de manera inmediata, mientras dura la fase procesal de enjuiciamiento, hasta que se haya dictado sentencia firme. Además, la APIF, personada en la causa como acusación, solicita que en el juicio testifique el ya ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros.

Por su parte, la pareja de la presidenta de Madrid también ha reclamado que se le imponga a García Ortiz una multa de más de 100.00 euros y una indemnización de 300.000 por el daño sufrido desde que se publicó el contenido reservado del correo de su abogado hacia la Fiscalía, origen de todo el procedimiento.

El relato de los «hechos delictivos»

González Amador considera que ambos fiscales, tanto García Ortiz, protagonizaron «hechos delictivos» que le causaron un «continuado e incesante daño »en la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor de imposible restitución«. Por ello, solicita que los dos acusados le »indemnicen los perjuicios morales causados".

Al hilo, sus representantes jurídicos sostienen que García Ortiz y Rodríguez «son responsables civiles directos y subsidiarios»: él como autor del delito de revelación de secretos y ella como cooperadora necesaria de dicho delito, «correspondiendo al primero una cuota de 3/5 y a la segunda una cuota de 2/5» en cuanto al peso de su participación en los hechos.

El escrito de acusación del novio de Ayuso se apoya también en que «García Ortiz posee bajo su disposición por haberse apropiado de él y no haberlo devuelto» el teléfono móvil «que usaba entre los días 7 y 14 de marzo de 2024». Para el abogado que ejerce la acusación contra el fiscal general del Estado, en nombre del empresario, «si no lo ha entregado, pudiendo contener pruebas de su inocencia», es porque «evidentemente» en realidad albergaría «el registro detallado de su actividad delictiva».